04 de octubre de 2022

Didier Reynders, comisario de Justicia de la Unión Europea

Didier Reynders, comisario de Justicia de la Unión Europea

Tribunales

Europa endurece el tono y sopesa sanciones graves contra España si no renueva el Poder Judicial

El Gobierno no oculta la honda «preocupación» comunitaria en nuestra crisis institucional . La Comisión de Justicia baraja aplicar medidas similares a las recientemente adoptadas contra Hungría

La postura de Europa sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es nítida y ya no admite más prórrogas. La honda preocupación de la Comisión de Justicia ante el bloqueo institucional ha llevado a su responsable, el belga Didier Reynders, a dar un ultimátum a Gobierno y oposición para que alcancen un acuerdo urgente e inmediato en la elección de un nuevo Consejo. Tendrán que hacerlo antes de que termine septiembre, tal y como avanzó El Debate en exclusiva, de acuerdo con el actual sistema de elección de los vocales de procedencia judicial y con el compromiso firmado de que, una vez resuelto el laberinto, se modificará la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que doce de los veinte miembros que lo conforman sean elegidos por sus compañeros jueces y magistrados. De lo contrario Bruselas sopesa la aplicación de sanciones severas a España, como ya ha hecho en otros casos graves -Polonia o Hungría, por ejemplo- según han informado fuentes comunitarias consultadas por este digital.
Así las cosas, la próxima visita de Reynders a nuestro país, prevista a finales de mes, será la fecha límite de Europa para que PSOE y PP se sienten a negociar una salida consensuada a la crisis del Poder Judicial. El comisario está dispuesto a mediar y muestra de ello es que ha instado, por propia iniciativa, una serie de encuentros estratégicos con interlocutores clave para lograrlo.
El riesgo real de no hacerlo pasa, entre otras opciones, por consecuencias duras más allá de las habituales advertencias. A partir del próximo otoño, la Comisión podría castigar el incumplimiento sistemático de nuestro país a las recomendaciones comunitarias, orientadas a la independencia de la Justicia, con cualquiera de los dos mecanismos agravados de intervención de los que dispone. Ya lo deslizó el belga Reynders ante la mismísima ministra Pilar LLop, en junio: el procedimiento de infracción, ante el Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE) o la congelación del envío de fondos europeos hasta el cumplimiento de las exigencias del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) que España ha venido desoyendo.
La solución de la anomalía democrática en la que estamos inmersos será una prioridad para el comisario de Justicia, durante su estancia en nuestro país, desde el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, pasando por la ministra de Justicia Pilar LLop y los portavoces de las principales asociaciones judiciales. Entre ellas, la mayoritaria Francisco de Vitoria (AJFV), el día 29, que pleitea en Estrasburgo contra la inacción de Congreso y Senado ante esta situación.

La Abogacía niega irregularidades

La propia Abogacía del Estado se ha visto en la tesitura de defender al Gobierno en esta última causa que se sigue contra el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), tras admitir la denuncia de seis jueces de la AJFV, para los que la omisión de las dos Cámaras parlamentarias -en un contexto de crisis institucional como el actual- no sólo ha supuesto un incumpliento de un mandato constitucional sino que, además, ha conllevado una presunta vulneración de sus derechos fundamentales como candidatos al Consejo.
La respuesta escrita de los letrados públicos españoles a la Justicia europea, que El Debate avanzó en primicia este mismo lunes, niega cualquier irregularidad de España en el cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos y asegura que la intervención de los tribunales en esta cuestión es improcedente ya que, al tratarse de una decisión parlamentaria, queda al margen de cualquier tipo de «fiscalización» judicial. También han recordado cómo los candidatos no han alegado ni podido acreditar ante el Constitucional una afectación tan clara de sus intereses privados como para que la Corte de Garantías, en sede doméstica, considerase la necesidad de intervenir para protegerles.
En un amplio texto de más de sesenta folios, la Abogacía ha asegurado, en respuesta las cuestiones planteadas por Estrasburgo, que la imposibilidad de renovar el Consejo (CGPJ) durante todo este tiempo no ha supuesto ninguna irregularidad o incumplimiento por parte del Ejecutivo español. Muy al contrario, los servicios jurídicos se han limitado a recordar que la soberanía para la renovación del CGPJ recae en la voluntad de los grupos parlamentarios que integran las Cámaras de representación. Una voluntad política que, por el momento, y según el procedimiento previsto, sigue congelada por ambas partes -PSOE y PP- para desgracia del Consejo.

Lesmes denunció un sistema «agotado»

Precisamente, las mayores diferencias entre socialistas y populares han venido propiciadas por el actual sistema de elección de los vocales del CGPJ. De naturaleza mixta, pero eminentemente parlamentario, el modelo que el propio presidente del Consejo, Carlos Lesmes, advirtió que estaba «agotado» se ha convertido en un escollo insalvable.
Mientras los de Pedro Sánchez se niegan a cambiar el modelo de elección de los vocales que provienen de la carrera judicial, entre las filas de Alberto Núñez Feijoo entienden imprescindible la sustitución del método vigente por uno más adecuado y menos intervenido. Una posición compartida que el propio Lesmes calificó, públicamente, «ineludible», durante su discruso de apertura del Nuevo Año Judicial.

El presidente del CGPJ ha sido tajante: «El modelo de elección» vigente -y «exclusivamente parlamentaria»- de los vocales «sin participación determinante de los propios jueces» está agotado

Aún así, la Abogacía del Estado ha insistido ante Europa en que «la falta de designación de los vocales del CGPJ se debe simplemente a la inexistencia de acuerdo entre las fuerzas políticas para alcanzar la mayoría parlamentaria». Y ha subrayado en que «ni dichas fuerzas ni grupos parlamentarios son estrictamente órganos de las Cámaras», de ahí que considere improcedente acusar al Estado ante el TEDH por esta cuestión.
Para los servicios jurídicos españoles, en defensa del Gobierno, el propio «Tribunal Constitucional» -al que ahora trata de controlar, vía exprés, y para lo cual ha restaurado, parcialmente, la capacidad de nombramientos del Consejo- «deja claro que ni la independencia judicial, ni un supuesto carácter representativo del CGPJ respecto del Poder Judicial (del que carece, como ya había establecido la previa STC 45/1986 de 17 de abril) imponen que los vocales de extracción judicial no puedan formalmente ser designados por las Cámaras, y deja claro que el concreto sistema de designación es una cuestión no regulada por la Constitución Española».
Es decir, el Ejecutivo reduce a Congreso y Senado a la mayoría aritmética de los grupos políticos que las integran y elimina cualquier independencia de los presidentes de sus Mesas para impulsar cualquier iniciativa legal en sentido contrario.

El nuevo fiscal general pide «cordura»

Por su parte, el nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido que «predomine la cordura» a la hora de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «La ley es el instrumento que nos guía. La ley no impone condicionantes para que se renueve un órgano tan importante como es el Consejo y esperamos solamente que predomine la cordura», ha asegurado obviando las maniobras del Gobierno, el mismo que lo ha designado, para modificar esas normas, influir en el órgano de los jueces y, por extensión, hacerse con el control de una mayoría progresista del Tribunal Constitucional pendiente de renovar.
«Sin más dilación, quien pone condiciones para que se constituya el nuevo CGPJ que se siente en la mesa y tengamos, por fin, como nos demanda todo el mundo, un nuevo Consejo», ha añadido el titular del Ministerio Público que, a su vez, ha sido cuestionado por «extralimitarse» en sus funciones e «interferir» en la labor de los fiscales, incluso antes de tomar posesión de su cargo.
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