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24 de abril de 2024

El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, y la portavoz de Sanidad de Podemos en el Congreso, Rosa Medel, intervienen en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados

El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, y la portavoz de Sanidad de Podemos en el Congreso, Rosa Medel, intervienen en una rueda de prensa en el Congreso de los DiputadosEFE

Exigen restricciones «reales» a la privatización sanitaria

Nueva fractura en el Gobierno: Podemos no apoyará la Ley de Sanidad

Podemos mantiene su actitud crítica respecto a la ley de equidad y cohesión del sistema nacional de salud, conocida como ley 'Darias', y no garantiza su voto a favor en el debate de la totalidad sobre la normativa que tendrá lugar este jueves en el Congreso

Podemos ha avisado este lunes de que no apoyará el proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión en el acceso a la sanidad pública, impulsado por Sanidad y que esta semana va al pleno del Congreso, si en el tramite parlamentario no se revierte el camino de la privatización.
Unidas Podemos, que ha presentado al texto seis enmiendas parciales, sostiene que el proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros en junio, deroga parcialmente la ley 15/1997 de privatización de la sanidad de José María Aznar ya que bajo la definición de «excepcionalidad» deja resquicios para la privatización de la sanidad.
El proyecto de ley, que se debate y vota esta semana y al que también hay presentadas cuatro enmiendas a la totalidad (dos del Grupo Plural, una de Cs y otra de Vox), impide que se establezcan nuevos copagos, considera la gestión directa como el modelo prioritario para la prestación de servicios y establece la «excepcionalidad» en las colaboraciones público-privadas.
Imagen de la ministra de Sanidad, Carolina Darias

Imagen de la ministra de Sanidad, Carolina Darias

«Límites reales y no solamente retóricos»

Es precisamente este último extremo en que no gusta a los socios del Gobierno de coalición. En las enmiendas presentadas y remitidas al PSOE, el grupo confederal exige a los socialistas «límites reales y no solamente retóricos a la privatización del Sistema Nacional de Salud» y condiciona su voto a las modificaciones del texto en el trámite parlamentario.
«Si no tenemos una garantía real de que se revierte el camino de la privatización, no podemos apoyar esta ley», ha dicho la portavoz de Sanidad del grupo confederal de Unidas Podemos, Rosa Medel, que también ha subrayado que la ley 15/1997 de Aznar fue «un auténtico desastre para la sanidad pública. El PSOE votó a favor de aquella norma en el año 1997 prometiendo que la privatización ni iba a avanzar y la realidad ha sido todo lo contrario».
Medel ha añadido que el «silencio sepulcral» de las grandes empresas de la sanidad privada y del PP, especialmente en la Comunidad de Madrid, les confirma que el texto tal y como está redactado da a las autonomías «la misma libertad para seguir privatizando que la que tienen en estos momentos».
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el debate del estado de la región

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el debate del estado de la regiónEFE

Referencias a Ayuso

Y ha advertido de que «si el Congreso estuviera a punto de dar trámite a una ley que fuera a limitar la privatización de la sanidad pública en España, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y los ejecutivos del Grupo Quirón estarían todos los días en los medios de comunicación criticando la norma».
En las enmiendas remitidas al PSOE para su estudio, Unidas Podemos exige, entre otros asuntos, que se concrete «qué se entiende por circunstancias excepcionales» que habilitan la externalización del servicio público sanitario a entidades privadas, y entiende que solo «debe poder hacerse ante circunstancias imprevistas y extraordinaras, que requieran una atención con carácter de urgencia, y que no puedan ser atendidas por los servicios propios».
Además, pide que acotar la duración de estas externalizaciones con un plazo no superior a un año. Y plantea que se elimine la referencia a las mutualidades MUFACE, MUFEJU e ISFAS por considerarlas «innecesarias y redundantes con la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público».
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