La Audiencia Nacional acoge varias querellas relacionadas con el probable uso fraudulento de criptomonedas.
Audiencia Nacional
El juez Gadea admite la denuncia de la Fiscalía contra el exjuez «temerario» que pleiteaba contra el Gobierno
Fernando Presencia, inhabilitado de la Carrera por prevaricación, se enfrenta a varios delitos de injurias y/o calumnias contra Pedro Sánchez, Dolores Delgado o magistrados del Supremo
El magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Fernando Gadea, ha acordado admitir la denuncia presentada por la Fiscalía contra el exjuez Fernando Presencia por sendos delitos de injuriasy/o calumnias y delito contra las altas instituciones del Estado al hilo de varias publicaciones difundidas por éste en su página web en las que acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado y a ciertos magistrados del Supremo de poseer cuentas bancarias en paraísos fiscales con importantes cantidades de dinero obtenidas por métodos irregulares como los sobornos. En el auto dictado este martes, Gadea ha decretado la toma de declaración como imputado a Presencia y ha ofrecido la posibilidad de personarse como perjudicados a todos los magistrados del Alto Tribunal afectados por las informaciones divulgadas sobre ellos.
El magistrado ha aceptado, además, la medida cautelar solicitada por la Fiscalía y acordado el cierre de la página web http://.www.acodap.com, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia en caso de no atender al mismo.
No en vano, el juez ha explicado cómo a través de dicho dominio de Acodap se solicita a los usuarios de internet que efectúen donaciones por el método del crowdfunding en favor de la Asociación del mismo nombre y/o de su presidente, el propio Fernando Presencia -quien pese a estar inhabilitado se atribuye falsamente la condición de juez- como contribución económica para apoyar y hacer posible la lucha contra la corrupción.
En relación con el cierre de la página web Gadea ha argumentado que una vez ponderados los intereses en conflicto, por una parte el derecho a la libertad expresión y por otra la salvaguarda del orden público, procede la medida «cuando existen indicios de la comisión de delitos que se estarían produciendo de manera flagrante mediante las publicaciones que integran la citada web».
El magistrado ha añadido, también, que «el ejercicio de la libertad de expresión no puede servir de excusa para el insulto, tampoco puede menoscabar la dignidad del ser humano y su propio valor como persona» .
La medida de acordar el cierre cautelar de la web es, por tanto, según Gadea, necesaria «para poder poner fin, en este momento, a la comisión de los delitos denunciados, sin que se aprecie otra opción menos gravosa e igualmente efectiva».
El magistrado ha ordenado que se libre oficio a la Guardia Civil para investigar los hechos recogidos en la denuncia del Ministerio Público y se identifique a todos los presuntos perjudicados previo informe detallado de las aportaciones dinerarias que se hayan realizado a favor de Acodap.
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