Fachada de la escuela de Canet del Mar, donde un menor ha sido acosado porque sus padres solicitaron el cumplimiento de la sentencia del Supremo a favor del español
Cataluña
Abogados contra abogados por la sentencia sobre el castellano en las escuelas
La sección de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados catalán (ICAB) considera de «extrema gravedad» que la Generalitat no piense acatar la sentencia. Otros abogados promueven una recogida de firmas contra el comunicado de la sección
Guerra entre abogados. Es lo que está pasando a raíz de una nota hecha pública por la sección de Derecho Constitucional, nota muy contundente, en la que consideran de «extrema gravedad» la actitud de las autoridades de la Generalitat por no querer cumplir la sentencia que le obliga a que en todo el sistema educativo en Cataluña haya al menos, un 25% de clases en castellano. Otros abogados, encabezados por Jaume Alonso Cuevillas (diputado de Junts per Cataluña) promueve una recogida de firmas ante lo que considera un exceso de la sección.
En El Debate hemos podido hablar con Javier Béjar, abogado y miembro de la Sección de Derecho Constitucional del ICAB. Considera que la nota que ha hecho pública el grupo puede ser contundente, pero «no tanto», apunta, como los hechos. Es decir, que representantes del gobierno catalán digan que no van a cumplir una resolución judicial.
Destruir el Estado de Derecho
«Es algo de excepcional gravedad, sin entrar si quiera en el tema de fondo. Que una vez que haya sentencia firme, la administración y cualquier particular, no tiene más remedio que cumplirla, salvo que queramos destruir el estado de derecho», añade Béjar. El abogado considera que estamos ante un «conflicto grave» y que, si se generalizaran este tipo de conductas, «el país sería ingobernable».
Pero la sección de Constitucional también reprocha a la Generalitat su pasividad a la hora de defender al niño de Canet y a su familia ante el acoso que estaban sufriendo, también en redes sociales. Por todo ello, en el comunicado muestra «su profunda preocupación por los graves hechos descritos, que afectan no solo a la esencia misma del Estado de Derecho, sino también a algo tan fundamental en una democracia avanzada como la nuestra como es el garantizar la protección integral de los menores contra toda forma de violencia y de victimización secundaria, principios estos consagrados por nuestro ordenamiento con rango de Ley Orgánica».
Un comunicado de los abogados de Derecho Constitucional del ICAB que no ha gustado a otros abogados, como a Jaume Alonso Cuevillas, que ha impulsado una recogida de firmas para rechazar la nota de la sección, que, a su juicio, «no respeta la presunción de inocencia».
También pide una nota de rechazo de la Junta de Gobierno del ICAB. Según Béjar, ante la gravedad de los hechos, los juristas «no pueden estar callados y no pueden hacer como si no pasara nada» y añade: «si hay alguien que entienda que las sentencias, que he leído que hay distintas posturas en el Colegio, si hay alguien que entiende que las sentencias no tienen que ser cumplidas, no que estén en desacuerdo, sino que tienen que ser desacatadas, que lo diga claramente»