El empresario David Marjaliza
Audiencia Nacional
Púnica: la Fiscalía pedirá hasta 20 años de cárcel para los exalcaldes madrileños de la trama Cofely
Anticorrupción presentará su escrito de conclusiones provisionales en los próximos días. El juez García Castellón cerró, el pasado mes de octubre, la instrucción de la pieza número 6 de la macrocausa
Treinta y siete acusados, entre ellos ocho exalcaldes madrileños, técnicos municipales, varios exdirectivos de Cofely, la propia mercantil de servicios energéticos como persona jurídica y el empresario arrepentido David Marjaliza serán juzgados en la Audiencia Nacional por su implicación en las presuntas irregularidades cometidas en la trama de concesión de contratos públicos en varios municipios madrileños, entre 2012 y 2014. La Fiscalía Anticorrupción ultima el escrito de conclusiones provisionales, que se presentará en los próximos días, en el que pide penas de prisión de hasta 20 años para algunos de los acusados en la pieza separada número 6 del llamado caso Púnica.
La pena más elevada por un sólo delito, de los que se recogen en la acusación inicial, será de ocho años a los que habrá que sumar otros tantos hasta llegar «a los 15 ó 18» hasta completar la sanción penal, en los casos más graves de la «organización criminal» en la que se convirtió la trama, según apuntan a El Debate fuentes próximas al Ministerio Público conocedoras del caso.
El trabajo de la Fiscalía está terminado y visado, sobre la mesa del fiscal jefe Alejandro Luzón, a la espera de ajustar los últimos flecos –como acotar las pruebas que se pedirán en la fase de procedimiento abreviado u ordenar el extenso material disponible– antes de entregarlo al órgano judicial competente sobre una de las causas más voluminosas de Púnica.
Según las diligencias de investigación practicadas por el juez Manuel García-Castellón en la primera fase de instrucción y, de acuerdo con el auto de pase a procedimiento abreviado dictado por el magistrado el pasado mes de octubre, los hechos que serán enjuiciados constituyeron una suerte de delitos –cohecho de cargo público, prevaricación, fraude, tráfico de influencias, revelación de información reservada, cohecho de particular en concurso con prevaricación administrativa, fraudes y delito de cohecho en persona jurídica– orientados a la formalización de contratos de ayuntamientos de manera «irregular», con la ayuda de intermediarios y políticos, por un valor superior a los 220 millones de euros.
No en vano, las investigaciones se han centrado en las concesiones amañadas a favor de Cofely, una de las empresas más beneficiadas de Púnica, en los consistorios de Alcalá de Henares (11.847.479 euros), Collado Villalba (35.467.135 euros), Moraleja de En Medio (2.862.975 euros), Móstoles (60.449.119 euros), Parla (54.659.019 euros), Torrejón de Velasco (4.111.395 euros) y Valdemoro (50.280.748 euros).
Entre los investigados se encuentran los exalcades de Almendralejo, José García Lobato; Parla, José María Fraile Campos; Moraleja de En medio, Carlos Alberto Estrada Pita; Móstoles, Daniel Ortiz Espejo; de Collado Villalba, Agustín Juárez Lopez de Coca; de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga; de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas Navarro; y, de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández.
Corrupción política
El delator de la trama Púnica, el propio Marjaliza, confesó haber repartido personalmente «el dinero que Cofely pagó a sus empresas instrumentales» entre los cargos públicos y políticos salpicados por el escándalo que están a punto de ser juzgados. Entre marzo de 2012 y octubre de 2014, los investigados de Cofely y Marjaliza actuaron «como una presunta organización criminal con una planificación integral, con vocación de permanencia e interviniendo en varios Ayuntamientos objeto de investigación en la pieza 6, pero con la aspiración y la mirada puesta en hacerse con más contratos de eficiencia energética en entidades locales u organismos, ofreciendo acuerdos de corrupción con las autoridades y técnicos que adjudicaban», concluyó el juez García-Castellón.
Una misión en la que participaron más de una decena de investigados entre organizadores y partícipes, cada uno de los cuales tenía asignado su rol en el marco de un entramado de sociedades instrumentales y testaferros con los que se buscó dar una apariencia comercial estándar a lo que, en realidad era un acuerdo fraudulento alcanzado entre todos los participantes.
El nexo entre Cofely y Marjaliza fue el directivo de la primera Maurice Didier Roger quien articuló la contratación al empresario madrileño bajo la figura jurídica de asesor comercial, en mayo de 2012. En realidad, Didier quería que, a cambio de un pago mensual fijo de 1.500 euros y otros tantos en variable, Marjaliza le incluyese en su red de contactos e intermediación con alcaldes y concejales, de su etapa de promotor urbanista. Un extremo que fue confirmado por el exedil madrileño de Valdemoro José Javier Hernández Nieto, «con precisión milimétrica».
Así y según consta en un auto de 2 de septiembre de 2019, «Cofely fue la única empresa que se presentó al concurso» de Valdemoro. Y lo hizo, por ejemplo, en aquel caso, tras haberse asegurado con anterioridad de que los pliegos de contratación habían sido redactados a su medida previa imposición de un «precio de licitación» que ascendió a 60, 8 millones de euros y con una duración de 15 años.
Un modus operandi que se repitió «en un concierto ilícito dirigido a adjudicar a la mercantil Cofely el contrato público de eficiencia energética que licitó en el año 2014 en el Ayuntamiento de Almendralejo». Para la Fiscalía «persisten indicios suficientes (...) derivados del análisis de correos, comunicaciones telefónicas y documentación incautada» que señalarían al ex teniente de alcalde y vocal de la mesa de contratación Luis Alfonso Merino Cano, del Partido Popular, como uno de los partícipes en la trama «de corrupción de la multinacional».
El también exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Almendralejo, José Antonio Regaña Guerrero, es otro de los presuntos implicados en las irregularidades cometidas para allanar el camino en la contratación de los planes de ahorro de servicios energéticos ofrecidos por la filial de la multinacional francesa GDF Suez , actualmente Engie, en el consistorio madrileño. Sin ningún tipo de pudor, fueron los empleados de la empresa licitadora -Cofely- quienes confeccionasen los pliegos que motivaron la adjudicación del contrato a su favor.
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