Tribunales
El Constitucional rechaza el recurso de Vox contra las medidas sociales del Gobierno por estar fuera de plazo
El Tribunal de Garantías ha descartado entrar en el fondo de la inconstitucionalidad del decreto del Ejecutivo por un defecto de forma
El Pleno del Constitucional, reunido esta mismas semana, ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad planteado por más de cincuenta diputados de Vox contra el Real Decreto Ley 21/2021, de 26 de octubre, con el que el Gobierno de Pedro Sánchez prolongó las medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad económica y social, después de la pandemia. El motivo: que la acción iniciada ante el Tribunal por la formación que preside Santiago Abascal estaba «fuera de plazo».
Los diputados de Vox presentaban este nuevo recurso ante contra la suspensión hasta el 31 de octubre de 2021, prorrogada por el Gobierno hasta el 28 de febrero, del procedimiento de desahucio para personas económicamente vulnerables que no tengan alternativa habitacional. Desde la formación de Santiago Abascal consideran que el texto legal que recoge la posibilidad de suspender un desahucio si en la ocupación de la vivienda no ha mediado violencia o intimidación «vulnera pilares fundamentales del Estado de Derecho» como la justicia o la propiedad privada.
Por eso interesaron ante el Tribunal de Garantías que se declarase inconstitucional el Real Decreto-Ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social. En concreto se refieren a la redacción que confiere a los apartados 1 y 7 'c' del artículo 1 bis de un decreto anterior, el relativo a las medidas urgentes complementarias que se aprobó el 31 de marzo de 2020 para hacer frente a la pandemia. Algo que ha quedado frustrado por un defecto de forma, sobrepasar el tiempo legalmente permitido para oponerse a la norma del Gobierno.
En el escrito, ahora rechazado por el Pleno del órgano, los abogados de Vox enumeraban hasta tres vulneraciones constitucionales: falta de concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad, infracción de los límites materiales previstos para el decreto-ley y violación del artículo 24 de la Constitución en relación con los artículos 117.3 y 118. Recuerdan asimismo que «la declaración de un estado de excepción o las situaciones de emergencia, por muy justificadas que estén, no pueden suponer en ningún caso una suspensión genérica de la Constitución».
Por eso, entendían que no cabe despenalizar una conducta que reviste uno de los tipos recogidos en el Código Penal vigente. «No procede incluir dentro del vago e inseguro concepto de escudo social (...) la protección de la comisión de un delito a favor de quienes convierten en residencia habitual una vivienda ajena», apuntaron, para echar en cara al Gobierno que acabe con dos pilares fundamentales del Estado de Derecho como son la justicia y la propiedad privada.
La portavoz de la formación, Macarena Olona, señalaba que la norma es claramente inconstitucional porque introduce una reforma que es una «salvajada jurídica» que fue aprobada por el Gobierno y convalidada por el Congreso. «Legaliza los desahucios que son consecuencia de la ocupación delictiva», explicaba.
«Al delincuente se le protege y al propietario se le deja en situación de absoluto desamparo». «Este Gobierno favorece claramente a los criminales antisistema que son sus potenciales votantes, nosotros estamos al lado de los españoles que en su mayor parte destinan sus ahorros a la vivienda», añadía la que será la candidata de Vox a las próximas elecciones autonómicas en Andalucía.
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