Sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en Barcelona
Tribunales
Los jueces no quieren ir a Cataluña: el CGPJ trata de frenar la sangría
Casi la mitad de las 195 plazas que actualmente se encuentran desiertas en toda España están en la comunidad catalana. Los jueces enviados en concurso forzoso no pasan más de un año en el destino
Ochenta de las ciento noventa y cinco plazas de jueces actualmente desiertas en toda España se encuentran en Cataluña. La reciente oferta de vacantes que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves para los 188 jueces en prácticas de la última Promoción de la Escuela Judicial arroja un dato demoledor: casi la mitad de los destinos de la última convocatoria, un total de 80, se encuentran en Cataluña. Cinco de las cuales son de juez de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tres en la provincia de Barcelona, una en la de Girona y otra en Tarragona. Pese a los esfuerzos del Consejo por paliar la sangría de jueces en la comunidad autónoma, fuentes judiciales han denunciado a El Debate cómo el movimiento secesionista catalán ha venido agravando la situación de la Justicia en la región. Hasta tal punto que, en los últimos años, el saldo neto de los jueces que salen frente a los que llegan voluntariamente arroja un «preocupante déficit» estructural.
«El ataque masivo y constante que está sufriendo el poder judicial en Cataluña, con una propaganda que pretende lograr el desprestigio social de los miembros del poder judicial abanderado por el movimiento independentista; la imposición coactiva de la lengua; los ataques a las sedes de los edificios judiciales de todo el territorio regional; y, la ampliamente aceptada desobediencia a las resoluciones judiciales en Cataluña, han contribuido» según denuncian fuentes del entorno judicial, «a que la proporción de jueces que se han ido en comparación a los que han venido a Cataluña esté absolutamente desequilibrada».
Según ha podido saber El Debate, de la penúltima promoción de jueces que eligieron destino en otoño de 2020 56 de las 62 vacantes ofertadas estaban en Cataluña. Esto es, el 90 % de las plazas totales de las que la mayoría se adjudicaron en concurso forzoso.
Además, los nuevos miembros de la Carrera Judicial que eligen su primer destino sólo permanecen congelados un año en el mismo y una vez transcurrido dicho plazo pueden concursar. En el caso catalán una vez pueden optar eligen destino fuera de la comunidad. No en vano, en el último concurso de jueces del que existen datos disponibles: 25 jueces han concursado fuera de Cataluña, sin que ningún juez del resto de España haya elegido moverse a la región, como destino final, en dicha convocatoria.
Sólo en el año 2018 se fueron 48 jueces y llegaron únicamente tres en concursos voluntarios. En 2019 se marcharon 40 y concursaron siete. La cifra de 2020 fue de 37 frente a siete; y, en el presente ejercicio los datos provisionales muestran que se han ido 61 jueces y únicamente han entrado voluntariamente seis.
La irrupción del denominado proceso soberanista ha producido «una grave ruptura de la convivencia social en Cataluña, con especial incidencia en los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal allí destinados», apuntan fuentes próximas al entorno de la Magistratura. En especial, si se tiene en cuenta que «quienes están llamados a aplicar la ley, a veces en contra de los propios dirigentes autonómicos y locales» sufren en su día a día «situaciones personales de amenaza, desasosiego y rechazo por parte del denominado sector independentista con utilización, incluso, de medios violentos».
El éxodo de los jueces en la comunidad autónoma es un «severo problema estructural» que difícilmente se puede suplir por la «vía forzosa», lamentan las mismas fuentes, «pese a las mejores intenciones» de la Comisión Permanente del CGPJ.
Daños colaterales
El escenario en el que los jueces y magistrados que pudiendo optar por vivir de forma más estable en Cataluña, lo están haciendo, cada vez con más frecuencia y en mayor número, por concursar a plazas que les permitan desarrollarse profesionalmente –ajenos a la amenaza política que ha castigado severamente a los jueces y magistrados destinados en Cataluña– ha incrementado, además, las cifras de las interinidades.
Así, según los datos de la última memoria estadística del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del ejercicio 2020 y, por tanto, referidos a 31 de diciembre de dicho año, la interinidad era: para los Jueces de un 12,66 % (106 plazas vacantes de un total de 837), para los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) de un 24,04 % (158 plazas vacantes de un total de 657) y en el caso de los funcionarios del 50,74 % de interinos frente al 49,26 % de titulares.
El número de jueces en Cataluña es de 10,82 por cada 100.000 habitantes mientras que la media española se sitúa en 11,97
A la compleja situación política se suma el hecho de que los jueces destinados en Cataluña se encuentran en una CCAA con un coste de la vida muy por encima de la media española. Según datos del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona (Iermb) la región catalana supera en un 7,4 % el coste medio del resto de autonomías, mientras que su capital supera esa media en un 21 %.
Además, la presión fiscal es muy elevada. El Instituto de Estudios Económicos atribuye a Cataluña la mayor presión fiscal normativa (134,5 puntos) frente a la media nacional (110 puntos) e incluso la europea (100 puntos).
El CGPJ intenta frenar la sangría
La oferta de plazas a los nuevos jueces corresponde al Consejo General del Poder Judicial, dentro del ámbito de la potestad organizativa que le atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con el fin de preservar la prestación del servicio público de la Justicia y de cubrir las necesidades concretas en cada territorio.
Sin embargo, las 80 plazas de entre las que los nuevos miembros de la Carrera Judicial, empezando por el que mejor puntuación haya obtenido, podrán elegir su primer destino colocan a la comunidad autónoma en una situación anómala con respecto al resto. En la reunión mantenida este jueves por la Comisión Permanente, se han puesto el máximo de las posibles a disposición de los aspirantes, en un intento por cubrir una carencia difícil de subsanar.
No en vano, del total de las 195 vacantes, Cataluña lidera, y no en positivo, un reparto en el que: 45 corresponden a Andalucía, cuatro a Aragón, dos a Baleares, 15 a Canarias, tres a Cantabria, cinco a Castilla-La Mancha, tres a Castilla y León, tres a la Comunidad Valenciana, diez a Extremadura, 14 a Galicia, uno a La Rioja, seis a la Región de Murcia y cuatro a el País Vasco.
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