La diputada del PSOE Patricia Blanquer
La letra pequeña
El impuesto a la banca y las energéticas enseña sus primeros puntos débiles en el Congreso
El PSOE y Unidas Podemos se ven incapaces de garantizar que ambos sectores no acabarán repercutiendo el «hachazo» en los consumidores. El mecanismo que han previsto no convence ni a sus socios
Pocas iniciativas han generado últimamente tanto entusiasmo entre la izquierda parlamentaria como el impuesto temporal a la banca y a las energéticas que ultima Pedro Sánchez; del 4,8 % en el caso del sector financiero y del 1,2 % en lo que respecta a las segundas. El Ejecutivo prevé recaudar con ellos al menos 3.000 millones de euros en dos años.
El debate sobre la medida llegó este martes por primera vez al Pleno del Congreso, donde su toma en consideración (condición sine qua non para continuar la tramitación) recibió el apoyo fervoroso del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, el PNV, Más País, Teruel Existe, el PRC y Compromís.
«¿Quién puede estar en contra de esta iniciativa? Es de justicia social», sostuvo la diputada del PSOE Patricia Blanquer. «Bienvenidos a este contubernio de populistas bolivarianos», ironizó después el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, dirigiéndose a la bancada socialista.
¿Quién acabará pagándolo?
Pero incluso los partidos que votaron a favor mostraron sus recelos sobre quién acabará pagando el hachazo a ambos sectores -¿acaso no serán los consumidores?- y las posibilidades de que los tribunales terminen tumbándolo.
«El Tribunal Supremo y el Constitucional darán la razón a la banca. Acabarán chocando de pleno en los tribunales», advirtió la portavoz de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras. «¿Cómo van a garantizar que no revierta en los consumidores?», preguntó Néstor Rego, del BNG.
Socialistas y morados, que son coproponentes de esta iniciativa en el Congreso, han previsto que sean la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Banco de España los que vigilen que los bancos y las energéticas no repercuten el gravamen a sus clientes. Si lo hacen, el texto prevé una multa del 150 % del importe repercutido.
Sin embargo, ni Blanquer (PSOE) ni Echenique (Unidas Podemos) fueron capaces de garantizar que no habrá represalias para los consumidores. «Es muy difícil que la CNMC y el Banco de España puedan vigilar», opinó la diputada del PNV Idoia Sagastizabal. No existen tales garantías, fue lo que les reprochó el popular Mario Garcés.
«Esta iniciativa socava los principios constitucionales más básicos. ¡Qué engendro jurídico! Para ser Robid Hood hay que saber a quién gravar», afirmó, aludiendo a los 22.000 millones de euros extra que ha recaudado el Estado entre enero y julio por la subida del IPC, «Tensen el arco y disparen, pero a la inflación», sugirió a socialistas y morados.
«Planea sobre lo inconstitucional, no soluciona nada, compromete la inversión y el empleo y la acabarán pagando los españoles», vaticinó el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. «Este impuesto lo vamos a pagar entre todos los españoles», lamentó la diputada de Cs Carmen Martínez.
Los dos socios del Gobierno han recurrido a una triquiñuela para saltarse varias pantallas en la tramitación de este impuesto temporal. En vez de aprobarlo como proyecto de ley en el Consejo de Ministros para después enviarlo al Congreso, lo han presentado como proposición de ley de los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos.
La triquiñuela
La diferencia es sustancial. Con este atajo, Sánchez ha evitado las fases de consulta pública previa y audiencia pública, a través de las cuales los sectores afectados pueden opinar de un proyecto de ley. También se ha ahorrado tener que pedir informes a los órganos consultivos del Estado (el Consejo Fiscal, el CGPJ, el Consejo de Estado…) y presentar una memoria económica sobre el impacto que tendrán ambos gravámenes.
Una «tramitación tramposa», como la definió Espinosa de los Monteros, que sin embargo viene siendo habitual en esta legislatura. Los socialistas también eligieron la fórmula de la proposición de ley para modificar el Código Penal y castigar con penas de cárcel de entre tres meses y un año a los provida que se manifiesten junto a las clínicas abortivas. Y lo mismo con la reforma exprés para reformar la Ley del Poder Judicial y renovar el Tribunal Constitucional.
Durante el debate, los socios de Sánchez dejaron claro que en el plazo de enmiendas batallarán para que este impuesto temporal sea más ambicioso. La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, se mostró partidaria de que sea permanente y no temporal «-esto es poco, muy poco», señaló-. Y la del PNV avisó de que si el texto definitivo no contempla la excepcionalidad de las haciendas vasca y navarra no seguirán apoyando su tramitación. Pero lo hará, contemplará esa excepción, de ello se encargará el PSOE. Entra en el pacto.
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