El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso.
El Gobierno registrará esta semana en el Congreso una proposición de ley con las enmiendas paralizadas por el TC
El PSOE ya cuenta con el apoyo de varios grupos parlamentarios que han mostrado su rechazo a la decisión que el Constitucional tomó este lunes
Pedro Sánchez no tiene tiempo que perder. Será esta misma semana cuando el Gobierno registre en el Congreso de los Diputados una proposición de ley en la que aparezcan las dos enmiendas que el Tribunal Constitucional decidió paralizar este lunes.
Según han informado fuentes parlamentarias conocedoras, apuntan que esta proposición se hará por el trámite urgente y cuentan con el apoyo de varios grupos parlamentarios que han manifestado su malestar con la decisión del Tribunal de Garantías.
Los socialistas responden así después de que el Constitucional decidiese aceptar las cautelarísimas después de que el Partido Popular presentase un recurso de amparo que ha conseguido paralizar el trámite.
Las enmiendas detenidas tienen dos objetivos. El primero es eliminar la mayoría de tres quintos que, hasta ahora, es necesaria para elegir a los dos magistrados del Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El segundo es eliminar la necesidad del plácet del Constitucional a la hora de nombrar sus nuevos magistrados.
El Gobierno ha excusado estas modificaciones en el «bloqueo» del Partido Popular. Sin embargo, desde Génova desmienten tal situación y apuntan a que están dispuestos a negociar siempre que se cumplan varias condiciones. Entre otras, que se renuncie a la modificación de la malversación y la supresión de la sedición.
Con la tramitación urgente, el Ejecutivo pretende apremiar la aprobación a pesar de que los tiempos no le serán ya tan beneficiosos como lo eran antes de la paralización del Constitucional.
Por otra parte, los socialistas renunciarán a rebajar las mayorías para elegir en el Parlamento a los vocales del CGPJ, como pide Podemos, una opción que queda apartada porque el intento que se hizo en 2020 no fue bien acogido por la Comisión Europea.
Sánchez ignora a Bruselas
Aunque Bruselas no se ha pronunciado de manera pública, fuentes internas aseguran que la Comisión Europea ha recordado que «corresponde al TC» decidir sobre las garantías constitucionales.
Lo que sí han comunicado de manera más directa ha sido que, desde Europa, se vigila de reojo los movimientos del Gobierno español. «Seguimos la situación muy atentamente, estamos al tanto de la decisión del Tribunal Constitucional», ha indicado en una rueda de prensa el portavoz comunitario en materia de Justicia, Christian Wigand.
«Mientras se trate de un proyecto de Ley, no hacemos comentarios de procesos en curso», ha indicado Wigand este martes, pero también ha subrayado que desde el Ejecutivo comunitario seguirán «vigilando» las reformas, «en especial desde el marco del informe sobre Estado de derecho».
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