El exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes, junto a su abogado, tras declarar por el caso Mediador
Lo que se sabe y lo que no del 'caso Mediador', la última trama de corrupción socialista
Prostitutas, viagra, cocaína, sobornos, extorsiones y sospechas sobre el presidente de Canarias aderezan los últimos hechos delictivos que salpican al PSOE
cohecho, blanqueo de capitales, falsificación, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias. Esta es la amalgama de presuntos delitos que componen la trama Mediador, el último caso de corrupción que implica al PSOE. Principalmente, al ya exdiputado Juan Bernardo Fuentes, alias «Tito Berni», a quien los investigadores sitúan como cabecilla de una presunta red criminal que, fiestas con prostitutas y drogas mediante, conseguía sobornos de empresarios bajo la promesa de otorgarles adjudicaciones de obra pública.
El caso implica asimismo a su sobrino Taishet Fuentes, también socialista, aunque suspendido de militancia, quien hasta el año pasado era director general de Ganadería del Gobierno canario –en sustitución de su tío–, y a un general de la Guardia Civil recién retirado, un empresario y otros ocho investigados.
Lo que se sabe...
La trama salió a la luz hace más de un año con la detención de Marcos Antonio Navarro Tacoronte, a quien el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife considera el conseguidor. Se trata del «mediador» que da nombre al caso y quien está desvelando buena parte de la información que hoy se conoce.
La repercusión del caso se amplificó mediáticamente tras la dimisión del presunto líder de la trama después de que la Policía registrara su domicilio en Fuerteventura. Días después, Fuentes, quien fuera diputado en el Congreso durante tres años, sería detenido y más tarde puesto en libertad con cargos.
Según ha trascendido, la red, que operó durante 2020 y 2021, extorsionaba y sobornaba a empresarios. A unos, pertenecientes a los sectores ganadero y quesero, para no enviarles inspecciones que paralizasen la obtención de ayudas económicas de la Unión Europea y a los otros, para conseguirles licitaciones de contratos de obra pública bajo un «peaje» de 5.000 euros.
Para darle una apariencia de legitimidad a sus actos ilícitos, los principales líderes de la red –Fuentes, el general Francisco Espinosa Navas y el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte– utilizaban sedes oficiales: el propio Congreso de los Diputados y la sede de la Guardia Civil, en Madrid.
Tras estos encuentros, organizaban fiestas cuyos costes ascendían a miles de euros y que se organizaban en un hotel situado en la céntrica zona de Huertas, en la capital. En éstas no faltaban el alcohol, la cocaína, la viagra y las prostitutas. Era la manera habitual en la que cerraban sus tratos.
...y lo que no se sabe
Falta todavía mucho por conocer sobre este caso, aunque quizás lo más destacado sea algo que se ha desvelado este mismo viernes y que apunta directamente al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE).
Según aseveró ayer el mediador, Navarro Tacoronte, en una entrevista en Cope Canarias, el presidente canario conocía parte de lo que se cocía.
Navarro Tacoronte explicó que Torres quizás no conocía «las triquiñuelas», pero sí lo que ocurría con los expedientes en la Dirección General de Ganadería. Además, el conseguidor apuntó a que el líder autonómico tenía un «topo» en la Consejería del ramo.
El presidente canario salió ayer al paso de las declaraciones de Navarro Tacoronte negando tajantemente que supiera nada y añadiendo que, de haberlo sabido, habría acudido de inmediato a denunciarlo ante la Justicia.
Estas palabras no han convencido al principal partido de la oposición en las islas, Coalición Canaria, a quien preocupa el «silencio cómplice» no solo de Torres y del PSOE, sino del resto de las formaciones políticas que integran el Ejecutivo regional: Podemos, Agrupación Socialista Gomera y Nueva Canarias, así como del Cabildo de Tenerife.
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