Pedro González-Trevijano, el último guardián de la Constitución en España

Quienes conocen a Pedro González-Trevijano aseguran de él que es un hombre de talante conciliador y muy afable en las distancias cortas, con un alto sentido de la responsabilidad y un gran nivel de compromiso y exigencia en todas las tareas que asume, el veterano jurista, aficionado al teatro hasta el punto de haber escrito alguna obra propia del género, ha sido protagonista involuntario de la actualidad política en los últimos meses, tras su llegada al cargo hace menos de un año. Dos estados de alarma declarados inconstitucionales al actual Gobierno y unas medidas cautelarísimas tras el último intento de reforma de Pedro Sánchez sobre la ley orgánica que regula el funcionamiento de la Corte de Garantías, para tratar de controlarla por la puerta de atrás, son las tres polémicas decisiones que le han convertido, sin quererlo, en el último guardián de la Constitución en España.

González-Trevijano fue el candidato indiscutible de consenso, a liderar el Tribunal, desde el mismo momento en que se conoció el pacto alcanzado entre PP y PSOE para renovarlo. No sólo por su liderazgo natural en el seno del órgano de Garantías sino porque su perfil, además, se alejaba de los perfiles tradicionalmente políticos que se trataban de evitar en este mandato. Además, era el candidato que cumplía con una norma no escrita, pero que desde la creación del Tribunal se ha atendido sin excepción: el presidente y el vicepresidente deben resultar elegidos de entre los cuatro magistrados que se encuentran en el último tercio de su mandato.

González-Trevijano, catedrático de Derecho Constitucional y ex rector de la Universidad Rey Juan Carlos, era el perfil más adecuado, a día de hoy, para ponerse al frente del Constitucional porque «los experimentos nunca dan buenos resultados», apuntaban a El Debate fuentes próximas al Tribunal, en el momento de su designación. Y ha contado con el aval de su experiencia en materia constitucional para lidiar con una de las circunstancias más complejas a nivel institucional de los últimos meses en nuestro país.

Trevijano ha puesto el punto de escucha activa con el sector progresista del Tribunal y el respeto a la voluntad de la mayoría conservadora del órgano para contener, antes de que fuese demasiado tarde, la aprobación de las enmiendas presentadas por Sánchez y un vuelco de la Constitución, vía exprés y sin ningún tipo de control parlamentario. Lejos de las presiones externas y de las amenazas veladas por parte del Ejecutivo, el jurista ha sabido abstraerse del entorno y exigir la aplicación estricta del ordenamiento, sin paliativos, ni interpretaciones forzadas.

Con un perfil académico amable y, sobre todo, con el éxito de ser el ponente de la sentencia que anuló el primer estado de alarma y declaró inconstitucional el uso del mismo como la herramienta excepcional elegida, erróneamente por el Gobierno, para confinar a los españoles y cerrar el Parlamento durante seis meses.

El también catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad de Extremadura fue, también, rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), cargo al que accedió en mayo de 2002 y renovó hasta en dos mandatos posteriores, en las elecciones de diciembre de 2005 y en los comicios de 2009.

En su extenso currículum consta la Subdirección General del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que ocupó entre los años 1998 y 2002. Posteriormente y tras su salida del puesto, se convertiría en vocal de la Junta Electoral Central, hasta 2013, período que compaginó con el Rectorado de la Rey Juan Carlos de Madrid. Concretamente, de 2006 a 2009 fue presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Madrileñas (CRUMA) y, en 2008 se incorporó, en paralelo, como vocal de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Como vicepresidente de la Comisión de Ética del Comité Olímpico Español, de 2007 a 2013.

El presidente del Tribunal Constitucional accedió como Magistrado del órgano en la renovación de 2013. En los últimos años, 2018, ha sido designado Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.