La vicepresidenta primera del Parlament y exconsellera de Salud, Alba Vergés, en la Cámara catalana.
La vicepresidenta del Parlamento catalán, imputada por retrasar la vacuna Covid a policías y guardias civiles
El auto judicial establece que la que era consejera de Salud ordenó personalmente detener la vacunación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos del Estado
La actual vicepresidenta del Parlamento de Cataluña, Alba Vergés, ha pasado de ser denunciada a ser investigada por el supuesto retraso en la vacunación del coronavirus Covid-19 a policías nacionales y guardias civiles. El Juzgado de Instrucción 17 de Barcelona ha notificado a la ex consejera de Salud y actual vicepresidenta del Parlamento de Cataluña, Alba Vergés, su condición de investigada.
«La disparidad de vacunación entre los Cuerpos de Seguridad dio lugar a que los sindicatos policiales Jupol y Jucil interpusieran un recurso contencioso-administrativo contra el departamento», añade el auto, y solicitaron medidas cautelares consistentes para reanudar la vacunación de Guardia Civil y Policía Nacional.
El auto sostiene que «lo que realmente produjo la constatada disparidad en el proceso de vacunación se debió a la decisión adoptada por los altos cargos del Departamento de Salud, que acordaron el 24 de marzo de 2021 paralizar la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña que tuvieran menos de 60 años», una decisión arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria, en palabras del juez.
Dio instrucciones personalmente
El escrito también argumenta que Vergés dio instrucciones en marzo de 2021 a los responsables de Salud Pública, a través de una miembro de su gabinete en un mensaje de WhatsApp, para detener la vacunación a policías nacionales y guardias civiles: «La consejera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional, no podemos argumentarlo».
Fruto de ello es que, según un informe, el 24 de marzo de 2021 el porcentaje de vacunación de los Mossos d'Esquadra era del 77%; de la Policía Local, 68,9%; de los Bomberos de la Generalitat, 69,8%; de la Guardia Urbana de Barcelona, 77,9%, y de los Bomberos de Barcelona, 66,9%, mientras que el porcentaje de la Policía Nacional era del 3,6% y el de la Guardia Civil del 2,8%.