Dolores Delgado, exfiscal general del Estado y exministra de Justicia con Alvaro García Ortiz, su sucesor en el cargo
Tribunales
El polémico nombramiento de Delgado para Memoria esconde 4 designaciones más de García Ortiz a favor de sus afines
El actual fiscal general del Estado aprovechó el último Consejo Fiscal para asignar cuatro plazas disputadas por varios candidatos a los aspirantes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF)
Álvaro García Ortiz está decidido a dejar su puesto como fiscal general del Estado de la misma manera en que llegó al cargo –tras la dimisión de su predecesora Dolores Delgado– envuelto en el escándalo. El actual titular del Ministerio Público aprovechó el último Consejo Fiscal, en el que Delgado resultó polémicamente designada para cubrir la vacante de nueva creación de Memoria Democrática, para colocar a varios afines de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en puestos clave en el seno de la institución.
Según ha podido saber El Debate, en el mismo cónclave en el que la exministra socialista de Justicia fue confirmada como fiscal de Sala, para la plaza creada a su medida, García Ortiz designó a Miguel Ángel Aguilar como responsable de la división de delitos de Odio y discriminación; a Julio Cano, como fiscal jefe Baleares; y, a Pablo Varela, hijo del conocido exmagistrado socialista del Supremo, Luciano Varela, al frente de la Fiscalía de Pontevedra. Los tres eran los aspirantes más modernos de los que se postularon para cada una de las plazas y tan sólo recibieron los votos de los vocales electos de la UPF y por los miembros natos del CF, en minoría dentro del órgano.
Y ello pese a que para cada una de las vacantes había perfiles «mucho más consolidados» que los que, finalmente, fueron designados por el fiscal general para hacerse cargo de las funciones correspondientes a los mismos. Una tendencia que, como ha venido publicando El Debate, se ha convertido en dinámica habitual de la Fiscalía General desde que está en manos de Delgado y de su íntimo amigo García Ortiz. Un «campo de minas» para el próximo responsable del Ministerio Público tras las elecciones generales del 23-J.
Es un secreto a voces que el estilo «autoritario» de ambos fiscales generales, con decisiones y nombramientos polémicos, algunos de ellos pendientes de resolverse ante el Supremo, han generado un amplio malestar entre los miembros de base de la institución.
Puestos clave en manos de la izquierda
No en vano, la llegada de Delgado al Ejecutivo socialista, su participación en los actos de campaña del PSOE y su inclusión en las listas de diputados del partido, fueron objeto de agrias críticas, previas a su incorporación al frente de la institución encargada de la defensa de la legalidad en nuestro país. Como, también, lo fue el hecho de que García Ortiz hubiese incurrido en los mismos comportamientos en actos del socialismo gallego, antes de su ascenso al número dos del escalafón de la Carrera, aupado por Delgado como secretario técnico, las veces fiscal general en la sombra, durante el mandato de la anterior.
Tal fue así que, si Delgado fue duramente criticada por sus maniobras en el cargo, la falta de motivación en los nombramientos y la mecánica de una Fiscalía que, tras ella, quedaba sumida en la «peor» etapa de la democracia, la llegada del que fuera su mano derecha y brazo ejecutor en las labores técnicas al frente de la misma, tampoco mejoraba el escenario.
Hasta los más afines se han pronunciado en contra de las «impúdicas» maniobras en las que ambos han sido cómplices. Y, en los últimos días, tras consumarse el nuevo despropósito del nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática, varios de los candidatos al mismo puesto, se daban de baja de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecieron tanto Delgado como García Ortiz antes de su entrada política en la cúpula de la Fiscalía.
Un doble «rodillo» ideológico
El «rodillo» de Delgado y García Ortiz ha sido tal que, entre los dos, han conseguido situar más de una veintena de fiscales de Sala, de entre los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) –que cuenta con 225 asociados en total– y a la que ellos mismos pertenecieron antes de su entrada en política, en la cúpula de la Fiscalía.
Frente a esta cifra, tan sólo una decena de los 36 representantes de la máxima categoría del Ministerio Público pertenecen, hoy por hoy, a la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) –con 578 asociados– y, otros tantos, son puestos en mano de fiscales no afiliados a ninguna asociación.
Quince de los más de veinte profesionales situados en la cúspide del Ministerio Público, gracias al tándem Delgado-García Ortiz, han sido promocionados pese a su juventud y escasa formación técnica en las áreas de referencia, y gracias a su exclusiva pertenencia a la UPF.
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