Cándido Conde-Pumpido, nuevo presidente del Constitucional y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno
Tribunales
Conde-Pumpido cumple el plan de Sánchez tras controlar el TC: seis leyes ideológicas aprobadas en tres meses
El presidente del Constitucional ha salvado las normas más polémicas del Ejecutivo en un tiempo récord
Doce años guardaron los predecesores de Cándido Conde-Pumpido la ley «Aído» del aborto en un cajón. Y, sin embargo, tan solo tres meses han bastado para que el actual presidente del Constitucional –el veterano magistrado gallego bendecido por Moncloa para liderar un órgano de mayoría afín al Gobierno de Pedro Sánchez– haya convertido los plenos en una fábrica de avales a las leyes más polémicas del Ejecutivo. Al nada desdeñable ritmo de dos al mes, ya han sido seis las normas a las que la mayoría de izquierdas de la Corte ha dado luz verde para consumar los planes de Sánchez, en clave jurídica, antes del que termine la legislatura.
Consciente de la importancia de controlar el Tribunal, nada más resultar elegido para el cargo Conde-Pumpido estrenaba el «rodillo» del que ha hecho gala en las discusiones más delicadas para dejar sin representación institucional al ala conservadora, en minoría de cuatro magistrados y con una vacante sin cubrir, tras designar como vicepresidenta a Inmaculada Montalbán. Con estas credenciales arrancaba un mandato que rompía, ya de entrada, la costumbre no escrita en el seno del TC según la cual tanto el Presidente como su segundo deben elegirse de entre los jueces que se encuentran en el último tercio de su nombramiento –requisito que no cumple Montalbán– y, en todo caso, respetando la alternancia de sensibilidades ideológicas en los dos puestos de mayor responsabilidad.
Desde entonces Conde-Pumpido ha pisado el acelerador para salvar abstenciones y recusaciones a los magistrados que fueron miembros del Gobierno, en su etapa actual, o que por sus cargos anteriores, como él mismo cuando fue fiscal general del Estado, tuvieron conocimiento de algunos de los textos en discusión.
La ley Aído del aborto de Zapatero
A la espera de que la última ponente designada para redactar la sentencia de la ley del aborto de la era de José Luis Rodríguez Zapatero, Inmaculada Montalbán, se incluya en el orden del día de los próximos Plenos previstos en el TC, la mayoría zurda de la Corte rechazaba, hace dos meses, en un cónclave tenso e «irregularmente constituido», el fallo propuesto por el magistrado Enrique Arnaldo.
La izquierda judicial descartó el borrador presentado por el juez conservador, en el que no se reconocía el derecho de la mujer al aborto como tal; y, abonó el terreno para consolidar un modelo que, además, tal y como avanzó El Debate, servirá como referencia para fijar los límites de la constitucionalidad de la nueva ley impulsada por Irene Montero sobre la materia. Y lo hará, en avance de aspectos no incluidos en el recurso del PP contra la norma socialista, como la innecesariedad del consentimiento paterno para las menores de edad.
Los decretos sin control parlamentario
En esta legislatura, Pedro Sánchez ha convertido el 'decretazo' en un instrumento legislativo habitual, aunque por ley está obligado a limitar su uso. Y es que el mecanismo que la Constitución reserva –en su artículo 86.1– a las normas aprobadas en situaciones de «extrema y urgente necesidad», se ha convertido para el actual Gobierno en un recurso sin filtros con el que garantizarse la entrada en vigor de sus medidas más ideológicas e impopulares.
Si, hasta la fecha, la doctrina constitucional había venido interpretado de forma restrictiva el límite constitucionalmente impuesto al Poder Ejecutivo en su faceta de producción legal, ahora, gracias a la intervención del presidente del TC Cándido Conde-Pumpido se ha cambiado el enfoque, para descartar que haya de entenderse prohibida cualquier forma de incidencia del Gobierno en las instituciones básicas del Estado –ya que ello significaría «el vaciamiento de la figura del decreto-ley»– y, con ello, salvar la fórmula elegida por Sánchez en los más de 100 'decretazos' que ha alcanzado en tan sólo cuatro años de mandato. Eso sí, con la abierta oposición de cuatro de los magistrados de la Corte que, como adelantaba El Debate en exclusiva, han emitido un durísimo voto particulas conjunto.
