Albert Campabadal, presidente del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia
Entrevista con el presidente del CEDDD
Albert Campabadal: «La LOMLOE busca la desaparición de la educación especial y vulnera derechos»
«PP y Vox han mostrado su apoyo a la educación especial, pero ahora falta saber si tendrán valentía suficiente para cambiar esta ley»
La educación especial sale muy mal parada tras la aprobación y posterior entrada en vigor de la LOMLOE.
El Gobierno de Pedro Sánchez dio luz verde a una norma que aboga por ir vaciando las escuelas de educación especial gradualmente con el objetivo de lograr la inclusión de los alumnos que necesitan de ella en la llamada educación ordinaria, algo que puede acabar provocando que el remedio empeore a la enfermedad.
Según denuncian diferentes expertos entrevistados por El Debate, la conocida como 'ley Celaá' vulnera varios derechos, tanto de estos alumnos como de sus familias.
Por ejemplo, CEDD y ANCEE abogan por el derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos, ya que la norma pone en peligro este derecho fundamental recogido en la Constitución Española.
En esta entrevista, es el turno del presidente del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, Albert Campabadal.
–¿En qué situación queda la educación especial tras la entrada en vigor de la LOMLOE?
–Es una ley que busca la desaparición de los colegios de educación especial, además de vulnerar derechos fundamentales.
Quien va a decidir si un menor necesita un tipo de educación u otra será un funcionario de la Administración, no los padres, así que entendemos que la Constitución les da la potestad de escoger la educación que quieran para sus hijos.
Quienes tengan un hijo con discapacidad, deberían poder elegir qué educación le conviene a su hijo, y no tome la decisión un funcionario.
La ONU dice en su Declaración Universal que los padres tienen un derecho preferente a escoger la educación que desean para sus hijos, por lo que con esta ley se vulnera el artículo 27 de la Constitución Española y el artículo 26.3 de la Carta de los Derechos Humanos.
La escuela ordinaria, contra la cual no tenemos nada y la reconocemos como inclusiva, tiene su propia problemática presupuestaria. Lo que nos planteamos es si, entonces, va a poder atender las necesidades específicas del alumno proveniente de la especial con sus recursos actuales. Además, estos niños sufren un alto grado de acoso. Si eso sucedía, los padres antes tenían la opción de ir a la especial, donde el porcentaje de bullying baja muchísimo y el apoyo del profesorado es muy alto. Cerrarlas es una locura apoyada por CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad).
–¿Puede la educación ordinaria absorber a esos miles de alumnos que proceden de la especial?
–Estamos hablando de escuelas, las de educación especial, con una trayectoria de 50 o 60 años en España, y no han sido escuchadas. Lo repito en esta entrevista: no estamos en contra de la educación ordinaria, sino que apoyamos un tipo de educación que lleva funcionando durante décadas.
Respecto a tu pregunta, parece claro que si los miles de alumnos que están en la ordinaria sufren la falta de presupuesto, los problemas se agravarán cuando se integren en ella los 40.000 estudiantes de la especial. Esto no se aguanta, pero no solo por un tema económico.
Los alumnos de la especial van a tener una inserción complicada en la ordinaria, y nos parece un sinsentido y esperemos que si hubiera un cambio de gobierno, esto se rectifique por el bien de los alumnos y sus familias.
–¿Qué partidos han mostrado un claro apoyo a la educación especial?
–PP y Vox nos han mostrado un claro apoyo a la educación especial, pero somos conscientes que CERMI tiene mucha influencia sobre los partidos políticos y no sabemos si tendrían la valentía suficiente para cambiar la ley.
–¿Y por qué tiene tanto interés CERMI en cerrar la especial?
–Argumentan que la educación más inclusiva es la ordinaria, pero nosotros entendemos que la inclusión es aquella que mejor prepara a los alumnos para después de la etapa escolar. El punto de partida fue un dictamen de las Naciones Unidas que concluía que la educación en España no era inclusiva, aunque ya sabemos todos que los dictámenes según quien los haga dan un resultado u otro, como las encuestas.
Poner un alumno con discapacidad entre aquellos que no la tienen no garantiza un tránsito óptimo solo porque estén mezclados. Hay muchos padres y asociaciones que piensan como nosotros.
–¿Qué futuro augura a los docentes y empleados de la especial?
–Estamos hablando de 400 o 500 colegios, con miles de profesores, terapeutas, trabajadores... cuyo futuro es incierto y pesimista. Necesitamos una revolución de las familias afectada por la LOMLOE para que al final sea revertida.
–¿El Gobierno no les ha escuchado mientras se negociaba la ley?
–La Administración está totalmente cerrada, y no es receptiva a otro discurso que no sea ir vaciando los centros de la educación especial. Nuestros intentos han sido los de negociación, pero nos ha sido complicado.
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