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20 de abril de 2024

La fiscal general del Estado, y ex ministra de Justicia, Dolores Delgado

La fiscal general del Estado, y ex ministra de Justicia, Dolores DelgadoEFE

Polémico nombramiento de Pedro Sánchez

Dimite Dolores Delgado como fiscal general del Estado por razones de salud

La hasta ahora responsable del Ministerio Público cederá el cargo a su mano derecha y hombre de confianza, Alvaro García Ortiz, muy señalado por sus maniobras contra el fiscal purgado del caso Tándem Ignacio Stampa

Dolores Delgado ha claudicado. Sus constantes polémicas en la Fiscalía General del Estado y sus recientes problemas de salud -que la han mantenido alejada de sus funciones durante dos largos meses y de las que, al parecer, no se encontraría plenamente recuperada- han desencadenado su renuncia. Según ha podido saber El Debate, la operación a la que se sometió el pasado día 20 de abril para la eliminación de un quiste que le comprimía dos vértebras no será la última y tendrá que someterse a nuevas intervenciones. La titular del Ministerio Público ha dimitido de su cargo ante el Gobierno socialista que la nombró, pese a su cuestionada procedencia de la cartera de Justicia, y el Consejo de Ministros de este martes, prevé designar como sustituto al actual jefe de la Secretaría Técnica de la FGE, y mano derecha de la fiscal saliente, Álvaro García Ortiz.
García Ortiz, fue portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación profesional a la que perteneció la propia Delgado antes de incorporarse a la actividad política. La socialista lo incorporó a su equipo -como número dos a efectos prácticos- tras su nombramiento, procedente de la Fiscalía de Santiago de Compostela y viejo conocido de la opinión pública gallega por ser el representante público al frente del caso Prestige.
Pese a que el Ejecutivo, reunido en Pleno, propondrá a García Ortiz como sucesor de la ya dimitida FGE, el nombramiento en firme tendrá que esperar todavía un par de meses y superar un trámite administrativo estandarizado: recabar un informe del CGPJ, sobre la idoneidad del candidato para el cargo; una comparecencia ante la Comisión parlamentaria competente para escucharle y darle el visto bueno y, finalmente, la publicación definitiva de la designación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Mientras tanto, y hasta que se haya finiquitado el trámite burocrático, asumirá las funciones propias de la fiscal general Ángeles Sánchez Conde, actual teniente fiscal del Tribunal Supremo, afín a la propia Delgado quien la eligió para el puesto, completando con ella los nombramientos de miembros progresistas de la Fiscalía para puestos clave en la institución.

Se marcha «satisfecha» con su trabajo

En una carta remitida a la ministra de Justicia, Pilar Llop quien comparecerá hoy al término de la reunión del Consejo de Ministros de la que saldrá esbozado el nombramiento de su reemplazo, Delgado ha indicado lo difícil de su decisión. La socialista ha insistido en que en la misma «ha tenido que conjugar su inequívoca vocación de servicio público con un alto sentido del deber y responsabilidad, lo que le ha llevado a la convicción de que no se encuentra en las condiciones físicas exigidas para tan alta función».
Pero acto saguido ha calificado el balance de sus dos años y medio de mandato como «satisfactorios». «Se han cumplido los objetivos del proyecto, en el que se han logrado hitos históricos para la carrera fiscal y la Justicia española y un cambio de paradigma en la Fiscalía centrado en la transparencia, los valores democráticos, los derechos humanos, la perspectiva de género y la protección de los más vulnerables», ha asegurado en su misiva.

Europa pedía más independencia

La presencia de Dolores Delgado como máxima responsable de la Fiscalía General ha supuesto, en los últimos días, uno de los principales obstáculos planteados por el Partido Popular para negarse a negociar con el PSOE la inexcusable renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tal es así que, uno de los puntos clave en el documento remitido por Génova a La Moncloa, en su intento por retomar las conversaciones sobre el Poder Judicial en España -y su insoportable bloqueo- se centraban en la propuesta de una reforma legal que desligase el control de la FGE del Ejecutivo central.
Los populares coincidían en esta reclamación con el requerimiento formulado la semana pasada por la Comisión Europea para que España fortaleciese la independencia entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Fiscal.

Un fiscal salpicado por el 'caso Stampa'

El jueves 4 de febrero de 2021, el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero Klink, remitió al fiscal jefe de la Secretaría Técnica del Ministerio Público –y mano derecha de la fiscal general Dolores Delgado–, Álvaro García Ortiz, el texto definitivo del decreto que puso fin a la investigación interna contra uno de los dos fiscales del 'caso Villarejo', Ignacio Stampa. No en vano, en un par de correos revelados por El Debate, podía verse cómo el enfoque del decreto de archivo de las pesquisas sobre Stampa para justificar no sólo el arranque oficial de la investigación, sino la prórroga artificial de la misma, habría sido recomendada por el propio García Ortiz con el conocimiento directo de Dolores Delgado.
En un documento, de poco más de diez páginas, que El Debate avanzó en exclusiva, era la versión simplificada de un informe anterior, fechado tres días antes. La Fiscalía de Delgado archivaba, así, tras varias intervenciones de García Ortiz en el procedimiento, y de manera casi definitiva –todavía habría una tercera y última variante, el 16 de febrero, notificada a la Inspección– el conocido como 'caso Stampa'.
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