El presidente del Gobierno tendrá que explicar su gira en falso por Estados Unidos, en la que no le recibió Biden, obligado por la ley
Reclamación de El Debate ante Transparencia Sánchez, forzado a publicar el dispendio de su fallida gira promocional por EE.UU.
El presidente del Gobierno, obligado por una petición de este periódico a desvelar cuánto gastó, en qué hoteles se alojó, con quién se reunió y quién le acompañó en un viaje infructuoso a Estados Unidos
Pedro Sánchez tiene que difundir a la opinión pública todos los detalles de la «excursión» a Estados Unidos que emprendió el pasado mes de julio, a bombo y platillo, para camuflar la aparatosa indiferencia del presidente Joe Biden hacia su Gobierno y, supuestamente, vender las bondades de España como destino inversor.
De aquel costoso viaje, organizado con urgencias para compensar la mala imagen del paseo de 20 segundos de Sánchez con Biden que Iván Redondo quiso presentar como una «cumbre», nada trascendió: ni cuánto había gastado el presidente, ni con quién había ido ni a quién había visto, más allá de los detalles propagandísticos difundidos por Moncloa en tiempo real para abrir los Telediarios.
Hasta ahora. El Debate ha logrado el amparo del Consejo de Transparencia y obliga al Gobierno, en una resolución histórica, a poner a disposición del periódico toda la información reclamada para reconstruir el coste y los resultados de la «expedición» de Sánchez, vendida en su momento como una gira sin precedentes por Nueva York, Los Ángeles o San Francisco y tapada a continuación con el manido «secreto de Estado».
Pese a la estrategia de Moncloa de publicitar primero la imagen internacional de Sánchez y a continuación esconder el alto derroche y los nulos resultados; la resolución 746/2021 derriba el veto del Gobierno, se suma a otra anterior con número de serie 745/2021 lograda igualmente a instancias de El Debate en la misma línea, y le obliga legalmente a informar con pelos y señales de todos los detalles, con una precisión demoledora que literalmente reza lo siguiente:
1.- Importe de los gastos de alojamiento del presidente del Gobierno durante el mencionado viaje y relación de establecimientos donde se alojó.
2.- Importe de los gastos de desplazamientos efectuados por el presidente del Gobierno durante dicha visita, con indicación de medios de transporte empleados.
3.- Importe total del viaje del presidente del Gobierno y de sus acompañantes.
Tan relevante como el «fallo» del Consejo de Transparencia en favor de El Debate es la justificación que da, una enmienda a la totalidad del comportamiento habitual de Sánchez, sustentado siempre en el ocultismo y la utilización perversa de leyes para prolongarlo, ahora derrotados para que «los ciudadanos puedan conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones», reza de manera literal la resolución.
El varapalo a Sánchez no se detiene en la imposición de obligaciones y en el tirón de orejas por tratar de esquivar la rendición de cuentas ante la ciudadanía. También desmonta la estrategia defensiva de Moncloa, que intentó escaparse alegando la imposibilidad de fragmentar los gastos o la necesidad de preservar la seguridad de la comitiva:
«Ni los datos solicitados tienen un carácter complejo, ni la información se halla dispersa y diseminada en poder de varios órganos, ni está almacenada en diferentes soportes físicos e informáticos. Antes bien, se encuentra en la esfera de disposición del órgano requerido, ubicada en expedientes determinados y habiendo sido ya objeto de tratamientos previos», resuelve el contundente desmentido a Sánchez.
El Consejo de Transparencia no solo obliga a Sánchez a dar cuentas, también derriba toda su estrategia ocultista con dos resoluciones a favor de El Debate
La desautorización es absoluta, hasta el punto de exigirle al Gobierno precisiones muy concretas sobre todo, incluso con una «relación de acompañantes del presidente del Gobierno al viaje con indicación del nombre y puesto que desempeñan o en virtud del cual fueron invitados al mismo, excluyendo a la tripulación y el personal de seguridad».
Algo que Sánchez esconde habitualmente, incluso para casos como el de Arabia Saudí, donde conformó una comitiva de 45 personas para una visita de solo 28 horas sin dar ninguna explicación: la gran diferencia es que ahora, por primera vez y por el empeño de este periódico, Moncloa sí tendrá que informar de quiénes y con qué justificación le acompañaron a los Estados Unidos.
Aún más, la resolución conseguida por El Debate derriba definitivamente el modus operandi de Sánchez en casi todo lo que ha venido haciendo desde 2018 con los recursos públicos, explotados en su favor y apartados luego del escrutinio público con una coartada legal, la Ley de Secretos Oficiales aprobada inicialmente por Franco en 1968, que también queda «revocada» para este caso y otros similares, en consecuencia, como el uso indiscriminado del Falcon para asuntos personales o del PSOE.
«Es evidente que el alcance de lo clasificado como secreto o reservado no se extiende a la información solicitada, pues no versa sobre informes y datos estadísticos de las aeronaves ni sobre los planes de protección de personas, sino sobre la identidad de los acompañantes del presidente del Gobierno en un viaje oficial», concluye.
