El Tribunal Constitucional
Parálisis judicial provocada
Los vetos cruzados entre socialistas y populares hacen que caduque sin relevo el mandato de un tercio de los jueces del TC
Cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional (TC) han visto caducar su mandato este domingo con la incertidumbre sobre cuándo y cómo serán sustituidos
La Constitución dicta que este tercio deben renovarlo Gobierno y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), proponiendo dos candidatos cada uno, pero la falta de acuerdo entre PSOE y PP para pactar un nuevo CGPJ ha provocado que el actual no pueda nombrar a los suyos, lo que arroja dudas sobre si Moncloa puede actuar sola.
El hecho es que este 12 de junio ha expirado el mandato del presidente del TC, Pedro González-Trevijano, del vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y de los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. En su día, González-Trevijano y Narváez fueron los dos propuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy, mientras que Xiol y Martínez-Vares fueron los nominados por el CGPJ.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ha especulado sobre cómo el Gobierno pensaba nombrar por su cuenta a dos de los magistrados del Constitucional, los que le corresponden por ley, para cumplir con la renovación del órgano establecida que expiraba hoy, aunque el bloqueo impuesto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) finalmente ha impedido cualquier movimiento.
En esencia, la estrategia del PSOE busca «pudrir» el funcionamiento para obligar al PP a negociar la nueva composición del Consejo tras las elecciones andaluzas y –por extensión– habilitar la incorporación de nuevos magistrados. Como único y no menor escollo de salida, está el veto de los populares a Cándido Conde-Pumpido como futuro y eventual presidente de cualquiera de las instituciones en juego.
Freno a cualquier decisión seria
Esta situación detiene la toma de cualquier decisión de calado. Así, el Constitucional ha echado un freno en su compromiso de presentar un borrador sobre la sentencia del aborto. Fuentes próximas al Tribunal de Garantías apuntan las dudas del órgano sobre la «idoneidad» de llevar a Pleno una decisión de calado –como lo es resolver el recurso de inconstitucionalidad presentado por cincuenta diputados del Partido Popular, en 2010, contra la denominada «Ley Aído» de interrupción del embarazo por el sistema de plazos– y plantear un debate paralelo sobre el tema que divida la sociedad, como está sucediendo en EE.UU.
Pese a que el actual presidente, Pedro González-Trevijano, manifestó su voluntad de no finalizar su mandato sin que se deliberase por primera vez el recurso más antiguo pendiente en el Tribunal –sobre una norma que lleva vigente 12 años–, e incluso puso el mes de mayo como fecha límite para abordar la cita, de producirse el debate no sería, como mínimo, hasta «después de las elecciones autonómicas en Andalucía» del próximo día 19 de junio.
Así las cosas, la renovación de un tercio de los actuales miembros del Constitucional –cuatro en total, de los que dos corresponden a una designación directa del Ejecutivo y los otros dos a una elección del propio Consejo– depende de la voluntad de solucionar esta anomalía; voluntad que brilla por su ausencia.
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