El juez Pedraz convierte la Audiencia Nacional en el epicentro de la lucha contra la corrupción socialista

El juez Santiago Pedraz ha convertido su Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en el epicentro de la investigación contra la corrupción que salpica al entorno del Gobierno y del Partido Socialista. En los últimos meses, de la mano de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, su instrucción ha puesto al descubierto una presunta organización criminal que, según los sumarios judiciales, usó la propia estructura del PSOE de Ferraz –financiación, instalaciones, personal y logística– para obstaculizar las causas más sensibles que afectaban al Gobierno y al núcleo familiar y político del presidente Pedro Sánchez.

La causa principal que pilota Pedraz –conocida como la trama de las 'cloacas' o el 'caso Leire'– no es una investigación aislada. La trama entrelaza con otras piezas que también instruye Pedraz o que ha asumido, por unidad de acción, como la macro causa de hidrocarburos y el caso SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Todas ellas comparten un denominador entorno a los indicios de que el poder socialista activó resortes tanto institucionales como económicos para «neutralizar» la acción de la Justicia. Incluso, incurriendo en el planteamiento de sobornos con los que obtener información comprometida de los mandos policiales, de los jueces y de los fiscales que rastrean las irregularidades de los suyos.

La organización criminal del PSOE

En mayo de 2026, Pedraz emitió un auto demoledor en el que describía una presunta organización criminal liderada por el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez, apodada 'la fontanera' cuyo objetivo central era actuar de parapeto sistemático contra cualquier procedimiento judicial o policial que pudiera impactar en los intereses del partido o del Ejecutivo.

Sin embargo, de acuerdo a las pesquisas, el «punto de inflexión» de las cloacas se produjo tras el periodo de reflexión que Sánchez se tomó, durante cinco días, en abril de 2024, tras la imputación de su esposa Begoña Gómez. A partir de entonces, la trama –con cargo al PSOE– dispuso de al menos 538.225 euros para sobornos, dádivas y pagos con los que se buscaba financiar, entre otras, varias campañas de desprestigio contra la UCO de la Guardia Civil, a la que llamaban, despectivamente, la «UCO patriótica».

Las entregas de efectivo y las transferencias están documentados en una suerte de ent5regas que, supuestamente, se realizaron a través de sociedades instrumentales y facturas falsas emitidas con la connivencia de la actual gerente de Ferraz, Ana María Fuentes Pacheco quien, por ello, está imputada por falsedad en documento mercantil..

No en vano, ella fue la que autorizó los pagos por valor de hasta 125.000 euros que se asignaron al abogado Jacobo Teijelo, otro de los investigados. De manera que, en total, la estructura del partido habría canalizado fondos propios, de presunta procedencia opaca, para comprar voluntades de fiscales Anticorrupción, tal y como consta en el ofrecimiento de 300.000 euros a uno de ellos, y testigos como la empresaria Carmen Pano, investigada en la trama de hidrocarburos, que ha declarado cómo la abogada de Koldo García Izaguirre, Letizia de la Hoz, trató de ofrecerle una importante suma económica si retiraba sus acusaciones previas sobre la entrega de bolsas de cartón con hasta 90.000 euros en efectivo en la sede de Ferraz. Se trataba de «salvar el culo» a Ábalos y Koldo, según la versión de la mujer.

Por este motivo, la UCO registró la sede de Ferraz y varios de los domicilios y de las oficinas profesionales de varios de los implicados. Hasta el punto de que Pedraz reclamó al PSOE la entrega de correos electrónicos, servidores y libros contables de la formación, desde 2021, hasta la actualidad.

Ahora, la causa continúa en una fase de instrucción avanzada, con doble ramificación y nuevas diligencias en marcha en las que el juez ha ordenado investigar, también, las reuniones de la trama en la Fiscalía General del Estado (FGE), durante la etapa de Álvaro García Ortiz al frente de la institución y ha citado como testigo a la presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Cristina Narbona, el próximo día 10 de julio.

Pedraz ha solicitado asumir, también, la pieza sobre las cloacas que instruía el juez de instrucción de Plaza de Castilla Arturo Zamarriego sobre Leire Díez, al considerar que se trata de los mismos hechos sobre los que él está teniendo conocimiento y que han surgido indicios de «nuevos y más graves delitos» con implicados de mayor relevancia. La Audiencia Nacional decidirá el próximo 24 de julio si el instructor se queda con las actuaciones completas de manera unificada, si bien tanto Cerdán como Díez han recurrido esa acumulación.

SEPI, los rescates millonarios irregulares

Cabe recordar que el juez Pedraz asumió en diciembre de 2025, por reparto, la investigación sobre presuntas irregularidades en la SEPI que salpicaban directamente a Leire Díez, el empresario Antxon Alonso, socio de la mercantil Servinabar, vinculado a Cerdán y el entonces presidente de la entidad, Vicente Fernández Guerrero.

La causa investiga cinco operaciones en las que el grupo autodenominado «Hirurok» habría intermediado para obtener comisiones a cambio de influir en adjudicaciones y rescates públicos por valor de decenas de millones. Destaca el rescate de Tubos Reunidos por más de 112 millones.

En junio de 2026, a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, Pedraz imputó a la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y a otras 24 personas por tráfico de influencias, malversación y prevaricación. La instrucción sigue abierta y se ha convertido en una de las piezas más activas de la macrocausa.

La trama hidrocarburos y el eslabón con el caso Koldo

Pedraz continúa al frente de la investigación del fraude de IVA en hidrocarburos (una macrocausa con indicios de más de 180 millones defraudados). En ella aparecen referencias a entregas de efectivo en la sede del PSOE en Ferraz —hasta 90.000 euros según el testimonio de Carmen Pano y su chófer— y conexiones con figuras ya investigadas en el caso Koldo.

El juez ha remitido diligencias a otras causas (como la que instruye Ismael Moreno en la Audiencia Nacional) y mantiene activa la pieza. Aunque la Audiencia Nacional rechazó en su momento ampliar imputaciones a José Luis Ábalos y Koldo García por solapamiento con el procedimiento del Supremo, los indicios sobre financiación irregular y contactos con el entorno socialista siguen vivos en el sumario.

Lo que distingue la instrucción de Pedraz no es solo la cuantía de los fondos o el número de imputados, sino la utilización de la estructura orgánica de un partido en el Gobierno para, presuntamente, atacar a la UCO, condicionar fiscales y torpedear procedimientos contra sus propios cargos.

Los autos del magistrado hablan de «organización criminal», cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y atentado contra las instituciones del Estado. La investigación sigue abierta, con testificales programadas, análisis de dispositivos intervenidos y una posible acumulación de causas pendiente de resolución judicial.

Mientras tanto, el PSOE mantiene que se trata de una operación de lawfare. Los hechos documentados en los autos de Santiago Pedraz —pagos desde Ferraz, reuniones en sedes oficiales, ofrecimientos económicos a funcionarios— hablan por sí solos de una maquinaria que, lejos de perseguir la corrupción, habría dedicado recursos públicos y partidistas a protegerla.

La instrucción de Pedraz continúa su curso. Y cada nuevo auto añade piezas a un puzle que, de confirmarse los indicios, dibujaría un escenario inédito en la democracia española: el uso del aparato de un partido gobernante para blindarse frente a la Justicia.