28 de septiembre de 2022

Las penas por incumplir la nueva norma alcanzan los tres millones de euros

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Ley de Información Clasificada  Decanos y maestros recelan de la Ley de Información Clasificada: «Pone límites a la democracia»

El mundo académico denuncia la vulneración de derechos y libertades que propicia la Ley de Información Clasificada, que el Gobierno está tramitando en agosto y por vía de urgencia

Dos decanas y una profesora de las facultades de Humanidades y Comunicación de tres universidades atienden a este periódico para reflexionar sobre la nueva legislación de secretos oficiales que el Ejecutivo prepara por la vía de urgencia en pleno mes de agosto. Todas coinciden en que la Ley de Información Clasificada «limitará la posibilidad de ejercer la democracia a través del periodismo», llegando justo a pocos meses de la celebración de elecciones en toda España.
María Solano, Decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, lo tiene claro: «El gran problema es que esta legislación limita derechos y libertades fundamentales para el sostenimiento de la democracia». «Al limitar el acceso de los periodistas a determinados contenidos», opina, lo hace también de «las posibilidades de la democracia» y «pone de manifiesto que el periodismo es clave para su defensa».
Las académicas consultadas creen necesaria esta legislación para salvaguardar la defensa y la seguridad nacional. Ahora bien, el amparo de dicho baluarte no es motivo para justificar la «limitación temporal» del acceso a la información.
«Para que la democracia funcione», apunta Solano, se necesita «conocer en profundidad ciertos asuntos inmediatamente después de que ocurran», «no se puede esperar 50 años». En este sentido, Mercedes Ramos, jurista y profesora de Derecho de la información de la Universidad Pontificia de Salamanca, añade que ese medio siglo se legisla como «prorrogable», con el consiguiente peligro para la libertad de prensa, pues «habría que esperar hasta el 2073 para conocer casos» que sucedan en la actualidad.
La decana de la Universidad CEU San Pablo recuerda que «la Historia no sólo se escribe con los archivos de los secretos oficiales, se escribe sobre todo con la prensa, fuente primaria de conocimiento de la Historia».

El posicionamiento de los jueces

En cuanto a la intervención del Poder Judicial en el trabajo periodístico, Solano estima que «no necesariamente presupone que esa participación vaya a ser en contra de la prensa, podría ser incluso a favor». Eso sí, «cualquier merma de la libertad siempre es una cortapisa para la democracia» y, detrás de esta regulación, «se esconde la idea de que el periodista es el malo de la película cuando, aun sabiendo que en todas partes se cometen errores, es el bueno».

La Historia no sólo se escribe con los archivos de los secretos oficiales, sino con la prensa, fuente primaria de conocimientoMaría SolanoDecana de la Facultad de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo de Madrid

Ramos, como jurista, matiza que el juez ya intervenía cuando se producía «una colisión de derechos», como por ejemplo, cuando se dilucida si prevalece o no «el derecho a la información de interés público» por encima del «derecho al honor». Ramos entiende que «la defensa del Estado es un bien mayor a proteger» pero, «¿qué pasa si publicas algo sobre lo que desconoces que es materia reservada?».
Por su parte, Charo Sádaba, Decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, subraya la contradicción que esta legislación supone en «una sociedad como la española, que está haciendo un ejercicio de memoria» para «conocernos, entendernos y mejorarnos».

Coartando a futuros periodistas

Sádaba cierra su reflexión acordándose de los «futuros profesionales de la información» que hoy acuden a sus facultades. Para la Decana pamplonesa, «la prudencia es una virtud», pero un «exceso» de esta moderación «puede coartar a gente brillante en una investigación periodística» de, por ejemplo, «destapar un escándalo de corrupción». Este «exceso» de prudencia, a su juicio, «no conduce a buenos profesionales» y eso, le preocupa.
Además de haberse tramitado, a la par que el decretazo energético, en pleno mes de agosto y por la vía de urgencia, esta legislación aparece al inicio de un ciclo electoral. Tiempo suficiente para que, recuerda Solano, «los ciudadanos, libremente y con conocimiento de causa, tomen las decisiones oportunas para gobernarse a sí mismos a través del voto», en referencia a los comicios autonómicos, locales e incluso generales de 2023.
Ninguna de las académicas cree que el momento en que se ha decidido la tramitación de esta Ley sea casual. Por primera vez desde 1968, una regulación podría permitir que el Ejecutivo controlase al cuarto poder, y no viceversa.
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