La ministra de Justicia junto al fiscal del caso Mediador (primero por la derecha)
Su polémica actuación
El fiscal del caso Mediador fue ascendido al cargo con la investigación ya en marcha
Jaime Serrano-Jover González, también fiscal Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, fue el gran beneficiado de un movimiento que el fiscal general del Estado hizo en Canarias en septiembre
El fiscal general del Estado ascendió al fiscal del caso Mediador, Jaime Serrano-Jover González, a su cargo actual cuando la investigación del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife ya llevaba nueve meses en marcha. Y apenas cuatro meses antes de que el escándalo estallara públicamente.
En septiembre de 2022, el fiscal general, Álvaro García Ortiz, hizo un movimiento significativo en Canarias. Designó fiscal superior de las islas a María Farnés Martínez Frigola, que hasta entonces era fiscal jefe provincial de Santa Cruz de Tenerife y, a su vez, delegada en la isla de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
Ésta, asimismo, promocionó para este último cargo, el de fiscal Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, a Jaime Serrano-Jover González. El pasado 5 de octubre, Farnés envió a la Fiscalía General del Estado un escrito formal proponiendo a Serrano-Jover como su sustituto. En el documento, la nueva fiscal superior de Canarias señalaba que la oferta de la plaza había sido comunicada a toda la plantilla, «sin que haya otros interesados». Y daba cuenta de los «méritos que le hacen idóneo para desempeñar el cargo», en alusión a Serrano-Jover.
El fiscal del caso Mediador, Jaime Serrano-Jover González
Su nombramiento fue aprobado por el fiscal general del Estado el 18 de octubre de 2022 y publicado en el BOE el 9 de noviembre. Tenía todos los parabienes de la ministra de Justicia. De hecho, Pilar Llop y el nuevo fiscal Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife habían coincidido en un foro organizado por el Parlamento de Canarias el 15 de septiembre. Allí, Llop alabó a Serrano-Jover, de quien destacó sus «capacidades y competencias extraordinarias de excelencia».
García Ortiz justificó así la elección de Serrano-Jover para el puesto: «Con motivo del cese tras la renuncia de doña María Farnés Martínez Frigola, aprobado por decreto del Fiscal General del Estado, de fecha 20 de septiembre de 2022, quedó vacante el cargo de Fiscal Delegado de la especialidad. Para cubrirlo de manera indefinida, la Fiscal Jefe ha comunicado a todos los miembros de la plantilla que quien estuviera interesado debía formular la correspondiente solicitud. El único solicitante ha sido don Jaime Serrano-Jover González, que aportó su curriculum vitae y tiene acreditada experiencia y formación. La solicitud ha sido elevada por la Fiscal Provincial con su informe favorable, junto a la propuesta del Fiscal de Sala Jefe Anticorrupción, y por este una propuesta remitida a la Inspección de la Fiscalía General del Estado, destacando los méritos que le hacen idóneo para desempeñar el cargo», según el fiscal general del Estado.
El decreto de nombramiento de Jaime Serrano-Jover González
La actuación de Serrano-Jover ha sido cuestionada por la propia jueza instructora del caso Mediador, por el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife y también por la oposición. La consideran obstruccionista en el mejor de los casos; cuando no, abiertamente indulgente con los acusados.
No en vano, del fiscal fue la responsabilidad de que el exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo y Marco Antonio Navarro Tacoronte –«el Mediador»- quedaran en libertad tras declarar en el juzgado, puesto que la Fiscalía era entonces la única parte personada como acusación y no solicitó prisión provisional para ninguno de ellos. Solo para el general de Brigada de la Guardia Civil ya jubilado Francisco Javier Espinosa Navas.
La magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres hizo constar su disconformidad en un escrito que reveló El Debate el pasado 25 de febrero: «Sí existe peligro de destrucción de fuentes de prueba, dada su posición en las islas, su vinculación con la política y este entorno desde el año 1994, sus distintos cargos políticos y sus amplias relaciones», lamentó.
A mayores, el pasado jueves el fiscal Anticorrupción se negó a una petición de la Policía para registrar el despacho de «Tito Berni» en el Congreso. Con el argumento de que la Constitución consagra la Cámara Baja como un espacio «inviolable». Este domingo, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, denunció que el exdiputado del PSOE «está recibiendo favores de la Fiscalía General del Estado que son asombrosos e indecentes».
Los populares sospechan, además, que el PSOE estaba al tanto de la investigación desde mucho antes de que ésta trascendiera. El origen de la misma se remonta al 18 de enero de 2022, que es cuando por primera vez «el Mediador» declaró a la Policía la existencia de una red con políticos implicados.
A mayores, la dimisión del sobrino de «Tito Berni», Taishet Fuentes, como director general de Ganaría del Gobierno de Canarias se produjo en junio de 2022. Y cuando, el pasado 14 de febrero, el secretario de Organización del PSOE habló con Fuentes Curbelo para pedirle que renunciara a su escaño, le dijo que en el partido sabían que había fotos.
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