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27 de febrero de 2024

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presenta el Informe Anual correspondiente al año 2021, en el Congreso de los Diputados, a 13 de septiembre de 2022, en Madrid (España). El texto ha sido elaborado por la institución del Defensor del Pueblo, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y en cumplimiento del artículo 23 del
Protocolo Facultativo a la Convención contra la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
13 SEPTIEMBRE 2022;DEFENSOR DEL PUEBLO;PODERES PUBLICOS;ABUSOS;ABUSOS SEXUALES;IGLESIA CATOLICA;IGLESIA
Eduardo Parra / Europa Press
(Foto de ARCHIVO)
13/9/2022

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en una foto de archivoEuropa Press

Ángel Gabilondo pide retirar una multa a una ONG que empadronaba a inmigrantes en centros de acogida

El Defensor del Pueblo, órgano que encabeza Gabilondo, también ha solicitado conocer si se han impuesto más sanciones relacionadas con el empadronamiento de personas inmigrantes

El Defensor del Pueblo, organismo liderado por el exministro de José Luis Rodríguez Zapatero Ángel Gabilondo, ha pedido a la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife que retire la multa de 14.529 euros que impuso a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) por facilitar el empadronamiento a inmigrantes usuarios de establecimientos de acogida humanitaria.
En el informe enviado a la Subdelegación del Gobierno, el Defensor del Pueblo constata que, además, no fueron atendidas las alegaciones formuladas «con extensa argumentación» por CEAR en varios escritos durante la tramitación de la sanción.
En esas alegaciones, la ONG aportaba copias del contrato de arrendamiento de industria de hospedaje con sus servicios, varios informes que acreditaban la situación de las personas usuarias y certificados de empadronamiento emitidos por la Secretaría de los ayuntamientos correspondientes.
El Defensor del Pueblo ha considerado «necesario» recordar la obligación de toda persona que viva en España de inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente.
En este sentido, ha añadido que, para facilitar la inscripción en casos especiales, hay resoluciones del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local en las que se prevé la modalidad de empadronamiento en establecimientos colectivos para personas acogidas en centros o residencias, «supuesto compatible en este caso».
Entiende el Defensor del Pueblo que no cabe observar ánimo fraudulento en el empadronamiento de estas personas por parte de CEAR, ya que cuando la entidad informa al ayuntamiento sobre las personas que residen en los recursos de acogida y precisan del padrón por encontrarse en una situación vulnerable, el consistorio ya conoce la situación de provisionalidad de las personas acogidas y el tipo de recurso habitacional en que se lleva a cabo la inscripción.
Advierte además de que, de no revocarse la sanción, las entidades podrían dejar de informar sobre las personas que residen en sus recursos a fin de empadronarles, incluso en casos que precisen del padrón imperiosamente para acceder a determinados servicios públicos, como ocurre con enfermos o menores que precisen escolarización.
Por último, el órgano que dirige Ángel Gabilondo ha solicitado conocer si se han impuesto más sanciones relacionadas con el empadronamiento de personas inmigrantes en establecimientos colectivos, y ha solicitado ampliar la información remitida y aportar copias de las sanciones que se hubieran impuesto por esa Subdelegación a las entidades autorizadas para la prestación de los servicios de acogida.
Ángel Gabilondo, durante la rueda de prensa después de entregar el informe del Defensor del Pueblo sobre denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia

Ángel Gabilondo durante una rueda de prensaEFE

En declaraciones a EFE, el coordinador de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, ha apuntado que esperan que el asunto se resuelva «de la mejor manera, no porque suponga una multa para CEAR» sino por la visión que la ONG tiene respecto al empadronamiento de personas dentro del sistema de protección internacional y que se encuentran en situación vulnerable.
«Esa es la clave: la política de empadronamiento y la percepción sobre ello que puedan tener las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Estado», ha apostillado Lorenzo, que ha dicho asimismo que esperan conocer la reacción de las instituciones implicadas sobre esta recomendación del Defensor del Pueblo, «que ha sido contundente».
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