La ley de la eutanasia
Tampoco el aval del Tribunal a la ley de eutanasia, que ha creado una suerte de derecho a morir «a la carta», ha contado con la unanimidad del Pleno. Dos de los jueces conservadores que forman parte del mismo, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo, firmaron un doble voto contrario al beneplácito del resto de sus compañeros al texto.
Pese a las críticas, el TC ha salvado la polémica norma –aprobada hace ahora un año por el Gobierno de Pedro Sánchez, con la oposición de Partido Popular y Vox– consagrando la «voluntad» personal y la «autonomía» individual como únicas exigencias para poner fin a la propia vida, a través de una sentencia «creativa» obra del magistrado Ramón Sáez. La impopular ley, que ya cuenta con el visto bueno de la Corte de Garantías, establece que la eutanasia se podrá llevar a cabo a pacientes que lo soliciten y que se encuentren en un contexto de «padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable».
La ley Celaá para la reforma educativa
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) –de mayoría progresista– rechazó, el pasado 23 de marzo, la sentencia propuesta por el magistrado Ricardo Enríquez para resolver el recurso de Vox contra la conocida como 'ley Celaá', para la reforma educativa, porque respaldaba la norma salvo en dos cuestiones –la prohibición de segregar al alumnado por sexos y la cancelación de los centros de educación especial–. Para ello, además, se encargó al ponente la redacción de un nuevo borrador que avalará, sin fisuras, la ley.
Enríquez, que proponía declarar constitucional la Ley Orgánica de Educación de 2020, LOMLOE, excepto los artículos que recogen que «los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas» y «no separarán al alumnado por su género»; y, que las administraciones garantizarán una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y dispondrán las medidas necesarias «para evitar la segregación del alumnado», adaptará su texto para cumplir con el mandato del sector zurdo de la Corte que ha usado, una vez más, su mayoría aritmética para dar luz verde a la reforma socialista,
El visto bueno a la okupación
En estos seis primeros meses de vida, el TC también ha declarado la constitucionalidad del decreto-ley con el que el Gobierno permitió, a partir de 2021, paralizar los desahucios de quienes, incluso tras haber sido condenados penalmente, permanecían dentro de la vivienda de un tercero de manera irregular. Un escenario que para los críticos con el texto actúa en «beneficio de los condenados en causa penal» por okupar ilegalmente un inmueble, «en detrimento del derecho de los propietarios perjudicados».
Aunque la mayoría de los magistrados que conforman el Pleno dieron el visto bueno a «la regulación» actual, de nuevo dos magistrados se opusieron a una norma que, a su juicio, «priva a los propietarios del uso y disfrute de la vivienda» y «limita su facultad de disposición» de la misma por parte de «los particulares afectados por la norma» que, sin embargo, «deben seguir sufragando las cargas fiscales correspondientes, los gastos inherentes a la propiedad y los consumos disfrutados por terceros».
El bloqueo del Poder Judicial
Por lo que respecta a las decisiones favorables al Gobierno y, aunque todavía no se han materializado en un debate definitivo, ni en una sentencia que resuelva los recursos de inconstitucionalidad planteados contra ellas, hay otras dos cuestiones que se verán favorecidas, antes de verano, por obra y gracia del Constitucional de Conde-Pumpido: las decisiones discrecionales de la presidenta del Congreso de los Diputados, Mertixell Batet y el bloqueo del Gobierno a los nombramientos discrecionales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones prorrogadas.
En este último caso, todo apunta a que será después de las elecciones autonómicas y municipales de mayo cuando la Corte eleve al Pleno una ponencia que, casi con toda probabilidad, validará como ya ha hecho en otras ocasiones la reforma legal con la que los socios de Gobierno, PSOE y Podemos, mantienen bloqueados los nombramientos del Poder Judicial. No en vano, el criterio mayoritario apuntaría, de una manera preliminar, hacia un aval a dicha reforma apoyado en el paralelismo del máximo órgano de los jueces con el propio Gobierno que despliega competencias limitadas en los períodos entre legislaturas.
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