El presidente de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE), Juan Santiago
Alertan de que la nueva regulación de la FP privada podría acabar anulada como el decreto de universidades
La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada ha reclamado una regulación que respete la autonomía de los centros privados, la libertad de creación de centros y de empresa y el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos
El presidente de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE), Juan Santiago, ha advertido de que la nueva regulación de la Formación Profesional privada «podría tener el mismo recorrido judicial que el decreto de universidades», anulado por el Tribunal Supremo por la falta de justificación de su tramitación de urgencia.
Durante la inauguración de la cuarta edición del Congreso Top Voces Educación, que reúne en Madrid a cerca de 300 profesionales de la enseñanza, Santiago ha criticado un «desarrollo legislativo frentista, cuyo único interés es enfrentar lo público a lo privado con intenciones meramente políticas».
Asimismo, ha reclamado una regulación que «respete la autonomía de los centros privados, la libertad de creación de centros y de empresa y el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos».
Santiago ha cuestionado el proyecto de real decreto presentado en septiembre y tramitado con carácter de urgencia, al considerar que «limita la apertura de centros privados de Formación Profesional e introduce nuevas restricciones a la enseñanza online».
El presidente de ACADE ha calificado de «auténtica vergüenza y un disparate que medidas justificadas por la mejora de la calidad educativa se exijan mayoritariamente a los centros privados, excluyendo de su aplicación a los públicos y sostenidos con fondos públicos». «La calidad no se discute. Se exige. A todos», ha zanjado.
Santiago ha defendido que «se inspeccione y se actúe ante cualquier incumplimiento, independientemente de la titularidad del centro» y ha rechazado que «situaciones particulares justifiquen restricciones generales a un sector cuya expansión responde a la demanda de estudiantes, familias y empresas».
Aunque la sentencia del Tribunal Supremo no entra a valorar el contenido de la norma, ha señalado que su anulación «evidencia la necesidad de legislar desde el diálogo, el rigor técnico y el respeto a las garantías democráticas».
«Lo decimos claro: no compartimos esta forma de regular», ha afirmado Santiago, al tiempo que ha reiterado la disposición de ACADE a colaborar con las administraciones públicas desde el respeto a la seguridad jurídica y la participación de los sectores afectados.