El triunfo de El Debate obliga a Sánchez a decir cuánto se gastó, dónde exactamente y con qué compañías. Y derriba también la coartada del secreto de Estado
El varapalo a Sánchez se completa con otra exigencia desatendida hasta ahora, la de detallar las reuniones que supuestamente mantuvo allí el presidente, de las que tampoco dio detalles más allá de la foto inicial con distintos empresarios sin ningún efecto práctico aparente.
Ante esto, el Consejo de Transparencia sentencia con la misma nitidez: «No suscita duda alguna que las reuniones organizadas en el seno de un viaje presidencial al exterior se trata de eventos públicos que deben ser conocidos por la ciudadanía, dado que se engloban en la Agenda de los representantes públicos».
Moncloa, «insumisa»
La última resolución en favor de El Debate entierra definitivamente la resistencia a informar de Moncloa, que no obstante ha optado por incumplir nuevamente las instrucciones legales: el 11 de abril concluyó el periodo concedido para entregar toda la información a este periódico, sin que el Gobierno haya atendido su obligación.
Del antagonismo entre el origen de la historia, con imágenes de Sánchez desembarcando en Estados Unidos con aires de conquista, y su desenlace, con el Gobierno encerrado en su búnker e insumiso ante las resoluciones en su contra, da cuenta otro detalle elocuente.
Estando aquel verano en América, los servicios de comunicación de Moncloa no tuvieron reparo en vender con todo detalle la identidad de algunas empresas que atendieron a Sánchez en una gira en la que él mismo definió los objetivos durante una entrevista en el programa Morning Joe de la cadena MSNBC:
«España está definiendo la hoja de ruta para modernizar su economía y quiere contar con el sector privado de EE.UU. Por eso hemos viajado aquí. Ambos países debemos ser aliados frente a los grandes retos globales», dijo de viva voz Sánchez.
De hecho, su equipo difundió la nómina de presentes en el encuentro neoyorquino, básicamente bancos y fondos de inversión: Arenas Management Corporation, Bank of America, Blackstone, Bank of New York Mellon, Brookfield Asset Management, Roko Capital Management, JP Morgan, LCatterton Partners, Lone Star Funds, Morgan Stanley, Providence Equity Partners, Soros Fund Management, Wellington Management Group o AmCham Spain.
Es decir, aunque ahora se ha negado a dar cuenta de nada, entonces no tenía problema en propagar la idea de que el presidente tenía reuniones al máximo nivel que no acabaron en nada conocido y se han ocultado, como el resto de detalles de la excursión, ahora ya de manera ilegal.
Sánchez acumula fallos en contra de instituciones legales que, sin embargo, desatiende: desde el Constitucional hasta la Audiencia Nacional o el Consejo de Transparencia le han reprendido
Al respecto de las consecuencias de esa «insumisión», que se extiende ya a otras resoluciones adversas para Moncloa promovidas por El Debate, fuentes jurídicas consultadas explican que supone un «auténtico fraude y puede revestir carácter penal».
Según estas mismas fuentes, debería de ser la oposición quien prestara atención a estas actuaciones tan irregulares como perfectamente diseñadas desde el Gobierno, «a quien le plantea menos problemas desobedecer resoluciones ejecutivas y no acudir a los juzgados para recurrirlas, generando una evidente indefensión».
Otro varapalo con Biden
Esa misma situación, de posibles consecuencias penales, se reproduce al milímetro con otro episodio que refleja la caótica política internacional de Sánchez y su tendencia a «vender humo» para luego esconder los efectos prácticos de sus «hitos históricos».
Y es que, según consta en la documentación oficial en propiedad de este periódico, el Consejo de Transparencia ha tenido que recordarle formalmente al presidente su obligación de dar explicaciones de la supuesta «cumbre» que mantuvo con Joe Biden en un encuentro de la OTAN y que, para todo el mundo, solo fue un extravagante «paseíllo» sin conversación por parte del americano.
Documento oficial exigiéndole a Sánchez la entrega «inmediata» de sus supuestos acuerdos con Biden
Pero fue el propio Sánchez en persona quien convirtió esa «minicita» en un acontecimiento, llegado a explicar el supuesto contenido del encuentro: hablaron de «reforzar los lazos militares», de «actualizar el acuerdo bilateral de defensa» o de la situación «de Latinoamérica».
Aunque todo el mundo vio un corto paseo de apenas 20 segundos, el presidente español lo narró un encuentro repleto de asuntos de Estado y aseguró, incluso, que le había trasladado su «preocupación sobre la situación migratoria y la pandemia» en América del Sur.
La realidad es que, según publica hoy El Debate, el CGTB ha tenido que instarle a Sánchez, en una resolución con número de serie 664/2021, a hacer entrega de diversa documentación acreditativa de los supuestos acuerdos esbozados por el presidente en persona y de sus actividades durante la cumbre de la OTAN, celebrada en Bruselas el pasado mes de junio, presentadas como un gran éxito por el aparato de comunicación de la Moncloa.
Este documento acredita que trascurridos más de dos meses del plazo máximo concedido, el Gobierno guarda una vez más silencio, resistiéndose a hacer entrega de lo ordenado pero sin acudir a los juzgados a recurrirlo, adentrándose con ello en el terreno del fraude con carácter penal.
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