Las trampas de la nueva ley estrella del Gobierno de Sánchez: «Se aplica solo a una parte del profesorado»

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto de Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, y se adoptan otras medidas para la mejora del sistema educativo.

Con ello, y tal y como informó el propio Ejecutivo central, se establece una reducción del número máximo de alumnos por aula y una regulación básica y homogénea de la jornada lectiva del profesorado no universitario, con el objetivo de corregir las desigualdades detectadas entre autonomías y mejorar las condiciones de trabajo del profesorado, así como conseguir una atención más individualizada.

En relación con las ratios, se reduce el número máximo de alumnos por aula: 22 en Primaria (frente a los 25 actuales) y 25 en ESO (frente a los 30 actuales). En los centros sostenidos con fondos públicos, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) computará como dos plazas.

El documento fija, con carácter general, la jornada lectiva semanal del profesorado en 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y en 18 horas en el resto de enseñanzas. De manera excepcional, y por necesidades de organización, podrá alcanzarse un máximo de 20 horas, compensadas con dos horas complementarias por cada periodo lectivo adicional. Con este proyecto de Ley se fija una regulación máxima legal de horas para garantizar homogeneidad en todo el territorio nacional.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y, aunque esta norma promete solucionar muchos de los problemas de los docentes no universitarios, las medidas no se aplicarán a todos ellos. Según ha denunciado la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) en declaraciones a este periódico, se ha excluido de esta reforma al profesorado de la concertada.

«Esta decisión resulta especialmente grave e injusta teniendo en cuenta que ambos colectivos forman parte del mismo servicio público educativo, tal y como recoge la normativa vigente y ha recordado el propio Consejo Escolar del Estado, que aprobó por unanimidad, a instancia de FSIE, la recomendación de extender esta medida al profesorado de la enseñanza concertada», ha escrito la citada entidad.

Asimismo, consideran que esta nueva ley que mejora las condiciones laborales y la calidad educativa, «se aplica únicamente a una parte del profesorado, pese a que todos los docentes, con independencia de la titularidad de los centros, forman parte del mismo servicio público educativo».

A juicio de esta asociación, «resulta especialmente preocupante que, a pesar de que el propio Anteproyecto alude al diálogo con las organizaciones sindicales, FSIE, sindicato mayoritario en la enseñanza concertada, no haya sido convocado ni escuchado en relación con esta cuestión. Esta ausencia de interlocución contrasta con los principios de participación y consenso que deberían regir cualquier reforma de este calado», considera FSIE.