Una profesión muy respetada y bien remunerada

No, no se trata de la docencia en España. Hablamos de Finlandia, un país cuyo sistema educativo sigue despertando admiración internacional, tanto por sus resultados en los informes PISA como por la sólida posición social de su profesorado.

Mientras redactaba esta serie de artículos, cayó en mis manos un libro de Raimo Goyarrola –médico, profesor y sacerdote español, actualmente obispo de Helsinki– en el que describe con claridad el modelo finlandés:

«En Finlandia, ser profesor es una profesión muy respetada y bien remunerada, que atrae a individuos altamente cualificados y comprometidos. La rigurosa formación y selección de los docentes asegura que los niños reciban una educación de alta calidad. Los maestros no solo imparten conocimientos, sino que también inspiran y motivan a sus alumnos… Además, los planes de estudio los diseñan profesionales expertos y su duración está pensada para una decena de años, independientemente del gobierno de turno».

La comparación resulta inevitable y dolorosa. En España, la generación de docentes que ahora se jubila ha sido, probablemente, la mejor formada de nuestra historia. Sin embargo, ese capital humano convive con una creciente sensación de desgaste, desorientación y desánimo en las aulas. No es una percepción aislada ni un lamento corporativo: es un diagnóstico que se repite en claustros, pasillos y conversaciones informales del profesorado, y que en las últimas semanas ha estallado en la calle con movilizaciones y huelgas que van a más en varias comunidades autónomas.

La crisis del profesorado no es una simple reivindicación laboral, sindical o política. Es un problema estructural que golpea el corazón mismo del sistema educativo. El célebre informe McKinsey lo sentenció con contundencia: la calidad de un sistema educativo nunca será superior a la calidad de sus docentes. Ni una inversión millonaria, ni la reducción de la ratio de alumnos por aula sirven de nada si el profesorado está desmotivado o ha sido mal seleccionado.

La clave, por tanto, reside en atraer a los mejores. Pero no solo a los más brillantes en conocimientos, sino también a quienes poseen habilidades pedagógicas, vocación y capacidad de compromiso. Y, sobre todo, en otorgarles el reconocimiento profesional y social que merecen. Porque sin prestigio no hay autoridad, y sin autoridad –entendida en su sentido más noble– la educación no es posible.

Superar el desencanto, la desorientación y el desánimo que acecha a los profesores, tal como expuse en un artículo anterior, así como el reconocimiento social requiere medidas legislativas, cambios de paradigmas, apoyos sociales, pero, sobre todo, un esfuerzo personal.

No olvidemos que el prestigio, o la auctoritas, no se concede por decreto, sino que se conquista. Para ello hacen faltan tres requisitos. El primero es el conocimiento amplio, profundo y extenso de la materia propia. El segundo es la pasión por ella. En cierta medida, el profesor es un actor que debe creerse y encarnar al personaje: sin pasión no se puede entusiasmar ni enseñar, y eso lo saben bien los alumnos. La tercera condición es el respeto –y, por qué no decirlo, el afecto– a los alumnos. Educar implica exigir, a veces con esfuerzo y sacrificio, pero siempre desde la mayor consideración personal, saber extraer, con sufrimiento y esfuerzo lo mejor que tiene dentro. No todo es lúdico ni inmediato y los buenos estudiantes lo saben.

Para que estas condiciones individuales fructifiquen, la estructura debe acompañar. Es inaplazable activar tres grandes medidas estructurales:

En primer lugar, urge enterrar el actual paradigma pedagógico dominante. Durante años, se ha impulsado un modelo que ha diluido los contenidos en favor de metodologías difusas y, a menudo, poco eficaces. Se ha confundido la igualdad de oportunidades con la igualdad de resultados, ignorando que el aprendizaje exige esfuerzo personal tanto del profesor como del alumno. El fracaso de este enfoque es, en gran medida, un secreto a voces que se percibe con nitidez en la realidad cotidiana de los centros.

En segundo lugar, hay que simplificar, dar estabilidad a la legislación educativa y hasta donde sea posible, unificarla. Sobre el papel, podría parecer la vía más sencilla de aplicar, pero la práctica demuestra lo contrario. La política educativa en España ha estado marcada por una inestabilidad crónica, con reformas constantes que responden más a ciclos electorales que a una visión de largo plazo. No se trata de añadir otra ley a la interminable «sopa de letras», sino de abordar de una vez la reforma profunda de la formación, selección y evaluación del profesorado. Mientras este triple frente no se aborde, el reconocimiento social será una quimera.

Es necesario también que las administraciones reaccionen. Deben lanzar campañas que dignifiquen la figura del profesor, difundir las buenas prácticas y, sobre todo, actuar ante el preocupante clima de determinados centros donde abundan las agresiones físicas y psicológicas al profesorado. Urge potenciar un sistema legislativo y disciplinario ágil que devuelva las garantías de seguridad jurídica y física a los docentes.

Además, sería muy conveniente el fortalecimiento de la profesión docente que, en España, «no goza del prestigio de una profesión sólida y robusta», en palabras de López Rupérez. Se necesita una autorregulación como ocurre con otras profesiones a través de los colegios profesionales. No es fácil hoy día, pero sería una buena forma de disminuir la excesiva dependencia política y sindical.

Pero a pesar de todo, hay esperanza de solución mientras existan personas apasionadas por la tarea educativa que mantengan la ilusión, la entrega y la autoridad. Como dice Daniel Pennac: «Basta un solo profesor, ¡uno solo!, para salvarnos a nosotros mismos y hacernos olvidar a los demás».