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28 de febrero de 2024

Para Javier Ortega Smith-Molina, con esta Ley se continúa "poniendo trabas a un Estado de Derecho que funcione de manera transparente"

Para Javier Ortega Smith-Molina, con esta Ley se continúa «poniendo trabas a un Estado de Derecho que funcione de manera transparente»Vox

Adiós, libertad de expresión e información

Ortega Smith, sobre la nueva Ley de secretos oficiales: «El Gobierno intenta ocultar sus delitos»

El secretario general de Vox comenta en exclusiva para El Debate el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada aprobado por vía de urgencia el pasado 1 de agosto por el Ejecutivo de Sánchez

Aunque podrían quedar meses para la aprobación definitiva de la nueva Ley de Información Clasificada, la consulta pública finalizó a mediados del presente agosto. Su celeridad, la oportunidad de su aprobación, a las puertas del nuevo ciclo electoral, y las consecuencias para la libertad de expresión e información son comentadas por el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith-Molina.
La exposición de motivos justifica su aparición en la «falta de reformas sustantivas en materia de información clasificada desde 1978». Sin embargo, llega a la par que el Gobierno de Sánchez niega de forma sistemática información a medios que, como este, le preguntan por el coste de sus viajes en el Falcon o las personas participantes en sus viajes, habiendo tenido que recurrir en muchos casos al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para obtener una respuesta.
Ortega Smith apuntala la importancia de definir con claridad el ámbito objetivo de la nueva legislación sobre secretos oficiales y que las sanciones sean proporcionales

Ortega Smith apuntala la importancia de definir con claridad el ámbito objetivo de la nueva legislación sobre secretos oficiales y que las sanciones sean proporcionalesVox

La excusa de la seguridad del Estado

«Este Gobierno de la mentira» utiliza «una excusa loable como es la de 'actualizar' una normativa que tiene su origen en el año 1968, con algunas modificaciones en el 1978 de secretos oficiales», comienza explicando Ortega Smith. Sin embargo, a su juicio, «lo que realmente esconde el Gobierno de Sánchez es seguir poniendo trabas a un Estado de Derecho que funcione de manera transparente con respeto a la legalidad y a la separación de poderes».
«Bajo ese principio de 'proteger la seguridad del Estado'» intenta «proteger los chanchullos, las mentiras y, lo que es aún más grave, los delitos de este Gobierno, como por supuesto ocurrió con la famosa entrada de Delcy y sus maletas por la frontera, las negociaciones con los separatistas, con los filoetarras, los acuerdos que ponen en riesgo nuestra política exterior en materia del Sáhara con Marruecos y tantos otros asuntos» en los que el Ejecutivo «ha permanecido en la más absoluta opacidad».
«Cuando este Gobierno dice que quiere amparar los secretos oficiales lo que realmente quiere es conseguir la impunidad para sus delitos mediante el silencio y la obligación de mantenerlo como secreto oficial», apuntala.

Corto periodo de alegaciones

Al igual que la Asociación de la Prensa de Madrid denunció el corto periodo que las partes interesadas –los periodistas– han tenido para realizar alegaciones, el también portavoz de Vox en el consistorio de la capital subraya que esta reducción del plazo se debe a la intención del Ejecutivo de que «no se conozca lo que se está haciendo, para que hay poco tiempo de impugnación». «Arbitrariedad, ilegalidad y el oportunismo partidista... Esos son los principios de la política legislativa de este Gobierno de Sánchez».

Plazos claros para la desclasificación

Preguntado porque el anteproyecto de Ley prevea la revisión periódica de la información clasificada, Ortega Smith insiste en que «alegan una razón loable, cual es el control del Poder Judicial el que valore qué se puede clasificar o desclasificar en atención a criterios de seguridad nacional» para «poder esconder detrás una censura».
El jurista explica que «no vamos a criticar la intervención judicial porque nos preocuparía mucho más que quien decidiera en esta materia no fuera juez». Eso sí, a Vox le inquieta «que no existan unos términos claros en la ley» en los «plazos de desclasificación, como tienen todos los países». «Que de una manera objetiva se establezca que pasado cierto tiempo, determinados documentos, en función de su mayor o menor secreto oficial, deben automáticamente desclasificarse».
De lo contrario, se correría el riesgo de dejar «un ámbito de arbitrariedad o de desregularización demasiado grande, quedando al albur de las decisiones de ese juez que decide que sí le parece bien o que no le parece bien desclasificar. Los jueces no están para hacer la Ley, los jueces están para aplicarla, para ejecutarla y para juzgar conforme a la Ley».

Las claves de la propuesta de Vox

Los de Abascal proponen una Ley Orgánica en materia de secretos oficiales:
  • «Clara, que garantice los derechos fundamentales bajo el principio de seguridad jurídica y que, por supuesto, anteponga siempre la seguridad nacional ante cualquier otro interés».
  • «Que clasifique la información de Estado en función de la importancia para la seguridad nacional y que luego sean los jueces los que la apliquen» para que «no que queden los documentos al arbitrio de los intereses de cada partido o de sus manipulaciones en la Justicia».
  • «Que no sea un arma para la arbitrariedad o para la impunidad de los delitos de ningún gobierno y que tampoco quede al albur de lo que opine un juez. Vox defiende siempre la separación de poderes y el Estado de Derecho».

La importancia del ámbito objetivo

Respecto al nuevo régimen sancionador con multas pecuniarias de hasta tres millones de euros, Ortega Smith subraya que a Vox no le preocupa «que haya sanciones altas», puesto que aquel «que pone en riesgo la seguridad nacional tiene que recibir una sanción administrativa alta y también, como ya recoge el Código penal , enfrentarse a un delito de revelación de secretos».
Para Vox «lo importante es que esté perfectamente definido en la Ley qué se puede y qué no se puede hacer y, quien la incumpla, que tenga unas consecuencias sancionadoras en la misma proporción».
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