Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente del Congreso de los Diputados
Investigación
El vicepresidente del Congreso, el socialista Gómez de Celis, oculta en su declaración de bienes un piso que tiene en Madrid
Alfonso Rodríguez Gómez de Celis reconoce a El Debate que es el dueño de la vivienda pero se niega a explicar por qué no la declaró
El vicepresidente del Congreso de los Diputados, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, oculta en su declaración de bienes que es dueño de un piso en el centro de Madrid. Tres meses después de adquirir la vivienda, actualizó su ficha como alto cargo de la Cámara Baja y omitió la existencia del inmueble. El Debate publica hoy los documentos registrales que acreditan que es propietario y las fotografías del exterior de la vivienda.
Durante las últimas semanas, Gómez de Celis ha protagonizado varias polémicas. La primera de ellas fue dirigirse al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como una persona «triste, insolvente e incapaz». La última fue retirar la palabra a la diputada de Vox Patricia Rueda por referirse a Bildu como un partido «filoetarra».
Según el Registro de la Propiedad, el pasado 24 de febrero de 2021 el vicepresidente del Congreso de los Diputados se compró un piso en el céntrico barrio de La Latina de Madrid. Concretamente, en la calle Toledo. La nota simple de la vivienda, a la que ha tenido acceso este periódico, revela que adquirió el piso mediante el título de compraventa y que él es «titular con carácter privativo del pleno dominio de la totalidad de la finca». El notario que autorizó esta operación fue Francisco Calderón Álvarez.
Nota simple de la vivienda de Gómez de Celis
Los datos que constan en el Registro de la Propiedad no permiten saber cómo está distribuido el interior del piso ni con cuántas estancias cuenta. Sin embargo, sí constan detalles sobre cómo Gómez de Celis pagó la vivienda: mediante un préstamo bancario de 260.000 euros. De la misma manera, tampoco figura si, antes de grabar el inmueble con una hipoteca, el vicepresidente del Congreso de los Diputados aportó fondos en metálico ya que, el valor de mercado del inmueble es superior a esa cantidad.
Justo enfrente de la vivienda de Gómez de Celis hay un piso de características similares que se encuentra a la venta por 715.000 euros. La Latina, lugar en el que se encuentra el inmueble, es uno de los barrios madrileños que ha sufrido un proceso de gentrificación en los últimos años. Es decir, una subida exponencial de los precios de compra y alquiler al tratarse de una zona que está de moda. El propio Gómez de Celis reconoce en la biografía de sus perfiles en redes sociales que reside en esta zona de la capital.
Exterior de la casa que oculta el vicepresidente del Congreso de los Diputados
En cambio, la existencia de este piso no está reflejada en la última declaración de bienes de Gómez de Celis, fechada el 19 de mayo de 2021. Es decir, tres meses después de que adquiriera el inmueble. Desde que la mano derecha de Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, entró a la Cámara Baja en 2019 hasta el día de hoy ha realizado un total de cinco actualizaciones de su declaración de bienes.
Última declaración de bienes de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis
Un incremento patrimonial de 299.00 €
En la primera de las declaraciones, fechada el 25 de noviembre de 2019, Gómez de Celis afirmó que poseía dos pisos y una plaza de aparcamiento en Sevilla. Un año más tarde, el 4 de noviembre de 2020, informó al Congreso de los Diputados de que había donado uno de los pisos en Sevilla. La tercera fue el 23 de febrero de 2021. Es decir, un día antes de comprar el piso en Madrid que hoy desvela El Debate. En esa declaración asegura que se ha deshecho de todas las propiedades que tenía a su nombre y que, desde ese momento, no es titular de ningún bien inmueble.
La cuarta declaración la realizó el 10 de marzo de 2021, donde, de pronto, sí declaró un piso en Madrid y reconoció tener un crédito hipotecario de 200.000 euros. También declaró que contaba con 932 euros en su cuenta bancaria.
Incremento patrimonial de 299.000 € de Gómez de Celis (I)
Sin embargo, este piso desaparece dos meses después. El 19 de mayo de 2021 realiza la quinta y última declaración y asegura no disponer de ninguna propiedad. Declara haber liquidado el crédito hipotecario de 200.000 euros y afirma que cuenta con 99.932 euros en su cuenta bancaria. Un incremento de 299.000 euros en apenas de 70 días, que es el tiempo que hay entre las dos últimas declaraciones de bienes.
Incremento patrimonial de 299.000 € de Gómez de Celis (II)
El Debate se ha puesto en contacto con Gómez de Celis que reconoce ser el propietario de la vivienda que hoy desvela este periódico. «Por supuesto continúo con el piso y con su hipoteca correspondiente», ha declarado. En cambio, se ha negado a explicar por qué no informó al Congreso de los Diputados. Tras la publicación de esta noticia, el vicepresidente del Congreso publicó un tuit en el que calificaba la revelación de su piso como una fake news.
Mentir en la declaración
El pasado 3 de octubre de 2020, Pilar Llop, en aquel momento presidenta del Senado y hoy ministra de Justicia, aseguró que mentir en las declaraciones de bienes y de intereses tanto del Congreso de los Diputados como de la Cámara Alta «tiene consecuencias importantes en caso de que falten a la verdad». Precisamente, seis años antes, en marzo de 2014, el PSOE pidió a la mesa del Senado «que arbitre mecanismos para investigar las actividades y los bienes de los senadores». También pedían que, si se demostraba que se había mentido, se aplicaran sanciones.
La obligación de hacer públicas sus actividades, bienes y rentas entró en vigor al inicio de la X Legislatura (2011-2016), en virtud de la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Antes de que se estableciera esta obligación –que los parlamentarios deben cumplimentar de nuevo al final de la legislatura–, las declaraciones se depositaban en el Registro de Intereses y eran secretas. Acceder a ellas era misión imposible. Únicamente estaban a disposición de las autoridades judiciales si se abría una investigación que concerniera a alguno de ellos.
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