El quién es quién de la Guardia Civil en la causa política contra la UCO
El sumario de las 'cloacas'
Los ocho guardias civiles a los que la trama quiso «purgar» tras reunirse Leire Díez con la directora general del cuerpo
El encuentro mantenido entre Mercedes González y la conocida como 'fontanera' socialista propició la apertura de una serie de expedientes de investigación internos contra los miembros de la UCO más incómodos para el Gobierno, por investigar las causas de corrupción que salpican a la Moncloa y Ferraz
Los mandos de la Guardia Civil señalados en el atestado y las testificales se dividen principalmente entre aquellos investigados por colaborar con la organización, la cúpula directiva acusada de ejercer presiones, y los mandos de la UCO que eran objetivos de campañas de descrédito. Para ello, la trama contó con la colaboración de varios nombres propios que resultaron, finalmente, investigados por su cooperación con las 'cloacas' socialistas que buscaban desprestigiar a sus compañeros y «purgar» a los considerados elementos incómodos.
Así las cosas, en la base de la pirámide, el capitán Juan Sánchez Yepes que es uno de los principales señalados en la organización criminal y señalado por cohecho y revelación de secretos. Según la investigación, aportó información protegida por la normativa de secretos oficiales sobre la estructura y funciones de la UCO a la organización dirigida por Santos Cerdán y Leire Díez, a cambio de que se le ofreciera protección en la causa penal donde él mismo estaba siendo investigado.
En la cúspide, de la cúpula directiva señalada por presiones e injerencias, el ex director general del Instituto Armado, Leonardo Marcos, al que se le señala por haber reprochado tanto al jefe de la UCO como al Jefe de la Policía Judicial su investigación sobre el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. Calificó el oficio de la UCO como «totalmente prospectivo y malintencionado» y ordenó que se elaborara un informe en el que se concluyera que «no había nada».
En una línea similar, el Director Adjunto Operativo (DAO) ha quedado en entredicho por haber ordenado a los investigadores de la UCO que, en procedimientos con «corrupción política», la Unidad no fuera proactiva y que los agentes «se pusieran de perfil». Además, ordenó la apertura de informaciones reservadas (investigaciones internas) contra la UCO tras publicarse noticias sobre el entorno del presidente Sánchez.
Y, por último, la máxima responsable política de la Guardia Civil, Mercedes González. Los informes recogen que Leire Díez presumía ante terceros de tener control sobre ella y de que la Directora esperaba el «feedback» de sus reuniones para ejecutar una «purga» de «elementos subversivos» en la institución. 3. Mandos de la UCO señalados como objetivos de descrédito La organización criminal tenía como fin principal desacreditar a los mandos que dirigían investigaciones sensibles para el PSOE y el Gobierno.
EL organigrama de mandos que actuaron para represaliar a los miembros de la UCO asignados a las investigaciones judiciales que acorralan al núcleo duro de Sánchez
Entre los señalados como «objetivos» por Leire Díez figuran, por el contrario, el teniente coronel Antonio Balas, al frente de la Unidad Central Operativa que, en coordinación con la Audiencia Nacional y el Supremo es el nexo común en todas las causas que afectaban al Partido Socialista. De ahí que la trama buscase información para desacreditarlo y «quitarlo de en medio».
El capitán Juan Vicente Bonilla, señalado para sufrir una campaña de desinformación que buscaba atacar su profesionalidad y honorabilidad.
El coronel Manuel Sánchez Corbí, ex mando ya retirado del servicio activo del Instituto Armado que, sin embargo, era recurrente en las conversaciones de la organización que buscaba confirmar si seguía teniendo control sobre las investigaciones para intentar desestabilizarlo.
El coronel Rafael Yuste, máximo jefe de la UCO, aparece: mencionado como uno de los situados en la diana de la purga y presionado a través de las informaciones reservadas y la solicitud de organigramas nominativos.
El teniente Coronel Basilio Sánchez fue acusado por la organización de destruir pruebas en ordenadores de la Audiencia Nacional y de fabricar pruebas falsas.
El teniente general Arturo Espejo, vinculado por Leire Díez a la supuesta contratación irregular de sistemas de escuchas telefónicas manipulables.
Finalmente, los informes mencionan que la organización pretendía extender estas acusaciones de «corrupción y puterío» a otros oficiales de la UCO, como el coronel Ismael Abad o el comandante Redondo, con el fin de forzar un cambio de defensa en los investigados y controlar las estrategias judiciales que cercan de corrupción al entorno familiar y político más directo de Pedro Sánchez.
