El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Junts, Carles Puigdemont
Sánchez se lanzó a negociar la amnistía de Puigdemont sin respaldo de la Fiscalía ni de la Abogacía del Estado
La Moncloa reconoce a El Debate que carece de cualquier soporte jurídico para impulsar una concesión histórica al prófugo, que también exige un referéndum
Cero informes. Pedro Sánchez se han lanzado en tromba a impulsar una amnistía para tratar de lograr su investidura sin ningún soporte jurídico que avale la legalidad de una medida exigida por Puigdemont, repudiada incluso en el PSOE e insuficiente si no va acompañada de un compromiso de aprobación de un referéndum de autodeterminación que legitime «el mandato del 1-O», en palabras de esta misma semana del expresidente catalán prófugo en Waterloo.
Así consta en la documentación obtenida por El Debate en la que la oficina de Presidencia en la Moncloa reconoce que no dispone ni ha encargado estudio, informe o aval alguno de las principales instancias jurídicas nacionales, como la Fiscalía General o la Abogacía del Estado, que den soporte a lo que, para muchos incluidos barones territoriales y dirigentes históricos del PSOE, supone una rendición del Estado de Derecho lesiva para la Constitución.
Las prisas de Sánchez para tratar de satisfacer la primera demanda de Puigdemont, que no facilitaría su investidura pero sí comportaría abrir una negociación a expensas de ver si se satisfacen otras demandas aún mayores, han sido tales que ni siquiera dispone de una mínima cobertura legal para lanzarse a la piscina.
El informe oficial, firmado por la Directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno, Beatriz Rodríguez Pérez, con fecha del reciente 7 de septiembre, es elocuente a ese respecto.
Así, reconoce literalmente que «no existe documento o contenido» alguno que certifique la existencia de algún tipo de informe jurídico o dictamen de la «Abogacía del Estado, o evacuados por la Fiscalía, o de juristas de reconocido prestigio donde se analicen las implicaciones jurídicas» de las exigencias planteadas por Carles Puigdemont para su investidura, avaladas públicamente de manera directa o indirecta por la práctica totalidad del Gobierno, con la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, dando pábulo a todo ello con su encuentro en Bruselas con el fugado.
En concreto, este periódico ha preguntado al presidente Sánchez acerca de «ley de amnistía o del referéndum pactado, cualquiera que sea la terminología nominal que se emplee» e igualmente sobre «las implicaciones jurídico-penales, para el Gobierno en funciones que se hallare negociando posibles contrapartidas contrarias a la Constitución».
La confesión de la Moncloa no ha podido ser más clara: nada de nada. Esta es solo una de las respuestas que ha obtenido El Debate acerca de cómo se están gestando los pactos de cara a una investidura de Sánchez, una vez que éste está convencido de que es «la única mayoría posible», pese a que, tal y como informó este periódico, no informó al Rey de ello en un despacho celebrado tras las Elecciones Generales del 23 de julio.
El prófugo Puigdemont ya ha puesto sobre la mesa las condiciones a pagar para que Sánchez siga en la Moncloa, exigiendo abandonar por completo la vía judicial, lo que afectaría de manera directa a la posición procesal de la Abogacía del Estado en defensa de la Constitución y en su caso, a la de la propia Fiscalía, presionada por la gestión política que desde el Gobierno se ha tratado de imponer.
Salto al vacío
Por ello El Debate ha requerido de la Moncloa los «informes o documentación en su caso de carácter público evacuados por terceros a instancias de usted como presidente en funciones para refrendar una ley de amnistía o cualquier otra denominación o eufemismo jurídico que tenga por resultado el mismo fin».
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Para la Moncloa, las preguntas formuladas por El Debate constituyen «una extensa exposición sobre declaraciones atribuidas a diferentes personas, así como una situación hipotética de actuaciones en el ámbito de la formación de gobierno tras las elecciones celebradas el pasado 23 de julio», según recoge una resolución de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno del pasado 7 de septiembre, que obra en poder de este periódico, con la que pretende escurrir el bulto a duras penas.
La Moncloa reconoce por escrito no disponer de aval jurídico alguno que legitime la amnistía, pese a que nadie en el Gobierno ha rechazado su aprobación
El enviado de Sumar para negociar con Puigdemont, Jaume Asens, ya ha avanzado que «ve margen» para aprobar una ley de amnistía antes de una posible investidura de Sánchez. Y nadie del Gobierno, incluido el propio Sánchez, ha rechazado esa concesión de manera tajante.
Días después de que la exigencia de una amnistía ya fuera pública, El Debate publicó en exclusiva la reunión no anunciada oficialmente que Yolanda Díaz iba a mantener con Puigdemont. La vicepresidenta del Gobierno quiso justificar el encuentro con el prófugo y «normalizar» la relación, mostrando ambos “optimismo“ de cara a la investidura de Sánchez.
El propio Asens, puente entre el Gobierno y Puigdemont aunque diga actuar en nombre de Sumar, recalca en los últimos días que “hay margen a través de un procedimiento de lectura única. Es forzar un poco los ritmos, pero es posible. Es lo que sucedió con la reforma de la sedición", dejando como única opción posible para paralizar el procedimiento el más que probable recurso ante el Tribunal Constitucional, informa Alicia Martín.
Del «no es no» al «es posible»
De hecho, esto es lo que ya apuntó Sánchez cuando aseguró que no le «corresponde decir qué es constitucional o no; afortunadamente tenemos al Tribunal Constitucional», un órgano que se cuidó de poblar de magistrados afines al PSOE, con Cándido Conde Pumpido al frente.
Jaume Asens, Carles Puigdemont, Yolanda Díaz y Toni Comín
La Moncloa trata de evitar por todos los medios una realidad constitucional que sin embargo sí usan cuando debe explicar por ejemplo el uso de los bienes de Estado para sus fines y viajes privados, al señalar que el presidente del Gobierno lo es las 24 horas del día, desde que es nombrado hasta que es cesado.
¿Puede un presidente del Gobierno en funciones decir que no sabe nada de las negociaciones para su propia investidura? ¿Puede el presidente del Gobierno, que ha jurado o prometido su cargo para cumplir y hacer cumplir la Constitución Española, promover este tipo de acuerdos que son contrarios a su actual texto sin antes cambiarla por los procedimientos regulados en la Carta Magna?
Ante lo que podría ser un fraude constitucional, en el propio PSOE se suceden las voces críticas después del cambio de parecer de Sánchez al respecto de la amnistía. González, Guerra, Redondo Terreros, Almunia, Eguiguren, Lamán o Page son algunos de los pesos pesados del socialismo clásico que han alzado su voz contra una eventual «rendición» de la Constitución ante los cabecillas del golpe institucional de 2017.
Y es que, el presidente ha pasado del «este Gobierno no va a aceptar (la amnistía)», a considerar ésta como escenario más que probable, al igual que ya pasó con los indultos que concedió el Ejecutivo amparándose en una supuesta mejora de la convivencia en Cataluña. Al menos diez ministros socialistas también se opusieron tajantemente en el pasado a esa medida, incluido Juan Carlos Campo, hoy magistrado del Tribunal Constitucional.
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