El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez y la líder de Sumar, Yolanda Díaz
Los plazos para que la ley de amnistía se apruebe antes de una eventual investidura de Sánchez
El prófugo de la justicia española y líder de Junts, Carles Puigdemont, dejó muy claro el pasado martes 5 de agosto cuáles son sus exigencias para apoyar la candidatura de Pedro Sánchez a presidente del Gobierno. Puigdemont aseguró que entre «las condiciones previas que habiliten un eventual proceso de negociación» –porque «no tendría ningún sentido embarcarnos una negociación posterior»– se encuentra «el abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo» que lo podría hacer «el Parlamento español a través de una ley de amnistía que incluya el amplio espectro de la represión».
Al día siguiente, Jaume Asens –dirigente de Sumar encargado de negociar con Puigdemont– contradijo las palabras del expresidente catalán, y en una entrevista en Atresmedia manifestó que la ley de amnistía es el «pago» para que Junts apoye la investidura de Sánchez y «no la condición previa» para negociarla. De todas maneras, las Cortes pueden aprobar una amnistía a los líderes secesionistas catalanes antes de una posible investidura de Sánchez.
La clave del procedimiento de urgencia
El PSOE y Unidas Podemos llevaron a cabo la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación en tan solo 41 días, desde que el 11 de noviembre del año pasado –que la presentaron como proposición de ley, para lo que se necesita la firma de 15 diputados– hasta que el 23 de diciembre se publicó en el BOE.
La proposición de ley evita que la norma se tramite como un proyecto de ley; que emana del Gobierno en vez del Congreso, y requiere que se elabore un anteproyecto y un preceptivo dictamen del Consejo de Estado. Asimismo, el procedimiento de urgencia reduce todos los plazos a la mitad.
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Esta fórmula es la misma que podrían utilizar los dos partidos que forman parte del Gobierno de coalición para poder aprobar la ley de amnistía; que Junts exige antes de negociar la investidura de Sánchez. Según el Reglamento del Congreso, para que una norma se tramite de manera urgente lo han de pedir el Gobierno, dos grupos parlamentarios, o una quinta parte del Congreso, y después debe ser acordado por la Mesa de la Cámara Baja, donde el PSOE y Sumar tienen mayoría absoluta.
Antes del 27 de noviembre
Tal y como indica el artículo 99 de la Constitución Española, en el caso de que ningún candidato haya alcanzado la presidencia del Gobierno, las Cortes se han de disolver dos meses después de que se realice la primera votación de investidura, es decir, el 27 de noviembre. Esta es la fecha límite que tienen Sánchez y sus socios para aprobar una amnistía.
Así pues, a partir del día que el PSOE y Sumar presenten la proposición de ley de la amnistía, será la Mesa del Congreso, presidida por la socialista Francina Armengol, la que tenga que publicar el texto y remitirlo al Gobierno; que dispondrá de 15 días para mostrar o no su conformidad, y posteriormente incluirla en el orden del día del Pleno para su toma en consideración.
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Después de que el Pleno apruebe la norma en la toma de consideración, el texto pasa a la correspondiente comisión y se abre un plazo de 7 días para la presentación de enmiendas; en el que previsiblemente tanto el PP y Vox planteen enmiendas a la totalidad. Tras ello, se votarán las enmiendas en el Pleno del Congreso, que en principio serán rechazadas, y habrá un tercer pleno en el que se apruebe definitivamente la norma, para a continuación enviarla al Senado. En el caso de la derogación de la sedición, desde que el Congreso tomó la norma en consideración hasta que se mandó a la Cámara Alta pasaron tan solo 20 días.
La baza del PP para alargar los plazos
El 23 de julio el PP logró mayoría absoluta en el Senado, lo que le otorga cierto margen de actuación en relación con la tramitación de la amnistía. A este respecto, el artículo 90.3 de la Constitución señala que «el plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados», por lo que a diferencia de los 6 días que se tardó con la derogación de la sedición y la reforma de la malversación, el PP tiene en su mano alargarlo hasta los 20 días.
Además, lo previsible es que la Cámara Alta vete la ley de amnistía, que entonces debe retornar al Congreso para que sea ratificada por los diputados con una necesaria mayoría absoluta. A la jornada siguiente de este procedimiento se publicará en el BOE, y el texto podrá manifestar que entre en vigor el día después de su inclusión en el Boletín Oficial del Estado.
Así las cosas, si se tienen en cuenta los plazos con los que se realizó la derogación de la sedición –y las jornadas que pase de más en el Senado– la amnistía se podría llevar a cabo en 60 días, tiempo justo para que el PSOE y Sumar presenten la proposición de ley con el margen suficiente para que Sánchez sea investido sin que tengan que disolverse las Cortes.
No obstante, muchos de los trámites que se den en el Congreso dependen de la Mesa, de mayoría progresista, por lo que se podrían recortar aún más los plazos en la Cámara Baja, lo que daría un mayor margen a Sánchez para negociar con Puigdemont.
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