El Gobierno aparca sine die la oficialidad del catalán en la UE ante el fiasco de sus negociaciones

El Gobierno ha aparcado sine die su cruzada europea para que el catalán, el gallego y el euskera sean lenguas oficiales de la UE. Se trata de un compromiso que Pedro Sánchez adquirió con Junts, pero cuyo cumplimiento tiene más difícil aún que aprobar unos Presupuestos en año electoral, que es la última ficción desplegada por el presidente (será la primera legislatura de la democracia sin unas solas cuentas públicas aprobadas).

El martes de la próxima semana, 16 de junio, los Veintisiete celebrarán la última reunión del curso del Consejo de Asuntos Generales de la UE, que es el órgano que ha de aprobar la oficialidad. Sin embargo, tampoco esta vez el Ministerio de Asuntos Exteriores ha pedido introducir el asunto en el orden del día para someterlo a votación, puesto que sabe que la perdería.

Y así van ya nueve reuniones del Consejo de Asuntos Generales de la UE desde septiembre sin que José Manuel Albares se atreva a tirarse a la piscina, sabiendo que no hay agua. Ni siquiera Alemania se ha ablandado, a pesar de que el ministro de Exteriores se reunió el mes pasado con su homólogo germano, Johann Wadephul, con la esperanza de encauzar el asunto. No en vano, en octubre de 2025 ambos gobiernos habían acordado «abrir un diálogo» al respecto.

Pero luego con quien paga Junts su frustración es con el Papa León XIV, a quien el lunes en el Congreso Míriam Nogueras sugirió que debería hablar más en catalán durante su estancia en Cataluña. El Ejecutivo no quiso valorar ayer el polémico gesto de la diputada de Junts. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se limitó a mostrar su «máximo respeto» a lo que cada portavoz quiso decir al Pontífice. «Solo faltaba», remató.

Para que la oficialidad de las tres lenguas sea aprobada, el Gobierno necesita unanimidad o que al menos no haya un solo voto en contra en el Consejo de Asuntos Generales de la UE. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos diplomáticos desplegados por Asuntos Exteriores, más por la presión de los de Carles Puigdemont que por convicción, varios países miembros siguen teniendo reticencias insalvables, como Francia, Italia, Finlandia, Suecia, Bulgaria y Croacia. Y las tienen por el precedente que sentaría respecto a otras lenguas minoritarias, por el coste —aunque el Ejecutivo español se ha comprometido a asumirlo— y porque no ven viable hacer algo así sin modificar los tratados de la UE, en contra de lo que sostiene España.

Dos intentos, dos pinchazos

En mayo y julio de 2025, España introdujo la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en el orden del día de las dos reuniones del Consejo de Asuntos Generales de la UE que se celebraron en ambos meses, pero con nulo éxito. De hecho, en las dos acabó pidiendo in extremis que la propuesta no se sometiera a votación de los veintisiete porque sabía que iba a perder. No quería hacer visible e irreversible su derrota. Y ahí lo dejó. En realidad, lo que más le interesaba al presidente era que Junts y también ERC supieran que su Gobierno lo había intentado.

El pasado mes de septiembre, el canciller alemán, Friedrich Merz, visitó a Sánchez en la Moncloa. El presidente español le puso sobre la mesa el asunto de la oficialidad, sabiendo que, si la primera economía de la UE mantenía su veto, con el resto de los miembros no habría nada que hacer. Y Merz le dio largas.

En octubre, después de que Junts anunciara el bloqueo de la legislatura por los incumplimientos de Sánchez, el Gobierno se puso tan nervioso que pidió ayuda al Ejecutivo de Alemania. Ambos gobiernos anunciaron entonces que habían pactado «abrir un diálogo» e «iniciar conversaciones bilaterales». El Ejecutivo de Sánchez se lo vendió a los independentistas como un gran avance, cuando la realidad era que no se trataba más que de una declaración de intenciones, únicamente pensada para aplacar a Puigdemont.

A la vista está: casi ocho meses después, los germanos siguen en el no es no. Y Albares continúa tratando de convencerlos de que este es «un tema de la identidad nacional de España». El ministro de Asuntos Exteriores acostumbra a argumentar que hay 20 millones de españoles que viven en comunidades donde existe más de una lengua oficial. Lo que nunca recuerda es que también para ellos, para esos 20 millones, el castellano es su lengua oficial, como para los del resto del Estado.