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La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana MorantEuropa Press

Morant impone por ley dar apoyo psicólogico en las universidades

Esta será una de las principales novedades del nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario que está en periodo de audiencia e información pública y que sustituirá al de 2010

Las universidades españolas, públicas y privadas, deberán dar apoyo psicológico al alumnado y disponer de unidades específicas y de un protocolo de actuación, prevención e intervención ante conductas suicidas: el objetivo es cuidar la salud mental del estudiantado en coordinación con los servicios públicos de cada comunidad autónoma.

Esta será una de las principales novedades del nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario que está en periodo de audiencia e información pública y que sustituirá al de 2010.

El nuevo texto contempla un extenso capítulo sobre los derechos de los estudiantes y sobre los deberes del sistema universitario.

Da un peso especial al derecho de la conciliación de los estudios, el paro académico se reconoce como derecho, obliga a las universidades a tener planes específicos contra el acoso personal, sexual o el ciberacoso y a adaptar los planes de estudio, de evaluación y de prácticas al estudiantado con discapacidad o necesidades específicas de apoyo educativo.

Claves del nuevo estatuto

  • Derecho a recibir asesoramiento sobre la inserción laboral y el futuro profesional de los estudios que se estén cursando.
  • Programas de tutoría permanente para que el estudiantado con discapacidad tenga atención tutorial a lo largo de sus estudios.
  • Planes curriculares adaptados, infraestructuras, movilidad nacional e internacional para estudiantes con discapacidad, estableciendo cupos.
  • Las universidades están obligadas a aprobar Normas de Convivencia de obligado cumplimiento y a crear una Comisión de Convivencia paritaria.

Sobre vivienda

Las universidades facilitarán y promoverán el alojamiento en condiciones de dignidad y suficiencia de sus estudiantes. Podrán disponer de colegios mayores, residencias u otras fórmulas de alojamiento estudiantil mediante convenio con entidades públicas o privadas y con precios «adecuados».

Las universidades estarán obligadas a ofrecer información sobre las opciones de alojamiento disponibles, tanto los servicios propios y conveniados, como las bolsas de alojamiento de la ciudad donde se ubique la universidad o de sus localidades próximas.