Vence el mandato de Conde-Pumpido sin acuerdo entre PP y PSOE para la renovación del TC

Un plazo de diez días que vence el próximo 17 de diciembre, cuatro magistrados, entre ellos el presidente del Tribunal, y ni un mínimo signo de acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE para renovar el tercio de la Corte que debería refrescarse, coincidiendo con el fin del mandato de Cándido Conde-Pumpido al frente del Pleno del órgano constitucional.

Si nada lo remedia, in extremis la actual conformación del TC seguirá prorrogada hasta que los dos principales partidos del arco parlamentario sean capaces de pactar el reemplazo. Un escenario que parece poco probable, por varias razones: la primera, el interés de Pedro Sánchez por mantener a Conde-Pumpido a los mandos de las decisiones más políticas del Gobierno en materia judicial y enmendar, llegado el caso, las decisiones de la Sala Segunda del Supremo, a su medida; la segunda, la dificultad de sacar adelante la presidencia de un perfil afín a Conde-Pumpido, esto es su actual vicepresidenta Inmaculada Montalbán, en un contexto de grave debilidad política de los socialistas, con mayoría absoluta de los populares en el Senado, cámara encargada de las designaciones; y, tercero, la posibilidad de plantear la renovación, en otros términos, con el aval de una convocatoria de elecciones generales que, a medida que pasa el tiempo, y aún sin adelanto, está más cerca.

Así las cosas, Sánchez se debate entre acelerar el reemplazo de los magistrados salientes: dos profesionales, Ricardo Enríquez y José María Macías (que fue el último en incorporarse tras la renuncia por enfermedad de Montoya Melgar); y, dos izquierdistas, Conde-Pumpido y Ramón Sáez. O su continuidad forzosa en el cargo. Una opción, esta segunda, que no satisface al actual presidente de la Corte, dado que aspira a un nombramiento vitalicio, como parte del Consejo de Estado, y perpetuarse en el TC, a medida que avanza la legislatura, disipa sus posibilidades. No en vano, si no es con este Gobierno, Conde-Pumpido es consciente de que no podrá consumar su cándido retiro dorado.

Lo cierto es que la ley orgánica de la Corte de Garantías (LOTC), en el artículo 17.1 establece que el presidente debe dirigirse a la Presidencia del órgano al que le toque hacer «las propuestas para la designación de los nuevos magistrados», «antes de los cuatro meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos», en este caso el Senado, como ya sucedió el pasado verano.

Una muestra de la voluntad de Conde-Pumpido de cumplir con los plazos en busca de una salida que, en principio, le llevaría a su vez a sustituir a la ex presidenta del órgano consultivo, María Teresa Fernández de la Vega, que, por cuestiones de salud, podría verse obligada más pronto que tarde a renunciar al puesto.

Sea como sea, la próxima elección de cuatro nombres por parte de la Cámara, si se mantiene el reparto de bloques, no debería alterar el actual equilibrio de sensibilidades que juega a favor del Gobierno, con siete miembros propuestos por afinidad socialista y, el resto, a instancias de los populares.