El quién es quién de la Guardia Civil en la causa política contra la UCO
El sumario de las 'cloacas'
Los ocho guardias civiles a los que la trama quiso «purgar» tras reunirse Leire Díez con la directora general del cuerpo
El encuentro mantenido entre Mercedes González y la conocida como 'fontanera' socialista propició la apertura de una serie de expedientes de investigación internos contra los miembros de la UCO más incómodos para el Gobierno, a cargo de las causas de corrupción que salpican a la Moncloa y Ferraz
Los mandos de la Guardia Civil señalados en el atestado 93/2026 y las 16 actas de declaración de los testigos incorporadas al sumario del 'caso cloacas' que se sigue en la Audiencia Nacional actuaron en connivencia con la trama socialista liderada por Leire Díez y Santos Cerdán, para presionar a los mandos de la UCO, al frente de las investigaciones que se siguen contra la corrupción del Gobierno, a través de una campaña coordinada de descrédito. Para ello, la supuesta «organización criminal» socialista, con sede en Ferraz, habría contado con la colaboración de varios nombres propios que dieron órdenes directas de mirar hacia otro lado so pena de ser purgados como «elementos subversivos» que actuaban contra los «intereses» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que había que «proteger».
Así las cosas, en la base de la pirámide, el capitán Juan Sánchez Yepes es uno de los principales señalados, tras resultar captado por la red y, actualmente, señalado por cohecho y revelación de secretos. Según la investigación de sus propios compañeros, Sánchez Yepes aportó información protegida por la normativa de secretos oficiales sobre la estructura y funciones de la UCO a la organización dirigida por Cerdán y su 'fontanera' y lo hizo a cambio de que se le ofreciera protección en la causa penal donde él mismo estaba siendo investigado.
Mientras, en la cúspide, de la cúpula directiva señalada por presiones e injerencias a los jefes de las unidades de policía judicial, el ex director general del Instituto Armado, Leonardo Marcos, al que se le atribuyen reproches explícitos, tanto al jefe de la UCO como al JPJ por sus investigaciones «prospectivas y malintencionadas» sobre el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. Hasta el punto de exigir a los agentes que se mantuvieran al margen y ordenarles la elaboración de un informe en el que se concluyera que «no había nada» delictivo en los correos incautados en la Diputación de Badajoz que, presuntamente, enchufó al músico por sus vínculos familiares.
En una línea similar, el Director Adjunto Operativo (DAO) ha quedado en entredicho por haber ordenado a los investigadores de la UCO que, en procedimientos con «corrupción política», la Unidad no fuera proactiva y que los agentes «se pusieran de perfil». Además, ordenó la apertura de informaciones reservadas (investigaciones internas) contra la UCO tras publicarse noticias sobre el entorno del presidente Sánchez.
Y, por último, la máxima responsable política de la Guardia Civil, Mercedes González. Los informes recogen que Leire Díez presumía ante terceros de tener control sobre ella y de que la Directora esperaba el «feedback» de sus reuniones para ejecutar una «purga» de «elementos subversivos» en la institución. 3. Mandos de la UCO señalados como objetivos de descrédito La organización criminal tenía como fin principal desacreditar a los mandos que dirigían investigaciones sensibles para el PSOE y el Gobierno.
EL organigrama de mandos que actuaron para represaliar a los miembros de la UCO asignados a las investigaciones judiciales que acorralan al núcleo duro de Sánchez
Entre los señalados como «objetivos» por Leire Díez figuran, por el contrario, el teniente coronel Antonio Balas, al frente de la Unidad Central Operativa que, en coordinación con la Audiencia Nacional y el Supremo es el nexo común en todas las causas que afectaban al Partido Socialista. De ahí que la trama buscase información para desacreditarlo y «quitarlo de en medio».
El capitán Juan Vicente Bonilla, señalado para sufrir una campaña de desinformación que buscaba atacar su profesionalidad y honorabilidad.
El coronel Manuel Sánchez Corbí, ex mando ya retirado del servicio activo del Instituto Armado que, sin embargo, era recurrente en las conversaciones de la organización que buscaba confirmar si seguía teniendo control sobre las investigaciones para intentar desestabilizarlo.
El coronel Rafael Yuste, máximo jefe de la UCO, aparece: mencionado como uno de los situados en la diana de la purga y presionado a través de las informaciones reservadas y la solicitud de organigramas nominativos.
El teniente Coronel Basilio Sánchez fue acusado por la organización de destruir pruebas en ordenadores de la Audiencia Nacional y de fabricar pruebas falsas.
El teniente general Arturo Espejo, vinculado por Leire Díez a la supuesta contratación irregular de sistemas de escuchas telefónicas manipulables.
Finalmente, los informes mencionan que la organización pretendía extender estas acusaciones de «corrupción y puterío» a otros oficiales de la UCO, como el coronel Ismael Abad o el comandante Redondo, con el fin de forzar un cambio de defensa en los investigados y controlar las estrategias judiciales que cercan de corrupción al entorno familiar y político más directo de Pedro Sánchez.
