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23 de abril de 2024

Alvaro García Ortiz, en una imagen del Partido Socialista de Galicia (PSG-PSOE)

Alvaro García Ortiz, en una acto del Partido Socialista de Galicia (PSG-PSOE)

Dimite Dolores Delgado

El pasado socialista de Álvaro García Ortiz compromete de nuevo la independencia de la Fiscalía

El sucesor de Dolores Delgado al frente del Ministerio Público estuvo muy vinculado al PSdG durante su etapa como fiscal en Santiago de Compostela

El 14 de diciembre de 2019, el entonces fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia, Álvaro García Ortiz, participaba en un acto polìtico del PSOE de Galicia (PSdG). Se trataba de un laboratorio de ideas convocado por los socialistas gallegos en un hotel de Santiago de Compostela. La dimisión de la titular de la Fiscalía General del Estado, Dolores Delgado, por motivos de salud y la elección de su sucesor, hasta ahora número dos al frente del Ministerio Público, vuelve a poner en duda la neutralidad del nuevo perfil elegido por el Gobierno para la institución. No en vano, en aquel «mitin» cuya imagen ha recuperado El Debate, García Ortiz no participó a título personal sino a través de su cargo, según constaba en el programa con el que los socialistas gallegos invitaron a sus militantes a participar en el evento. Lejos de avanzar hacia la independencia de la Fiscalía, de acuerdo con las recomendaciones de los estándares fijados por Europa, el Ejecutivo de Pedro Sánchez insistirá en un candidato de marcada afinidad política como nuevo fiscal general.
Alvaro García Ortiz (Lumbrales, Salamanca, 1967) fue, como Delgado, miembro de la Unión Progresista de Fiscales. Tal es así que presidió la entidad entre los años 2013 y 2017. Pese a su origen salmantino, el que será nuevo titular del Ministerio Público, ha desarrollado el grueso de su carrera porofesional en Galicia donde se trasladó en 2002 y cuyo hito más relevante, de cara a la opinión pública fue su intervención como defensor de la legalidad en el juicio del caso Prestige.
El número dos de Delgado, y llamado a sustituirla tras su retirada, ingresó en la Carrera Fiscal en el año 1999 siendo destinado en régimen de adscripción provisional a la Fiscalía de Mahón en Menorca. Tres años después, haría las maletas con destino a la capital de Galicia, como fiscal de Área, destino que ocupó hasta que, en marzo de 2020, Dolores Delgado lo llamó para incorporarse a su equipo de trabajo más directo. García Ortiz tuvo entonces que dejar su cargo como vocal del Consejo Fiscal, plaza para la que había sido elegido el 4 de abril de 2018.
Alvaro García prometió su cargo como fiscal de Sala ante la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, apadrinado por su predecesor al frente de la Secretaría Técnica, para el que fue elegido por Delgado, Fernando Rodríguez Rey, como paso previo a su toma de posesión para un puesto que Dolores Delgado notificó el 4 de marzo, previa publicación en el BOE, al Pleno del Consejo.
«Es importante que se visualice esta nueva etapa de la Fiscalía, con un nuevo equipo que tiene detrás un proyecto ambicioso, ilusionante, al servicio de la ciudadanía y de la institución», aseguraba Delgado en la sede del Ministerio Fiscal durante la bienvenida al que, a partir de hoy, será su reemplazo en el mismo.

Lejos de la independencia de Europa

Lejos de mejorar en los cánones de independencia de la Unión Europea en materia de Justicia, el pasado socialista del fiscal García Ortiz pone en cuestión el cumplimiento de los requerimientos formulados por Europa, de forma recurrente, a nuestro país para fortalecer la desconexión entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía.
La propia Dolores Delgado, como máxima responsable de la FGE ha supuesto, en los últimos días, uno de los principales obstáculos planteados por el Partido Popular para negarse a negociar con el PSOE la inexcusable renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tal es así que, uno de los puntos clave en el documento remitido por Génova a La Moncloa, en su intento por retomar las conversaciones sobre el Poder Judicial en España -y su insoportable bloqueo- se centraban en la propuesta de una reforma legal que desligase el control de la FGE del Ejecutivo central.
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