La protesta de los policías se extiende por toda España contra el Gobierno de Sánchez
El PP derogará la Ley de Seguridad Ciudadana y Vox intentará que no se apruebe
Miles de policías se han concentrado hoy contra los cambios pactados entre PSOE y Podemos en la Ley de Seguridad Ciudadana, que se encuentra en plena tramitación parlamentaria. La concentración más numerosa ha sido la de Madrid, donde los convocantes han protestado contra una reforma «que nos deja a los pies de los caballos» ha afirmado Adolfo Medina, portavoz de la plataforma No a la España Indefensa, convocante de la movilización y formada por más de medio centenar de sindicatos y asociaciones.
Medina ha destacado que «para esta modificación no se ha contado con la ciudadanía en general, que sería oportuno, pero menos con las fuerzas de seguridad que somos los realmente especialistas para poder diseñar una norma que proteja a los ciudadanos y también a los policías».
Al acto han acudido representantes políticos del PP, Vox y Ciudadanos. El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que «si se lleva adelante esa reforma, nosotros la llevaremos al Constitucional. Y si no resuelve antes de que acabe la legislatura, en cuanto ganemos las elecciones vamos a retrotraer esta reforma que solo beneficia a los socios radicales del Gobierno. La seguridad de los agentes es fundamental para luchar contra la delincuencia, el narcotráfico, el terrorismo». Casado ha concluido que «sin seguridad no hay libertad y esta ley ataca a los máximos garantes de la libertad de todos los españoles».
Pablo Casado en la manifestación
El presidente de Vox Santiago Abascal ha afirmado que «es una ley que no protege a los ciudadanos pacíficos que se manifiestan. Solo protege a aquellos que tienen la intención de saltarse las normas, de atacar la convivencia y de apelar a la violencia».
El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha criticado que el Gobierno haya metido esta reforma en el Congreso «sin ningún tipo de conversación, consenso o diálogo con los colectivos afectados». Ha señalado que la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana se basa «en la desconfianza en el trabajo de la policía».
En el comunicado final, los representantes de los sindicatos policiales han asegurado que «las movilizaciones que hoy iniciamos solo serán el primer paso para defender lo que es de todos: nuestra convivencia en paz, sin crispación y sin señalamientos por la profesión y las labores que llevamos a cabo en defensa de la legalidad».
Santiago Abascal en la manifestación
De hecho, la protesta se ha extendido por todas las provincias españolas. Incluso en aquellas regiones que cuentan con policía autonómica también se han sumado representantes de sindicatos de los cuerpos autonómicos.
Se trata de la primera vez que todos los cuerpos policiales existentes en España, Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos, Ertzainas, Policía Foral así como Policía Local se unen con una misma reivindicación.
Más de 50 asociaciones
La protesta de hoy supone el aperitivo de la gran manifestación que se espera multitudinaria que tendrá lugar el próximo sábado en las calles de Madrid. Las concentraciones están convocadas por la plataforma No a la España Insegura, que reúne a más de 50 asociaciones y sindicatos policiales.
Hablan los representantes policiales
«La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana promueve el odio a la Policía»
La movilización del próximo sábado está convocada por las entidades policiales Jusapol, Jupol y Jucil, pero cuentan con el apoyo del resto de organizaciones agrupadas en la plataforma.
La marcha comenzará a las 11:30 en la Puerta del Sol y se prevé multitudinaria, según los convocantes.
Los cambios más polémicos:
- Supresión de la prohibición de grabar y difundir el rostro de los agentes: además de la propia identificación de los policías, las imágenes se pueden cortar y manipular para difamar la labor de los policías.
- La declaración de un agente deja de prevalecer sobre la del denunciado: de esta manera se equipara la declaración de los agentes policiales a la de los delincuentes.
- Rebaja de 6 a 2 las horas para identificar a una persona: especialmente en las zonas menos habitadas resulta imposible llevar a la persona hasta la comisaría o el cuartelillo en ese periodo de tiempo.
- Obligación de llevar a la persona identificada hasta el lugar donde fue requerida: en caso de cometer un delito, se lleva al delincuente al lugar del crimen. Al mismo tiempo, supone anular un equipo que se podría dedicar a la seguridad del ciudadano.
- Supresión de la obligación de informar de la convocatoria de una manifestación: las manifestaciones pueden surgir de forma espontánea, lo que imposibilita la organización de un dispositivo de seguridad. Los ciudadanos pueden verse sorprendidos por un corte de tráfico o por incidentes provocados por violentos.
- Cuantía de la multa en función del poder adquisitivo del multado: resulta sencillo alegar que no se dispone de recursos económicos para eludir la multa. Un mismo delito varía de gravedad en función de quién lo cometa.
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