Ministerio Público
Los fiscales del Supremo se plantan ante el último Decreto «arbitrario» y «voluntarista» de Delgado para controlarles
Varios de los miembros de la Fiscalía del Alto Tribunal han avanzado que no cubrirán el nuevo cuestionario con el que la socialista busca recoger, desbordando la ley, información profesional no obligatoria sobre ellos
Dolores Delgado ha aprobado un nuevo decreto que obliga a los fiscales a rellenar un «modelo de declaración», que deberán entregar a sus superiores «antes del 30 de septiembre próximo», haciendo constar si prestan, o no –y en este último detalle radica la crítica– «actividades de preparación para el acceso a la función pública». Hasta la fecha, los miembros de la Carrera estaban obligados por ley a comunicar a sus jefes el ejercicio de todas aquellas actividades que, aún siendo legalmente compatibles con su puesto en el escalafón del Ministerio Público, exigían el conocimiento de la Inspección para ser examinadas y, en su caso, autorizadas en último término por el Consejo Fiscal.
Cuestionario diseñado por Dolores Delgado para los fiscales
Ahora, Delgado da un paso más y ha requerido a los fiscales para que, tanto si ejercen cualquier «empleo, cargo o profesión retribuida» y vinculada a la docencia o la producción artística y literaria, como si no lo hacen, envíen completo el polémico documento al que El Debate ha tenido acceso en exclusiva. Una vez más, la exigencia «ha irritado» a los fiscales, algunos de los cuales, entre ellos varios de los integrantes del Supremo, ya han avanzando que no atenderán.
Delgado ha justificado su iniciativa en el «particular esfuerzo» de la Fiscalía «por implementar nuevas prácticas y adoptar iniciativas tendentes a modernizar la institución, dotarla de mayor transparencia y aspirar a la excelencia en la prestación del servicio público de la Justicia». Algo que a juicio de la Carrera se aleja de los estándares que ella misma «ha venido aplicando en sus decisiones», apuntan a El Debate. No en vano, la fiscal general del Estado se ha visto ante los tribunales en más de una ocasión por su «arbitrariedad» y «opacidad», «como en la falta de información a los miembros del Consejo sobre el denominado caso Stampa» o la reciente anulación del nombramiento del fiscal jefe de Sala de la Unidad de Menores por parte del Supremo, que la fiscal general reeditó y que ya ha sido recurrido por segunda vez, como adelantó El Debate, en ejecución de sentencia por la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF).
La decisión de Delgado para que todos los fiscales del Ministerio respondan a su modelo de formulario ya ha sido remitida a los responsables jerárquicos de cada Departamento para que, a través de ellos, sea trasladada a la Inspección Fiscal que confeccionará una base de datos actualizada en la que, además, aspira a reflejar información de los miembros del Ministerio Público que no están obligados a proporcionar. Es este exceso de control encubierto de las «condiciones, aptitudes y conducta» de todos ellos más allá del «ejercicio del cargo» lo que ha soliviantado a los miembros de la Carrera.
Si bien es cierto que, según fuentes consultadas por El Debate, reglamentariamente la Inspección Fiscal «dispone de base legal» para «llevar a cabo el tratamiento de los datos personales relativos a los fiscales que realizan actividades de preparación» de opositores, como el propio Decreto de Delgado reconoce, no sucede así en el caso de los demás.
Los fiscales anuncian recurso judicial
Así las cosas, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha presentado un «recurso potestativo de reposición previo a la vía contencioso-administrativa» judicial contra el nuevo Decreto con el que Dolores Delgado «en definitiva pretende» que todos los fiscales «declaremos si preparamos a opositores o si no lo hacemos».
Y es que, mientras «la orden que el mencionado Decreto recoge está fundada y tiene cobertura legal en cuanto a la declaración a que están obligados los fiscales para comunicar a la institución que ejercen una actividad diferente de la propia» susceptible «de ser sometida a examen por parte de la Inspección Fiscal a efectos de establecer o no su compatibilidad», no hay ninguna referencia normativa para quienes no se encuentren en dicha situación.
«No hay disposición alguna, que hayamos encontrado en esta asociación» o que Delgado cite en su Decreto, «que obligue a todos los fiscales a comunicar que no ejercen actividades que puedan comprometer el recto ejercicio de sus funciones». Ni siquiera que afecte a «aquellos fiscales que, aun preparando el acceso para la función pública, y a pesar de suponer una naturaleza o carácter continuado» no comprometan «el recto ejercicio de su ejercicio, y no superen las 75 horas anuales».
«No hay disposición alguna, que hayamos encontrado (...)» o que Delgado cite en su Decreto, «que obligue a todos los fiscales a comunicar que no ejercen actividades que puedan comprometer el recto ejercicio de sus funciones»APIF
«No encontramos la norma sobre la cual» la fiscal general del Estado «sostiene la orden que transmite a toda la carrera», aseguran en el escrito remitido a la titular del Ministerio Público. Y, por ello, consideran «que el contenido del Decreto es arbitrario, por entender que obedece a un mero voluntarismo estableciendo obligaciones para los fiscales que pueden generar responsabilidades disciplinarias en caso de incumplimiento, pero que adolece de ninguna cobertura jurídica y también de justificación legítima».
A su juicio no hay nada que justifique «ordenar a dos mil seiscientos fiscales a que informen de que no quebrantan la norma de incompatibilidades, y de que no actúan contra la norma, y creemos que no tiene justificación legítima alguna, al margen de que genera una gran inquietud en la Carrera Fiscal, señala a los preparadores de oposiciones como un colectivo sospechoso y transmite la sensación a la Carrera de que en la Fiscalía son posibles cosas que no ocurren fuera de esta institución».
En consecuencia, los fiscales han pedido a Delgado que «rectifique» la redacción de su última decisión «y la limite a ordenar el cumplimiento por todos los fiscales a quienes preparando el acceso para la función pública, con naturaleza o carácter continuado, comprometan el recto ejercicio de la función fiscal, o superen las 75 horas anuales les pueda afectar». No al resto.
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