La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en una imagen de archivo
El Tribunal de Cuentas detecta «deficiencias» en el plan de FP del Gobierno que costó casi 2.000 millones
La institución ha fiscalizado el Plan Estratégico de Impulso y Modernización de la Formación Profesional (PEIFP), enmarcado en el PRTR y dotado con 1.892 millones de euros
El Tribunal de Cuentas ha detectado «debilidades relevantes» en la gobernanza, la coordinación, la ejecución de algunas subvenciones y el seguimiento de los resultados en la modernización del sistema de Formación Profesional.
La institución ha fiscalizado el Plan Estratégico de Impulso y Modernización de la Formación Profesional (PEIFP), enmarcado en el PRTR y dotado con 1.892 millones de euros.
El informe analiza la planificación, ejecución, control y evaluación de las medidas desarrolladas entre 2021 y 2024 y la utilización de los fondos públicos asignados al PEIFP.
El Tribunal constata que, aunque se han reforzado las capacidades administrativas del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la planificación estratégica «se aprobó con retraso, con objetivos poco estructurados, y los mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de la Administración han resultado insuficientes».
El análisis del cumplimiento de los hitos y objetivos del PEIFP, medido por las unidades ejecutadas, revela «una ejecución desigual, con diferencias notables entre comunidades autónomas y marcada por fuertes contrastes».
Mientras algunos compromisos se han alcanzado con holgura, otros muestran un bajo grado de consecución y un alto riesgo de incumplimiento, como es el caso de dos de las actuaciones de mayor importe.
La ejecución presupuestaria del Plan alcanzaba al final de 2024 el 82% de los 335 millones de euros gestionados directamente por el Ministerio quedando sin ejecutar alrededor de 60 millones tras la finalización del plazo.
En el caso de las comunidades autónomas, la ejecución en 2024 se situaba en torno al 56% de los 1.557 millones de euros de transferencias recibidos, si bien el plazo de ejecución continúa abierto.
Se han detectado carencias en los sistemas de control interno y deficiencias en la ejecución de subvenciones gestionadas directamente por el Ministerio, destacando los retrasos en la justificación, el elevado número de devoluciones voluntarias, la falta de liquidación de intereses de demora y la ausencia de reintegros formales de hasta 7 millones de euros pendientes de devolución.
El informe también señala la falta de indicadores de eficacia y de evaluación de impacto, lo que impide medir de forma precisa los efectos del Plan sobre la mejora del sistema de Formación Profesional y su contribución a los objetivos de transformación digital, sostenibilidad y empleabilidad.
El informe finaliza con una serie de recomendaciones dirigidas al Ministerio, orientadas a reforzar la coordinación con el SEPE para integrar la información sobre necesidades formativas, incorporar actuaciones específicas de orientación profesional, fortalecer la gestión del riesgo y los mecanismos de control interno, exigir la justificación en plazo de las subvenciones, tramitar los reintegros correspondientes y definir indicadores de eficacia e impacto y sistemas de seguimiento de resultados a medio y largo plazo.