El plan de respuesta a la guerra de Irán enfrenta a Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo

El plan de respuesta que el Gobierno prepara para paliar las primeras consecuencias de la guerra de Irán ha provocado nuevas hostilidades entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo, especialmente en lo relativo a la incorporación, o no, de dos medidas: la moratoria de la prohibición de desahuciar a colectivos vulnerables, después de que el Congreso la derogara dos veces en un mes por «favorecer la inquiokupación» -según el PP, Vox y Junts-, y la congelación de los alquileres que van venciendo.

Sobre el papel, Díaz tiene más galones: es vicepresidenta segunda y jefa de Sumar en el Ejecutivo, pero también está de salida -cuando acabe la legislatura-. Él es ministro de Economía, pero con aspiraciones de ser ascendido a vicepresidente económico una vez que María Jesús Montero abandone el Ejecutivo para volcarse en su candidatura en Andalucía, en abril.

Este jueves, ambos participaron en una reunión con los agentes sociales para abordar el impacto económico y laboral de la guerra de Irán, en la sede del Ministerio de Economía. También estuvieron las vicepresidentas Montero y Sara Aagesen, así como la portavoz, Elma Saiz.

Al término estaba previsto que fuese Cuerpo quien compareciera ante la prensa. Ocurrió que, antes del encuentro, Díaz entró en TVE y allí anunció que la coalición estaba trabajando para llevar las primeras decisiones al Consejo de Ministros del próximo martes, cuando hasta entonces la Moncloa había mantenido un silencio sepulcral sobre el calendario. También allí, en la televisión pública, reconoció discrepancias con el PSOE en lo que se refiere a los desahucios y a los alquileres.

Terminada la reunión, el ministro de Economía corrigió a la vicepresidenta segunda y deslizó que el Consejo de Ministros del próximo martes no aprobará un paquete como tal; algo que después ratificaron fuentes de la Moncloa a El Debate. Según las mismas fuentes, el día 17 es demasiado prematuro porque acaban de pedir a los grupos parlamentarios, como también a la patronal y a los sindicatos, que manden propuestas.

Ante ello, lo previsible es que el Ministerio de Trabajo de Díaz acelere su parte y eleve al próximo Consejo de Ministros medidas que son competencia de su departamento en exclusiva. Una de ellas la adelantó ayer la número tres del Gobierno: la prohibición de los despidos por causas energéticas, como ya hizo el Ejecutivo en el pasado.

En su comparecencia de este jueves, Cuerpo también dejó entrever las reticencias del PSOE a incluir la prohibición de los desahucios en este plan de respuesta, puesto que los socialistas consideran que sería abocarlo a una muerte segura en el Congreso. Tampoco están por la congelación de los alquileres, en la que Sumar lleva insistiendo desde octubre con nulo éxito, aunque ahora ha visto la oportunidad de insistir en su necesidad. La apuesta de Cuerpo y de los socialistas pasa, por el contrario, por bonificar a los propietarios el 100 % de la renta en el IRPF si mantienen el precio del alquiler. Una propuesta que sugirieron en enero y fue rechazada de plano por su socio por ser un «regalo de dinero público a los rentistas», afirmó Sumar.

El último de los desencuentros

Este tira y afloja no es el primero que mantienen Díaz y Cuerpo. El más sonado fue el que mantuvieron en enero de 2025 a cuenta de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. La vicepresidenta segunda acusó al ministro de Economía de retrasar su aprobación en el Consejo de Ministros: «Es casi de mala persona», llegó a decir. Economía sostenía que era prematuro llevarlo al Congreso sin tener el voto de Junts, y tenía razón: en septiembre de 2025, el proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral cayó en el primer asalto en el Congreso, el del debate y votación de las enmiendas a la totalidad. El Gobierno da por hecho que no saldrá adelante esta legislatura.

Un mes después, Díaz trató de sacarse la espina anunciando una ampliación del permiso de fallecimiento para la que, de nuevo, no contó con el PSOE. Cuerpo, molesto, replicó que eso había que hablarlo con las empresas. La vicepresidenta segunda ignoró la sugerencia y en diciembre cerró un acuerdo con los sindicatos para elevarlo a diez días. No obstante, el real decreto ley para su implantación aún no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, porque el Gobierno sabe que si lo hace pasará lo de casi siempre: cuando llegue al Congreso para su convalidación, Junts lo tumbará.

También han saltado chispas entre ellos a propósito del endurecimiento del registro horario, una batalla aún no resuelta. La vicepresidenta segunda está decidida a aprobarlo mediante un real decreto -con rango de reglamento- para esquivar el Congreso, con el fin de reducir el tiempo efectivo de trabajo, especialmente a través del control de las horas extraordinarias no remuneradas.

Sin embargo, el ministro de Economía quiere que se haga «equilibradamente y con periodos de adaptación», para que las «mejoras sean sostenibles en el tiempo» y no se traduzcan en «un coste adicional para las empresas», según declaró el mes pasado. Puesto que las pymes deberán adaptar sus sistemas para digitalizar los registros horarios, y permitir a la Inspección de Trabajo el acceso remoto a los datos.

Yolanda Díaz respiró con la salida de la vicepresidenta Nadia Calviño del Gobierno en diciembre de 2023, pero no imaginó que su sucesor se lo pondría igual de difícil. O más.