Pedro Sánchez y Diana Morant, en una imagen de archivo
La Comisión de Competencias denuncia en un informe que el Gobierno apruebe por decreto su norma sobre universidades
Por otro lado, se considera inadecuada la introducción de un número mínimo de estudiantes matriculados, ya que «no es determinante de la calidad de la enseñanza ni de la sostenibilidad de un proyecto universitario»
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 11 de septiembre de 2025, ha elaborado un informe en el que se evidencian los aspectos negativos del nuevo decreto de Universidades que el Ejecutivo central que lidera Pedro Sánchez está preparando para poner coto a la creación de universidades privadas en nuestro país.
Según consta en el documento, al que ha accedido El Debate, un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, del 16 de mayo de 2025, expresa que, aunque se comparte con el Gobierno el objetivo de mejorar la calidad del sistema universitario español, «se entiende que los mecanismos dispuestos a tal fin por el Proyecto son restricciones injustificadas y discriminatorias al afectar a la entrada de nuevos agentes, pero no a los incumbentes», señala el texto oficial.
Asimismo, la Comisión Nacional entiende que la regulación debe garantizar la igualdad de condiciones para todos los agentes del sistema universitario y «evitar introducir condicionantes en el acceso a la actividad –informes vinculantes, número mínimo de estudiantes y de plazas de alojamiento para alumnado o la experiencia en gestión universitaria de los promotores del proyecto– que, por su naturaleza, deberían contenerse de forma expresa en una norma con rango de ley».
Esto se traduce en que el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, recogido y valorado por el Consejo de Estado, desaconseja al Gobierno central que la norma que regulará el sistema universitario se apruebe por decreto ley por la naturaleza de sus restricciones, y, por lo tanto, expresa que debería someterse a votación en el Congreso de los Diputados.
Además, sugiere introducir un mecanismo que permita conocer a las partes las deficiencias detectadas en el proyecto universitario privado «de cara a su subsanación, de modo que se evite la restricción de la libertad de empresa sin que quede acreditada la razón imperiosa de interés general que pretende proteger tal limitación».
A renglón seguido, este informe también critica que se incluya en la norma la exigencia de ofrecer los títulos de grado, máster y doctorado en un determinado número y en tres de las cinco ramas del conocimiento, ya que, a su juicio, «limita la autonomía de las universidades y su capacidad de diferenciación y especialización».
Por otro lado, se considera inadecuada la introducción de un número mínimo de estudiantes matriculados, ya que «no es determinante de la calidad de la enseñanza ni de la sostenibilidad de un proyecto universitario». En esta misma línea, el escrito afea que se exija una capacidad mínima de alojamiento, hecho que considera «discriminatorio e injustificado, recomendándose su eliminación o su extensión a todos los agentes del sistema», es decir, tanto a universidades públicas como privadas.