El exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni
Tribunales
Una de las acusaciones que pide personarse en el 'caso Mediador' solicita que el Tito Berni ingrese en prisión
El Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife ha confirmado que ya son cinco las entidades que han solicitado personarse en la causa de corrupción
La gran expectación mediática que ha levantado la última trama de corrupción destapada entorno al PSOE, el conocido como 'caso Mediador' se ha traducido, por el momento, y según han confirmado fuentes judiciales, este mismo viernes, en un total de tres piezas separadas de la causa inicial. Una de las cuales se mantiene, hasta la fecha, bajo secreto de sumario. Pese a que, por el momento, no hay partes personadas como acusación popular o particular, porque más allá de las cinco entidades que lo han solicitado la jueza encargada del caso todavía no ha resuelto este extremo, una de las mismas ha pedido la revisión del auto de libertad provisional dictado a favor del Tito Berni y el inmediato ingreso en prisión del exdiputado.
Por su parte, como también han confirmado fuentes del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, encargado del caso, la jueza ha confirmado la prisión preventiva para el único acusado actualmente privado de libertad, el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa, para «garantizar el acceso a determinados medios de prueba que podían verse perjudicados» si se aprobase su puesta en libertad.
Así lo ha dictado, este mismo jueves, la magistrada Ángeles Lorenzo-Cáceres, en un auto en el que desestima la petición de la defensa de Espinosa, que solicitaba que se le concediera la libertad provisional. No en vano, «la naturaleza del presunto delito cometido, la pena que pudiera corresponderle, las circunstancias del hecho y los antecedentes del imputado» hacen necesario contar con una serie de requisitos que favorezcan la «eficacia de la investigación procesal y la disponibilidad del imputado a los llamamientos judiciales».
Además, la juez Lorenzo-Cáceres ha remarcado que dicha medida fue acordada «con la finalidad de garantizar el acceso a determinados medios de prueba que podían verse perjudicados para el supuesto en que no se hubiera adoptado» la misma.
«Así se desprende incluso de los oficios policiales presentados por la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil. En congruencia con ello por la unidad policial se ha llevado a cabo una ingente actuación dirigida a la obtención de aquellos medios probatorios que justificaban la solicitud que hoy el Ministerio Público ratifica en el presente informe», explica la jueza en su resolución.
El criterio de la Fiscalía
Para ello, la magistrada se ha apoyado en el escrito presentado por la Fiscalía según el cual el Ministerio Público se oponía a su puesta en libertad recordando que cuando solicitó la prisión provisional para el general lo hizo «con una finalidad puramente instrumental y por el tiempo estrictamente necesario al considerar que existe un riesgo real de destrucción de fuentes de prueba».
En el auto notificado el pasado 16 de febrero, por el que se acordó enviar a prisión a Espinosa, la jueza aseguraba que de permanecer en libertad «podría frustrar la investigación policial», constatando a su vez pagos de la trama y destacando que se hallaron más de 60.000 euros en su domicilio de «ilícita procedencia».
Un escenario en el que, presuntamente, Espinosa habría hecho «uso de las relaciones personales que tendría con personas relevantes del sector público y empresarial en el ámbito de las Islas Canarias» y que su participación en la trama criminal era «esencial» por esos contactos y por «la capacidad de transmitir confianza a los distintos empresarios en la consecución de sus ilícitos propósitos».
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