La ministra de igualdad, Irene Montero
Justicia
La huelga de letrados impide al CGPJ tener datos sobre las sentencias pendientes de revisar tras el 'sí es sí'
Los antiguos secretarios judiciales daban por rotas las negociaciones con el Ministerio de Justicia y mantienen el paro indefinido declarado en enero
Las dimensiones de los beneficios y excarcelaciones aplicadas por los tribunales españoles a los delincuentes condenados por agresiones sexuales en nuestro país son, por el momento, provisionales. Aunque esta misma semana el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avanzaba la cifra de 646 rebajas de penas y 65 excarcelaciones ya consumadas por la Justicia, tras la entrada en vigor de la polémica ley del 'sólo sí es sí', en dicho cómputo no han podido incluirse las sentencias pendientes de revisar para las que, aún habiéndose presentado la solicitud formal por parte de los reos, no hay datos oficiales porque los mismos dependen de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), en huelga indefinida desde el pasado 24 de enero.
Así las cosas, el cálculo provisional confeccionado por el CGPJ a partir de los datos facilitados por el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia Autonómicos y las Audiencias Provinciales que se daba a conocer este martes, no incluye las resoluciones susceptibles de mejorarse para los condenados pero que todavía no han recibido un fallo judicial. Un escenario que podría elevar al millar las nefastas secuelas de la norma.
646 violadores han reducido sus condenas
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Además, también están pendientes de cuantificarse los datos de las sentencias dictadas ya bajo la vigencia de la nueva ley del 'solo sí es sí' por delitos cometidos con la anterior ley y cuyas penas se verán igualmente favorecidas por el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable.
El CGPJ acordó en Pleno solicitar ahora a los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y a las audiencias provinciales las resoluciones dictadas en relación con la aplicación de la conocida como 'ley del solo sí es sí'.
Así, informó que, a propuesta de la vocal y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, «se dirigirá a los presidentes de los TSJ y de las audiencias provinciales para que remitan al órgano de gobierno de los jueces todas las resoluciones dictadas en relación con la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual».
«La petición tiene como fin hacer un análisis detallado de las incidencias surgidas en la aplicación de la ley y poder ofrecer datos contrastados de manera transparente», indicó el CGPJ en un comunicado.
Según datos de instituciones penitenciarias, a diciembre de 2022 había 4.023 presos en las cárceles españolas por delitos contra la libertad sexual, entre ellos algunos en prisión provisional, conforme precisan fuentes penitenciarias.
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