La sentencia del TJUE no resucitará la legislatura: Junts pincha el relato del PSOE

Ministros y dirigentes socialistas llevan días, semanas incluso, pronosticando sotto voce que la decisión que este jueves dará a conocer el Tribunal de Justicia de la UE sobre la amnistía permitirá reconducir la relación con Junts. Que es una especie de último tren para devolver la legislatura a los raíles y llevarla a la estación final, la de julio de 2027 y no antes.

El partido de Carles Puigdemont se ha encargado de desmentir esa teoría, que los independentistas consideran un cuento de la lechera de los socialistas. Pero ahí siguen los de Pedro Sánchez haciendo cábalas y más cábalas.

Dicen que primero vendrá el pronunciamiento del TJUE sobre la compatibilidad de la ley de amnistía con el Derecho de la UE, en lo referido a los delitos de malversación y terrorismo (conforme al criterio del abogado general del TJUE, que el pasado noviembre así lo consideró). Que después, en otoño, le seguirá el aval definitivo del Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido a la aplicación de la amnistía a Puigdemont, toda vez que considere que la malversación es amnistiable. Más tarde, la vuelta del fugado a España después de nueve años huido en Bélgica. Y entonces, ya sí, Junts se avendrá a negociar los Presupuestos Generales de 2027 y… legislatura salvada.

«Se van dando pasos que ayudan a cumplir con nuestros compromisos (…). Queremos seguir trabajando para avanzar en nuestros acuerdos con Junts y negociar los Presupuestos», resumen fuentes gubernamentales. Aunque, cuando de la Moncloa se trata, nunca se sabe si creen lo que afirman, quieren creerlo o sencillamente no se lo creen, pero pretenden que los periodistas sí lo hagan. «Necesitamos que se eliminen los bloqueos que el PP ha intentado poner a una ley absolutamente legal, legítima, emanada del Parlamento y de la voluntad de la soberanía popular», continúan.

Una relación irreconducible

Tal vez, durante un tiempo, la vuelta de Puigdemont habría sido suficiente para resetear la relación entre el PSOE y Junts. Pero ya no. Los independentistas lo demostraron votando a favor de una moción (no vinculante) del PP que pedía la dimisión de Sánchez en el último Pleno ordinario del curso, el 24 de junio. Lo volvieron a demostrar el pasado martes, tumbando la senda de estabilidad del Ministerio de Hacienda y también el sexto real decreto ley del Consejo de Ministros que es derogado este año. Y lo demostrarán una vez el jueves 23 de julio, cuando la senda sea votada por segunda vez y caiga de forma definitiva.

«A nadie salvo a Junts le interesa que vuelva Puigdemont», replican con desconfianza en la cúpula independentista. «Nosotros no vamos a participar en ninguna operación para salvar al soldado Sánchez», añaden.

A estas alturas de la legislatura, la relación entre el Gobierno y Junts parece irrecuperable. Sobre todo, después de que la semana pasada el CIS catalán revelara un sorpasso de Aliança Catalana al partido de Puigdemont, con entre 36 y 38 escaños frente a entre 23 y 25 de estimación.

De los dos mediadores principales que tenía el PSOE con Junts, Santos Cerdán y José Luis Rodríguez, el primero está expulsado del PSOE y el segundo es irrecuperable para la causa sanchista tras su imputación en el caso Plus Ultra y las joyas halladas en su despacho. Además, en Junts están muy enfadados porque el Ejecutivo ha aparcado sine die su campaña para conseguir la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones europeas, debido al enorme fiasco de las negociaciones que había emprendido, como desveló El Debate el 10 de junio.

Desde el pasado septiembre se han celebrado nueve reuniones del Consejo de Asuntos Generales de la UE, que es el órgano al que el ministro José Manuel Albares tiene que elevar la propuesta para que se vote. Pero no se ha atrevido a introducirla en el orden del día de ninguna de ellas. Porque en el Gobierno saben que la perdería, dado que necesitan que ningún país vote en contra y son muchos los que se oponen: Alemania, Francia, Italia, Finlandia, Suecia, Bulgaria, Croacia…

No es la única espina que lleva clavada Junts, que sigue esperando a que el PSOE desatasque en el Congreso la proposición de ley que ambas formaciones pactaron para delegar las competencias en materia migratoria a Cataluña. El problema en este caso es Podemos, que en septiembre de 2025 ya echó para atrás en el Pleno la sola toma en consideración de la norma (el primer trámite). El pasado mes de abril, el Gobierno aprobó la regularización masiva de inmigrantes, que era una reivindicación nuclear de Podemos en esta legislatura. Los socialistas pensaban que así los morados acabarían levantando su veto a la delegación de las competencias migratorias, pero de momento eso no ha ocurrido.

Así que ningún pronunciamiento del TJUE hará este jueves un milagro.