Converger con Europa, también en Educación

El próximo 9 de junio los españoles, tal y como hemos hecho desde que España se constituyó en estado miembro de pleno derecho de la Unión Europea, acudiremos a las urnas con el fin de elegir la nueva configuración del parlamento europeo para los próximos cinco años. Muchos han sido los acontecimientos que a lo largo de estos treinta y ocho años de pertenencia a la Unión han permitido que nuestro país haya alcanzado importantes cotas de desarrollo económico y bienestar social. Seguramente el camino no ha sido siempre fácil. Acometer reformas no lo es necesariamente, pero precisamente hoy, cuando España está sometida a una profunda crisis institucional provocada por un gobierno irresponsable dedicado a retorcer hasta el límite nuestro marco constitucional, los españoles miramos más que nunca hacia Europa buscando la seguridad jurídica e institucional que impida el retroceso de nuestra democracia.

El impulsor de esta columna La educación en la encrucijada, Eugenio Nasarre, era un convencido europeísta. No hubo ocasión en que a lo largo de los años no buscase en sus decisiones una mayor convergencia con Europa en lo que era su pasión, la educación. Aunque de conformidad con el principio de subsidiariedad, la responsabilidad principal de las políticas de educación y formación recae en los estados miembros y la Unión Europea desempeña un papel de mero apoyo, no es menos cierto que existen una serie de retos comunes a todos los estados a los que no puede permanecer ajena.

Tampoco es menos cierto que cada vez son mayores las indicaciones provenientes de las instituciones europeas que marcan una serie de objetivos destinados fundamentalmente a lograr un elevado nivel educativo y formativo permanente de calidad y una mayor movilidad de alumnos y profesores. De hecho, tomando como base entre otras La carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que contempla que toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente, tanto el Parlamento Europeo como la Comisión han definido una serie de objetivos encaminados a perfilar un «Espacio Europeo de Educación».

Estos objetivos que concretan en aspectos como un descenso de los alumnos que experimentan un bajo rendimiento en comprensión lectora, matemáticas y ciencias o en una rebaja del abandono educativo temprano que deberá ser inferior al 9 % en el año 2030. Ante estos indicadores, la cuestión que España debe enfrentar es si después de varias décadas de pertenencia a la Unión, es capaz de acometer la transformación que requiere el sistema educativo para dar respuesta a unos objetivos que serán cumplidos por buena parte de los estados miembros.

Es imposible negar que nuestro país parte de una clara situación de desventaja. En relación al abandono educativo temprano, 13,6 % en el año 2023, esta cifra se encuentra muy alejada de ese 5,9 % que marca un país de perfil similar al nuestro como es el caso de Portugal.

Tampoco el nivel de rendimiento de los alumnos españoles invita al optimismo. Tal y como publicaba la pasada semana el profesor Ismael Sanz haciendo referencia al libro «Economía de la educación», el reciente informe PISA 2022 pone en evidencia un descenso del nivel de conocimientos de los alumnos en matemáticas, comprensión lectora y ciencias. No podemos negar que la rebaja de los resultados ha afectado a gran parte de los países europeos, pero también es cierto que España partía de una situación por debajo de la media que ha venido a agudizar la brecha que nos separa de los países más adelantados de Europa.

Lo cierto es que siempre que España ha tenido que mirar hacia Europa en lo que a reformas educativas se refiere, ha desarrollado una clara habilidad para, asumiendo fielmente la teoría, lograr no llevarla a la práctica. Cuando en el año 2007 el sistema universitario español debió adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior, el llamado proceso de Bolonia, optó por el modelo de grados universitarios de cuatro años más uno de master frente a la inmensa mayoría de los países europeos que adoptó el modelo tres más dos. Este escenario ha arrastrado hasta nuestros días una limitación de la capacidad de internacionalización de nuestras universidades a la que hay que sumar las dificultades de admisión de alumnos extranjeros propiciada por la última reforma socialista, la LOMLOE.

Cuando gran parte de nuestros vecinos europeos están transformando sus sistemas educativos fundamentando sus decisiones en evidencias empíricas que perfectamente contrastadas, lo que ha llevado a países de nuestro entorno a mejorar sus resultados de forma espectacular –el caso de Portugal ampliando la enseñanza obligatoria hasta los 18 años es un claro ejemplo–, nuestro sistema educativo permanece anquilosado por las recetas socialistas, nostálgicas del fundamentalismo logsiano del siglo pasado.

Mientras en la Unión Europea se fija como objetivo la transformación digital y la necesaria adquisición de dichas competencias por parte de los alumnos, en España se acaba de abrir el debate sobre el uso que en los centros educativos se hace de las pantallas digitales y si esto es lo más adecuado para los alumnos. Seguramente si nuestro sistema educativo tuviese entre sus principios fundamentales la evaluación y la transparencia y no ese oscurantismo en que el actual gobierno envuelve la educación, las familias tendrían la tranquilidad de saber que la incorporación de las nuevas tecnologías en el aula no está reñida con los libros de texto y el necesario refuerzo de la comprensión lectora que precisan los alumnos.

España enfrenta importantes retos que implican importantes decisiones sin perder de vista lo verdaderamente relevante, las personas.

«No coaligamos Estados, unimos hombres», Jean Monnet. La educación es fundamental para ello.

• Sandra Moneo es presidenta de la comisión de Educación del Congreso de los Diputados