Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular
Causas Pendientes
Púnica: las macrocausas abiertas contra la corrupción política (II)
El magistrado de instrucción Manuel García-Castellón mantiene abiertas un total de seis líneas de investigación en una de las causas más transversales de la Justicia española, en la que se vieron implicados políticos del PP, del PSOE y de Ciudadanos
La trama de corrupción urdida en torno a Francisco Granados –exconsejero de la Comunidad de Madrid y exsecretario general del PP regional durante la etapa de Esperanza Aguirre– comenzó a ser investigada judicialmente, en el año 2014, en la Audiencia Nacional. Según el sumario de la macrocausa, Granados se «llevó» dinero «contante y sonante» a partir de las adjudicaciones de suelo, con las que alcaldes y empresarios hicieron «negocio» y obtuvieron importantes «márgenes» de beneficio. Así lo desveló ante el juez el propio socio del exconsejero popular, David Marjaliza. Tras las pesquisas iniciales sobre las irregularidades cometidas tanto por miembros del PP madrileño, como del PSOE y Ciudadanos, la causa adquirió tales dimensiones que fue necesario trocearla en un total de trece piezas separadas, de las que siete ya han sido archivadas.
Para cinco de las seis restantes que continúan vivas, el pasado verano de 2021, el magistrado Manuel García-Castellón acordaba una prórroga para atender a la petición de la Fiscalía Anticorrupción que solicitó un plazo adicional para recopilar más pruebas y pese a que el juez titular considera que más del 50 % de la causa está listo para enjuiciarse. Así las cosas, éste es el estado real del procedimiento:
–Pieza separada Número 1: acabó con la condena de dos años de cárcel para Granados por utilizar la información reservada que le proporcionó un guardia civil sobre el contenido del propio 'caso Púnica' en el que estaba siendo investigado. La Audiencia Nacional sentenció el primer y único procedimiento de la trama que ha sido enjuiciado, en 2017. El Supremo confirmó la decisión dos años más tarde.
–Pieza separada Número 2: centrada en las presuntas adjudicaciones irregulares de la trama detectadas en León.
–Pieza separada Número 3: que, al igual que la anterior, se encuentra a la espera de la apertura de la fase de juicio oral, pivota en las supuestas concesiones ilícitas que la trama diseñada por Granados habría aprobado en Murcia.
–Pieza 4 o «Valdemoro». Según las indagaciones de Anticorrupción, la llegada de Granados a la Alcaldía de la madrileña localidad de Valdemoro, en 1999, provocó el comienzo de una serie de presuntas actuaciones urbanísticas «fraudulentas» que no se habían dado hasta entonces.
A partir de esa fecha, comenzaron una serie de revisiones del plan de ordenación urbana en Valdemoro que desembocaron en nuevas redacciones –«indiciariamente ilícitas»–del texto administrativo con cierta «facilidad», en una materia que requiere un «estudio detallado» de cada modificación. Unos chanchullos que habrían permitido a Granados hacerse con el 20 % de las operaciones inmobiliarias de Valdemoro durante su etapa como alcalde –«entre 3.000 y 6.000 euros por vivienda» durante el período de 1999 a 2007–y, a través de una sociedad en la que figuraba la mujer de su entonces jefe de gabinete Ignacio Palacios.
–Pieza Número 5: que se extiende sobre las derivadas de la trama de corrupción articulada a través de los contratos menores concedidos en los Ayuntamientos de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle. Hasta la fecha, el juez García-Castellón no ha dictado el auto de cierre de la instrucción, ni ha decidido por lo tanto sobre quiénes de los investigados archiva las actuaciones y sobre cuáles activa las acusaciones.
–Pieza Número 6: se encuentra exactamente en el mismo punto que la pieza inmediatamente anterior. Las prácticas indiciariamente ilegales se centran, en este caso, sobre la empresa Cofely.
–Pieza Número 7: en el marco de esta ramificación, resultante de las vinculaciones de la trama Granados con la mercantil Waiter Music, están formalmente acusados: el propio cabecilla de la misma; el exsenador David Erguido, quien prestó sus servicios en el gabinete de Presidencia de Esperanza Aguirre; y, los exalcaldes populares José Carlos Boza, José Miguel Moreno, María Ángeles Herrera, Carlos Alberto Estrada, Inmaculada Juárez, Esteban Parro y Daniel Ortiz. El fallecido empresario José Luis Huerta no llegó a ser imputado.
