Vicente Garrido: «La Constitución proclama el derecho a la vida, no existe derecho a la muerte»

Vicente Garrido es catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia. En 1996, fue nombrado Secretario General del Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana -órgano que presidió entre los años 2003 y 2016, del que es presidente honorífico- y donde ha deliberado sobre más de 15.000 dictámenes y redactado más de 1.000 ponencias. Autor de cuatro libros, fue condecorado con la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, otorgada por Orden del Ministro de Justicia, el 17 de junio de 2016. Unos años antes ya había recibido la Cruz Distinguida de Primera Clase de la misma Orden.

Tras haber presidido la Fundación Profesor Manuel Broseta, durante algún tiempo y ejercer como vocal de la Comisión de Codificación Civil valenciana, 2018; actualmente es miembro del patronato de la Fundación Víctimas del Terrorismo; director de la Cátedra de Derecho Autonómico Valenciano de la Universidad de Valencia, desde 2003; y, miembro del Patronato de la Fundación Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir donde ha sido Profesor entre 2009 y 2016.

A quienes no les gusta la Constitución actual, prefieren un régimen no democrático y con libertades capadas

Además, ha liderado cuarenta congresos y jornadas y pronunciado más de ciento cincuenta conferencias, también, en Universidades extranjeras -Bolonia, Sicilia, Udine, Siena, Bogotá, Coimbra o Luxemburgo-. Ha dirigido siete tesis doctorales.

–Una curiosidad... entre esas tesis ha sido usted director de la de Francisco Camps, ¿sobre qué tema ?

–Fue una tesis de derecho electoral en la que, además de hacer un repaso al derecho histórico español. estudió también el derecho comparado y que hacía determinadas propuestas de reforma de nuestro sistema. Él apuesta por un sistema mayoritario como el británico. Quizás así se escogería a los mejores, se evitaría el poder omnímodo de las cúpulas de los partidos y que personas sin valía, pero con la destreza de estar siempre junto al mandamás de turno, se eternicen en su escaño sin resultados de provecho. La tesis está publicada por la Universidad Católica de Valencia de la que Camps es profesor. Vale la pena consultarla.

–Esta semana se ha puesto juicio al último de las diez causas abiertas contra él. Tras nueve absoluciones, la pregunta es ¿cómo lo valora usted desde un punto de vista legal?

–Todas las acciones emprendidas contra Paco Camps tienen un trasfondo político y, aunque casi todas terminaron en absoluciones o sobreseimientos, han conseguido lo que pretendían: apartarle de la primera línea política. Era un contrincante difícil de combatir y de ganar en unas elecciones. Por eso trataron de destruirle en los tribunales. Y ya se sabe que la rapidez en la resolución de los casos no es una cualidad de la Justicia española...Conozco bien todos los procesos y siempre estuve seguro de un final favorable a sus intereses. Y conozco bien el único caso pendiente de juicio, y puedo afirmar que también debe acabar bien. La instrucción por encargo del juez De la Mata es de manual... para estudiar en un Máster de Derecho Penal lo que un instructor nunca debe hacer. Lo digo con todo respeto a las personas pero en ejercicio de mi libertad de expresión.

–¿Se respeta en España el derecho constitucional a la presunción de inocencia?

–Se infringe en muchas ocasiones y los más perjudicados son siempre quienes ostentan cargos y con mayor trascendencia pública porque son víctimas de los juicios paralelos, de los linchamientos mediáticos. Una Directiva europea, por cierto aún no traspuesta, prohíbe que las autoridades hagan alarde de acusación frente a ciudadanos que se sitúan en posición de absoluta indefensión. Aquí da igual. Se infringe constantemente.

–¿Cómo valoraría usted la salud de la Constitución del 78? ¿Es necesario cambiarla?

–Soy decidido y entusiasta defensor de la Constitución de 1978, y del régimen que establece, que no es otro que la democracia y la libertad. No es necesario cambiarla. ¿Es conveniente?, en ciertos aspectos sí. No es el momento. Algunas cuestiones podrían revisarse tras más de cuarenta años de vigencia pero hacerlo implica alcanzar un grado de consenso similar al de cuando se aprobó. Ojalá permanezca vigente muchos años porque es curioso que a quienes no les gusta es porque prefieren un régimen no democrático y con libertades capadas.

La Ley de Memoria Democrática rompe el pacto del 78. Durante la guerra, y a su fin, hubo miles de españoles afectados, no sólo los de un bando. Parece que sólo hay que atender a las familias de los republicanos

–En los últimos meses se han producido algunas reformas decisiones políticas legales muy discutidas… ¿tienen sentido los indultos como se han aplicado a los cabecillas del procés?

–En mi opinión, no. Se han acordado, ¿a cambio de qué? De contar con determinados votos en el Parlamento, para ganar tranquilidad. Y ¿qué se ha conseguido? Un tratamiento desigual entre ciudadanos. Lo han hecho con golpistas, ¿con violadores se hubieran atrevido? Se fomenta, además, que sigan haciendo el cafre y sembrando discordia entre catalanes. No ganarán, como no ganó la ETA en el País Vasco. Unos y otros son contrarios a la democracia y a la libertad.

–La ley de Memoria Democrática también ha sido foco de polémica. ¿Es legal revisar la historia?

–Esa ley rompe el pacto del 78. Durante la guerra, y a su término, hubo miles de españoles afectados; no sólo los de un bando. Y parece que haya de atender sólo a las familias de los muertos republicanos. Es sencillamente una canallada, porque muchos del bando ganador jamás recibieron reparación alguna. Para desenterrar en las fosas y en las cunetas no hace falta una ley.

–¿Cabe en nuestro marco legal la derogación tácita de la Ley de Amnistía que está sobre la mesa?

–La Amnistía desplegó sus efectos en su momento y no cabe marcha atrás. Cuando te han dado de beber no te pueden pedir años después que devuelvas el agua. Todo es un postureo absurdo para intentar dividir al pueblo.

–¿Cree que hoy tenemos más libertad de expresión que hace cuarenta años? O la tenemos sólo según cuál sea esa opinión…

–Hace 40 años la recuperamos. Ahora la tenemos pero, a veces, se sobrepasan sus límites y se practica el discurso del odio, la ofensa gratuita y el insulto. Prácticas que se debían castigar con más contundencia.

–¿Considera viable que la persecución del Gobierno, que entrará en vigor en abril, sobre quienes recen frente a clínicas abortivas, se aplique en la práctica?

–Es absurdo y un clarísimo ataque a la libertad de expresión. Uno puede rezar donde tenga por conveniente, sólo o acompañado, y si a alguien no le gusta que mire para otra parte porque rezar es lícito. No supone acoso aunque siempre hay quien pueda sentirse acosado. Ése es su problema.

–¿Y qué me dice, en plena huelga de varios sectores estratégicos sobre que el Gobierno proteste contra los piquetes 'violentos' que él mismo despenalizó?

–Tiene gracia y recuerda al cazador cazado. Cuando la huelga es contra las políticas de uno molesta y hay que atacarla. Cuando es contra otro se aplaude porque le puede debilitar. Como los escraches: cuántos de los que los practicaban se indignan porque ahora se los apliquen a ellos...

–¿Qué futuro augura a los recursos de inconstitucionalidad más candentes, como la Ley educativa Celaá, o la Ley de Eutanasia?

–La Constitución se impone a cualquier ley y la libertad de enseñanza está garantizada. Lo que exige ayudas a la concertada y becas para todos, con independencia del tipo de enseñanza escogido. En cuanto a la eutanasia…no hacía falta una ley cuando se viene practicando desde hace mucho tiempo la medicina paliativa. Parece que la ley sólo se justifica para lo que se conoce como suicidio asistido. Pero la Constitución proclama el derecho a la vida, no existe derecho a la muerte.