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El nuevo presidente del CGPJ, Rafael Mozo Muelas, al frente del Pleno

Asalto al Poder Judicial

El bloque conservador del CGPJ pide un Pleno extraordinario tras la maniobra de Sánchez para renovar el Constitucional

Nueve vocales del máximo órgano de los jueces han registrado una petición formal para reunirse con «carácter urgente» y salvar la nueva mayoría simple impuesta por el Gobierno para las designaciones

Al amparo de los artículos 599.1 y 600. 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Un total de nueve vocales del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han solicitado, este viernes, al presidente sustituto del órgano, Rafael Mozo, que convoque un Pleno extraordinario, con «carácter urgente» y un único punto en el orden del día: «Nombramientos de Magistrados del Tribunal Constitucional». La solicitud, cursada apenas unas horas después de que el Gobierno anunciase dos nuevas enmiendas a la reforma del Código Penal prevista para rebajar la malversación del procés, con el objetivo de hacerse con el control inmediato de la Corte de Garantías, ha sido acordada para fijar una fecha en la que presentar a los candidatos que «terminarán de perfilarse durante el fin de semana». Así lo han confirmado a El Debate fuentes cercanas al Consejo que podría reunirse, como muy tarde, la próxima semana.
La reacción del sector más crítico con las presiones del Ejecutivo para que el máximo órgano de los jueces designase, en los plazos marcados desde la Moncloa, a sus dos candidatos a la renovación de la Corte de Garantías, caducada en un tercio desde el pasado mes de junio, no se han hecho esperar. Sin embargo, poco o nada ha trascendido todavía sobre los perfiles que, finalmente, presentarán los conservadores al nuevo Pleno. Hasta la fecha, los mejor posicionados en las quinielas son el instructor del procés Pablo Llarena, el exfiscal general del Estado Julián Melgar y el magistrado de la Sala Segunda del Supremo Vicente Magro.
Así las cosas, y si finamente en la convocatoria pendiente de concretar por parte de Mozo se procediese a la votación de los perfiles elegidos, en el caso progresista el del cuestionado procatalanista José Manuel Bandrés, son varias las voces que apuntan a una vulneración «sin precendentes de los derechos fundamentales de los vocales» del CGPJ recogidos en el artículo 23 de nuestra Constitución.
Según ha podido saber El Debate, la fórmula prevista de acuerdo con las nuevas exigencias del Gobierno que ha dado cinco días a Mozo para resolver la actual parálisis, pasaría por votar «en una única vuelta a dos candidatos» del total de los presentados, de manera que saldrían confirmados «los dos más votados». Esto es, «cada vocal solo votará a uno de los nombres propuestos de manera que no participa, en realidad, en el nombramiento de la otra plaza», privándosele «de ejercer el ius in oficium respecto de una de ellas» en contra de la doble elección que les reserva a los miembros del Consejo la propia Constitución.
Por su parte, con al reducción de la mayoría necesaria para formalizar las propuestas del CGPJ de cualificada (tres quintos de los miembros del Pleno) a simple (la mitad más uno de ellos), el Gobierno ha blindado la posibilidad de llevar a término, no sólo la rápida toma de posesión de sus peones para el Constitucional -el exministro Juan Carlos Campo y la exalto cargo Lucía Díez- salvando el freno activado por el propio órgano; sino que, además, se asegura el éxito en el nombramiento de tres magistrados progresistas para consumar el vuelco de la actual mayoría conservadora y controlar, de facto, un Tribunal que tendrá que decidir, en los próximos meses, sobre la legalidad de sus normas más ideológicas.