–Pieza separada número 8 o «Comunidad». Es una de las ramificaciones que continúa abierta y que se ha centrado en el paso de Granados por el Gobierno regional de Madrid. Presuntamente se cometieron, al amparo del cargo del segundo de Esperanza Aguirre, una serie de irregularidades en la construcción de infraestructuras: como las de las obras del Metro Ligero por parte de la empresa pública, ya extinguida, Madrid Infraestructuras del Transporte (Mintra), o las detectadas en la edificación del centro cultural de Bustarviejo.
–Pieza separada número 9 o «Caja B». Esta es, sin lugar a dudas, la investigación que presenta una mayor trascendencia política, no sólo por la dimensión de los delitos presuntamente cometidos sino porque el dinero opaco al fisco se empleó para financiar, de manera irregular, al menos tres campañas electorales autonómicas. En el marco de las pesquisas siguen imputados: dos expresidentes autonómicos, Esperanza Aguirre e Ignacio González; el extesorero regional del PP, Beltrán Gutiérrez; y, numerosos ex altos cargos de la formación, como el propio Francisco Granados o los exconsejeros José Güemes, Salvador Victoria, Gador Ongil o Borja Sarasola. El magistrado García-Castellón desgajó de esta pieza las confesiones sobre las «sobrefacturas» aportadas por el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y que, ahora, forman parte de la pieza número 13.
–Pieza número 10: sobre los trabajos de reputación en línea de las compañías de Alejandro de Pedro. no ha dictado el auto donde decide si procesa a los implicados o, por el contrario, archiva las acusaciones.
–Pieza número 11 o «Colegios». Se encuentra actualmente prorrogada. La Fiscalía rastrea varias cuentas bancarias de la mercantil Alfedel, SL, liderada por el empresario Alfonso Ferrón que supuestamente actuó como intermediaria entre la Comunidad de Madrid y varias cooperativas de profesores para obtener, previo pago de mordidas a la trama encabezada por Granados, los permisos administrativos necesarios para la construcción de colegios concertados, en terrenos calificados como suelo público.
–Pieza 12 o «Blanqueo de capitales». La investigación se encuentra a la espera de la información solicitada vía comisión rogatoria a Costa Rica –con origen en Mónica y destino Isla Mauricio– sobre los presuntos delitos de blanqueo de capitales en los que la trama habría incurrido para recuperar los beneficios obtenidos de forma ilícita, a través de testaferros e intermediarios. Estos colaboradores, que están a la espera de ser interrogados por la Fiscalía, habrían ayudado tanto a Francisco Granados como a Ramiro Cid Sicluna, un afamado promotor de la zona sur de Madrid, a ocultar su patrimonio al fisco español.
- Pieza 13, también conocida como 'caso Puerta de Toledo'. En mayo de 2021, el juez Manuel García-Castellón decidía ampliar la investigación de la pieza número 9 con esta separata, después de que Guillermo Ortega aportase una colección de facturas, en sede judicial, orientadas a probar que la empresa Mercado Puerta de Toledo, dependiente del Gobierno regional –y dirigida por el exalcalde de Majadahonda, en prisión por el 'caso Gürtel'–, infló facturas por valor de más de un millón de euros. Una nueva vía de financiación del partido, la denominada 'Caja B', que se utilizó para pagar los gastos de las diferentes campañas electorales.
La subtrama del PSOE de Madrid
Uno de los principales activos de la macrocausa, el empresario David Marjaliza confesó en sede judicial que, más allá de la trama Granados, también pagó «mítines, banderolas o bebidas» al que fuera exsecretario general del PSOE madrileño, Tomás Gómez, en la época en la que éste fue alcalde de Parla, como contraprestación a la adjudicación de «seis o siete parcelas» de terreno municipal para la edificación de viviendas protegidas. Como intermediario, actuaba el exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Conesa que, a su vez, recibía gratificaciones.
Entre Pinto y Valdemoro
Entre Pinto y Valdemoro alcanzo su máxima dimensión la trama de Púnica, salpicando al que fuera alcalde socialista de la primera, entre 1995 y 2005, Antonio Fernández, por la construcción del proyecto comercial y empresarial Plaza Éboli. Por estos hechos, la Justicia condenó al regidor a pagar, en 2014, una multa como autor de un delito de coacción y acoso laboral contra la funcionaria Paloma Crespo, trabajadora de Aserpinto. La sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial que anuló el fallo anterior y ordenó repetir el juicio.
En Valdemoro, Marjaliza pagó «más de 200.000 euros» a Alfredo Ovejero, jefe de gabinete del primer edil de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga, por adjudicarle a una de sus empresas la gestión de los parquímetros de la localidad, en 2012. La concesión del control del estacionamiento regulado en dicha localidad estaba por aquel entonces en manos de Sacyr y una de sus filiales.
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