Tres ministerios critican el decreto de universidades del Gobierno: «Podría contravenir libertades»

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el pasado 11 de septiembre de 2025, ha elaborado un informe sobre el nuevo decreto que prepara el Ministerio de Universidades, que rige la socialista Diana Morant, para poner coto a las universidades privadas. El documento, al que ha accedido El Debate, incluye valoraciones sobre diferentes informes con alegaciones al decreto, entre los que constan tres de diferentes ministerios.

En primer lugar, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que lidera Carlos Cuerpo, a pesar de valorar de manera favorable el proyecto, señala que algunas de las novedades que se introducen en el régimen jurídico de las universidades, como el requisito de 4.500 alumnos matriculados, la exigencia de tres ramas del conocimiento, la exigencia de disponer plazas de alojamiento o la experiencia previa en gestión universitaria, son «requisitos que no necesariamente están vinculados con la calidad de la enseñanza o formación impartida».

A renglón seguido, la cartera de Economía añade que existen universidades que pueden considerarse de calidad, pero que no cumplirían muchos de los requisitos. Es por esto que sugiere al ministerio de Morant que «se debería justificar en mayor medida cuáles son los aspectos o elementos que han llevado a fijar los umbrales en los valores que se proponen y qué medidas se han tenido en cuenta en relación con los posibles efectos indeseados de dichos umbrales», reza el escrito oficial.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Economía Social de Yolanda Díaz afirma que el nuevo reglamento de universidades de su Gobierno «cuestiona la idoneidad» de la exigencia de que en las universidades con docencia exclusiva o mayoritaria no presencial el 75 % del personal docente e investigador resida en España o en la UE. En concreto, Trabajo considera que este hecho «podría contravenir las libertades de circulación y residencia de los trabajadores europeos».

Asimismo, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, liderado por el también socialista Óscar López, deniega la aprobación previa del Proyecto, ya que considera que «debe reformularse la valoración de las cargas administrativas que contiene la memoria analizada».

Entre otros extremos, el informe elaborado por esta cartera indica, en relación con la introducción de informes vinculantes para la apertura de nuevas universidades, que «existe una reserva de ley para la introducción de este tipo de informes en los procedimientos, debiendo indicarse en qué norma legal se ampara la novedad del Proyecto».

Además, el documento señala que debe precisarse el plazo de tramitación y resolución del procedimiento de creación o reconocimiento de universidades. En esta misma línea, el titular de Transformación Digital agrega que es necesario «justificar en la memoria la introducción de informes preceptivos y vinculantes por ser una norma posterior a la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas».