Julián Sánchez Melgar: «El CGPJ debe renovarse cuanto antes, es una obligación constitucional»

Julián Sánchez Melgar (Palencia, 1955) ingresó en la Carrera Judicial, por oposición, en enero de 1983 y pertenece a su 29 Promoción. Es magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desde el 19 de enero de 2000. Antes, atesoró varios destinos como juez hasta que, en 1987, ascendió a magistrado en la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona. Más tarde llegarían Santander y Cantabria hasta asumir, con apenas 37 años de edad la Presidencia de la Audiencia Provincial de Ávila.

Desde 2004 fue designado magistrado suplente para el control de las actuaciones el CNI que afecten a derechos fundamentales y cesó en 2017 tras se nombrado Fiscal General del Estado, y miembro nato del Consejo de Estado, como sucesor del fallecido José Manuel Maza. Le ha sido concedida como grandes honores: la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, como colofón a la propia distinción de primera clase concedida en 1992; Mención Especial Soledad Cazorla del Observatorio contra la Violencia de Género y Diploma e Insignia de Oro del Ilustre Colegio de Abogados de Palencia. Además, ha sido distinguido con las cruces al mérito policial, al mérito militar, y por diversos cuerpos policiales, así como por asociaciones de lucha contra la violencia de género, contra los accidentes de tráfico, y asociaciones de familiares de Alzheimer, tanto la de su ciudad natal, Palencia, como la de Ávila, en donde se le ha nombrado embajador de AFAVILA.

Cuenta con numerosas publicaciones científicas en revistas especializadas y es académico de número de la Sección de Derecho de la Institución de Investigaciones y Estudios Abulenses «Gran Duque de Alba», dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, desde 1998. Y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Es también Vicepresidente de la Asociación de Juristas y Profesionales San Raimundo de Peñafort.

Ha sido vocal del Consejo Rector de la Escuela Judicial y es miembro fundador del Comité Científico de la Cátedra de Estudios Policiales UCAV (2019). Actualmente, compagina su actividad jurisdiccional con el puesto de Profesor de Derecho Penal del Centro de Estudios Superiores «Cardenal Cisneros», adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, compatibilidad autorizada por el CGPJ.

–¿Cómo valoraría usted la salud de la Justicia en España?

–La salud de la Justicia en España es buena pero, también, mejorable. Debe adelgazar en los tiempos sin renunciar a sus estándares de calidad. En este sentido, todas las encuestas muestran la satisfacción de la ciudadanía con el nivel de las resoluciones, incluyendo la complacencia de los profesionales del Derecho y de sus colegios profesionales. Por ello, siempre he dicho que en todos los frontispicios de nuestros palacios de Justica, yo pondría, a modo de subtítulo, resoluciones predecibles en un tiempo razonable, como eslogan de nuestro servicio.

–Y, en especial, la del Supremo... ¿en qué estado se encuentra el Alto Tribunal?

–No soy yo quien debe responder a esta pregunta porque soy corresponsable, como todos los magistrados, de su funcionamiento. Creo que va por los mismos derroteros que la Justicia en general. La Sala Segunda, con Manuel Marchena al frente, ha dado un cambio muy importante, impulsando un buen ritmo de calidad y transparencia; estamos viviendo un buen momento. Esta Sala es un magnífico equipo que funciona en pro de ofrecer una Justicia de calidad que, por lo que afecta a mis compañeros, despliega razonabilidad y motivación en grandes dosis, lo que se refuerza en los asuntos que se señalan para Pleno, porque la función nomofiláctica es el cometido más importante de todo Tribunal Supremo.

–Tienen cada vez más trabajo...

–Contamos con el apoyo del Gabinete Técnico que realiza una función extraordinaria, en la fase previa de admisión de asuntos. El presidente Marchena ha dicho en ocasiones, con razón, que es nuestra sala de máquinas, sin cuyo buen funcionamiento el buque no podría navegar. Pero no contamos con apoyos técnicos personales, fuera de algún asunto puntual, y yo creo que esa línea debe explorarse más.

–¿Cómo está afectando al funcionamiento del Supremo la parálisis en la renovación del CGPJ?

Es una anomalía. La paralización de los nombramientos judiciales pendientes, consecuencia de la falta de renovación del CGPJ, provoca que el funcionamiento del Tribunal Supremo se esté resintiendo.

–Considera entonces que debe renovarse cuanto antes?

- Sin duda. Es una obligación constitucional que deben cumplir las formaciones políticas y, ya con el tiempo transcurrido, cuanto antes.

No tiene sentido que si los jueces están legitimados para ser titulares del Poder Judicial, no lo estén para elegir a los vocales del CGPJ, que es quien les gobierna

–¿De qué forma?

–Lo haría en la forma legalmente prevista en este momento aunque quiero matizar que soy partidario de modificar en el futuro la forma de elección de los vocales del CGPJ para adaptarlo al sistema diseñado por la Constitución. Aunque el sistema actual es constitucional, lo cierto es que el espíritu del artículo 122.3 está pensando en la elección de doce vocales no solamente entre jueces y magistrados, que eso es indudable, sino por jueces y magistrados. En mi opinión, no tiene sentido que si los jueces están legitimados para ser titulares del Poder Judicial, no lo estén para elegir a los vocales del CGPJ, que es quien les gobierna, como les corresponde. Me parece un principio democrático. Además, este sistema confiere mayor independencia al órgano.

–Es usted uno de los magistrados más favorables a la Prisión Permanente Revisable en los casos de delitos contra menores, ¿cuál es la postura actual del Supremo?

–En primer lugar, yo soy partidario de hacer cumplir la ley que es nuestro principio y fin como jueces. La implantación de la Prisión Permanente Revisable por el legislador de 2015, supuso una renovación del sistema punitivo y dio lugar a una discusión, que ha zanjado el Constitucional, a favor. En el caso de asesinatos de menores, la razón de la imposición de tal pena parece evidente. En mi opinión, no tiene sentido que no se aplique para quienes matan a niños y sí se haga en caso de adolescentes. Y ello es consecuencia de que el fundamento de la alevosía es uno, y de la prisión permanente revisable, otro: fortalecer la protección de la vida de los menores. En cualquier caso, estaremos, como siempre hacemos, a lo que diga la mayoría del Pleno de la Sala.

–¿En qué proporción resuelve la Sala de lo Penal asuntos sobre abusos sexuales?

–Los delitos contra la libertad sexual han aumentado de forma exponencial por el mayor número de denuncias que se producen hoy día y de la conciencia social de reprimir este tipo de conductas. Dicho esto, tales delitos tienen un aspecto probatorio, a menudo dificultoso, en razón a que se cometen, por lo general, en la intimidad, lo que les crea una problemática añadida de enjuiciamiento.

–La sentencia contra La Manada de Pamplona supuso un punto de inflexión, ¿cree usted que la dureza de las condenas actúa como disuasorio para este tipo de delincuentes?

–La Sentencia de 4 de julio de 2019 puso fin a la polémica del caso sobre abuso o agresión sexual decantándose por esta última modalidad delictiva pero dictando, y eso es lo importante, doctrina general acerca de este tipo de delitos, que se proyectará en el resto de todos los tribunales de España. Un buen marco legal, y de eso se debatirá pronto en el Parlamento, ayudará mucho para la lucha contra este delito, como para la problemática de las agresiones múltiples o grupales. Siempre será necesario el abordaje de esta cuestión en todas sus facetas, investigación, enjuiciamiento, enseñanza y formación para los profesionales encargados de perseguir estos crímenes, sin olvidarnos nunca de las medidas sociales y educativas.

–¿Han notado un incremento del uso de sustancias químicas para consumar los abusos?

–Nosotros no manejamos estadísticas de este tipo. Nos encontramos con esta clase de delincuencia en los casos que resolvemos. Hace bien el prelegislador cuando señala que es lo mismo agredir sexualmente a una mujer intimidándola con un instrumento amenazante que proporcionándole subrepticiamente una sustancia química para violarla. La equiparación me parece evidente. No tiene sentido que una cosa sea un abuso y otra una agresión. Ambas son lo mismo.

–¿Cree usted que la Justicia ha cambiado la forma de abordar estos casos? Se les suele tildar de machistas…

–La Justicia no puede ser hoy día tildada de machista. Está formada por mujeres y hombres y no tiene género, sino profesionalidad y sensibilidad. Se ha conseguido un avance extraordinariamente importante en las lucha contra la violencia de género, donde no solamente la Sala Segunda del Supremo responde de forma muy significativa. Todos los tribunales de España lo hacen para erradicar una lacra social intolerable. Materias como la agravante de género, la alevosía doméstica, o la última sentencia del Pleno sobre la dispensa, acogida como norma por el legislador el año pasado, son hitos en esta lucha, en la que todos participamos.

–Recientemente, también, de prevaricadores. ¿Considera usted que el señalamiento a los jueces individualizadamente se está convirtiendo en una forma de desprestigiar a la Justicia?

–El respeto es uno de los principios de la democracia. Se puede disentir de una resolución judicial pero con razones, no con expresiones abruptas ni mucho menos calumniosas. Cuando se opera así, es que no se tienen más argumentos. Me parecen intolerables los ataques a una institución en su conjunto, porque se ofende tanto a la institución como a quienes la representan.

La Justicia no puede ser hoy día tildada de machista. No tiene género, sino profesionalidad y sensibilidad

–¿Se está judicializando la política o politizando la Justicia?

–Lo único que puedo decir es que mientras un juez tenga puesta la toga no debe entrar en política. La separación de poderes es imprescindible para la salud del sistema democrático.

–Recientemente ha rechazado usted la demanda planteada por Puigdemont para la recusación de su compañero Pablo Llarena, ¿nos la puede explicar?

– Se trataba de resolver si un juez pierde su imparcialidad por recibir un premio a los valores constitucionales pero, como está pendiente un recurso de reforma, es mejor que me pronuncie a través de las resoluciones judiciales.

–Usted ha sido fiscal general del Estado ¿cómo ve las polémicas que afectan a la actual titular, Dolores Delgado?

- He sido fiscal general del Estado y, como tal, sé de la responsabilidad y de la dureza de ese cargo público. Por tanto, siempre respetaré la gestión de los asuntos que la Constitución española les encomienda en su art. 124.

–A propósito, ¿cómo ve la Fiscalía como institución?

–Tengo un concepto altísimo de los integrantes de la carrera fiscal, que son el alma mater de la institució y que cuenta con un capital humano extraordinario. Admiro dos cosas: su especialización y su trabajo en equipo. El Ministerio Fiscal no debe ser considerado solamente en su faceta de persecución del delito a través del proceso penal, que por otra parte es totalmente necesaria, sino también como el garante y defensa de los menores, ancianos y discapacitados; en general, un amparo a las personas más vulnerables.

–¿Qué futuro ve a las investigaciones abiertas contra la Comunidad de Madrid por la adjudicación de contratos de emergencia?

–Al tratarse de un tema en fase de instrucción, no debo hacer ningún comentario al respecto.

–¿Cómo ve, con el paso de los años, lo mejor y lo peor de la Justicia en España?

–La Justicia como todas las instituciones, especialmente ésta, porque es uno de los tres poderes del Estado, está en continúa evolución y crecimiento y lo debe hacer de la mano de las reformas legislativas que la doten de una mayor accesibilidad y confianza, con un buen sistema procesal y con las reformas estructurales necesarias para seguir creciendo. En suma, mantener la sensibilidad personal y social en cada caso resuelto, ahondar en la motivación y la razonabilidad, como modo de evitar la arbitrariedad en las decisiones, cimentar la presunción de inocencia como principio básico de la actuación judicial, transmitiendo como normal que a alguien se le absuelva si no hay pruebas

–¿Desde el punto de vista mediático?

–Lograr la transparencia en toda actuación de la Justicia, a través de los gabinetes de prensa, evitando los juicios paralelos que tanto daño producen en su funcionamiento. En mi etapa de fiscal general del Estado siempre decía que todo lo que hacemos lo vamos a explicar y así surgió un lema de significativa transparencia.

–¿Y los jueces estrella?

–No hay lugar en la Justicia para el estrellato, solamente para la humildad, el buen oficio, la profesionalidad; al fin y al cabo, la popularidad no es más que mera calderilla.

–¿Qué otro tipo de reformas echa en falta?

–Para mí es muy importante educar en Justicia. La Justicia, como poder que resuelve conflictos interpersonales debe estudiarse en los colegios, con sus principios y características. El CGPJ ya utiliza un mecanismo de difusión a los jóvenes que estudian el bachillerato que se denomina «Educando en Justicia», que recrea un juicio en el que los alumnos intervienen como actores del proceso, en los distintos papeles que se ofrecen en una vista oral de la naturaleza procesal de que se trate. Miles de alumnos han pasado ya por esta experiencia y ven las cosas de otra manera.

–¿Qué papel cree que tienen los profesionales del Derecho en el mundo de la Justicia?

–Yo insisto con frecuencia que los profesionales del Derecho, todos ellos en sus diversas facetas, y los jueces, vestimos la misma toga y llevamos a cabo la misma misión desde diversas perspectivas. Por lo tanto, deben entenderse y coordinarse funcional e institucionalmente. Además, el proceso es la resolución de un conflicto a través de un método pacífico. En el juicio predominan las formas y hay que guardarlas, por lo que debe predominar es el respeto por la función y el cometido de cada una de estas profesiones.

–Hoy se habla mucho de la mediación, ¿qué le parece?

– Deben contemplarse métodos alternativos de resolución de conflictos. La mediación debe ser un mecanismo que, no solamente aligere a los tribunales de trabajo, sino que suponga una nueva forma de resolución de las diferencias interpersonales, previa a la vía judicial, cuando no sea posible otra manera de resolver tales diferencias. Son espacios distintos, con fórmulas especiales, pero dirigidos a un mismo fin: contribuir a la paz social mediante el derecho.

Queda mucho camino por recorrer en materia de legislación específica para enfermedades mentales

–¿Debe cambiarse el sistema clásico del acceso a la judicatura mediante oposición?

–Existen distintas vías de acceso aunque la más numerosa sea superar la oposición que es conjunta con la Carrera Fiscal. Debe mantenerse este sistema porque es muy objetivo y evita cualquier clase de influencia en el reclutamiento de los que serán futuros jueces tras su paso por la escuela judicial de manera que los jueces no deben su puesto a nadie, sino a su propio esfuerzo y superación de la oposición, eso les confiere una gran independencia. Yo optaría por la recuperación de un examen práctico, unido a los tres exámenes actuales y rescataría, también, las facultades para que el tribunal que examina valore la comprensión de los temas expuestos por el opositor, mejor que un ejercicio meramente memorístico.

–¿Está preparada la judicatura española?

–Con un nivel de conocimientos adquiridos fuera de lo común, no solamente durante la oposición, sino también en la escuela judicial. A todo ello se imprime un imprescindible aprendizaje en la formación que recibe toda la carrera durante toda su vida profesional. Lo mismo debe decirse de los letrados de la Administración de Justicia y de los cuerpos que sirven en ella.

–A medida que avanza la tecnología se hacen necesarios nuevos posicionamientos. ¿En qué ha consistido su reciente sentencia sobre patinetes eléctricos?

–La Sentencia de la que fui ponente sobre los patinetes eléctricos (VMP) supone que, por primera vez y en Pleno de la Sala Segunda, el Tribunal Supremo haya dictado doctrina legal sobre unos vehículos que se encuentran en nuestras calles, que necesitan regulación pero, también, de un pronunciamiento judicial sobre sus características, su condición o no de ciclomotores y toda una serie de aspectos de interés desde el plano procesal y el penal que era lo que el Ministerio Fiscal nos pedía. Y, así lo hicimos, de la mano precisamente del Dictamen correspondiente del Fiscal de Sala coordinador de la seguridad vial, Bartolomé Vargas, a quien quiero dejar aquí mi testimonio de consideración ante su próxima jubilación.

–Es usted una persona comprometida contra el Alzheimer, ¿es suficiente la regulación en materia de enfermedades mentales?

–Las enfermedades mentales tienen cada vez más impacto en nuestra sociedad; y, muchas de ellas, como el Alzheimer, están muy extendidas y provocan una gran problemática social y familiar, que debe contribuirse a paliar desde todos los ámbitos públicos que sean posibles, además del voluntariado. La nueva legislación en materia de apoyo a la discapacidad va por esos derroteros, pero queda mucho camino por recorrer. Mi madre padeció esa enfermedad y yo quiero devolver, en la medida de mis posibilidades, el apoyo que recibí de las asociaciones de familiares, con mi aportación personal, en todo aquello que necesiten. Estoy muy agradecido a Afavila y, también, a Afapalencia.