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13 de abril de 2024

Ursula von der Leyen (l), President of the European Commission, at the International Expert Conference on the Reconstruction of Ukraine at a press conferenc on 25 October 2022, Berlin:

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión EuropeaGTRES

Estas son todas las herramientas de Bruselas para proteger el Estado de derecho en España

Las instituciones europeas tienen a su disposición una serie de medidas para aislar a España políticamente como castigo por la situación del Estado de derecho

Desde el anuncio del pacto entre el PSOE y los separatistas catalanes y sus contenidos más preocupantes, como la amnistía y el lawfare, miembros del Partido Popular, Ciudadanos y Vox en el Parlamento Europeo no dejan de activar las alarmas sobre la violación al Estado de derecho en España.
La Comisión Europea ya está involucrada: el comisario de Justicia, Didier Reynders, se declaró «preocupado» por la situación y está en contacto estrecho con el Gobierno español para asegurar que su propuesta cumple con la normativa europea.
Pero, de no cumplirla, ¿hasta que punto podría Bruselas impedir el desarrollo político español? Aunque las instituciones europeas no pueden intervenir de manera directa en las decisiones domésticas de España, sí pueden implementar medidas para perjudicar e incluso aislar al país a nivel político e internacional.

Artículo 7 del Tratado de la UE

Este mecanismo es uno de los más severos en el arsenal de la UE. Permite a la Unión suspender ciertos derechos de un Estado miembro, incluido el derecho de voto en el Consejo de la UE, si se considera que existe un riesgo claro de violación grave de los valores fundamentales de la UE, como es el Estado de derecho.
Aunque nunca se ha aplicado en su máxima expresión, su activación contra España sería un hecho sin precedentes. Conllevaría un detallado proceso de evaluación y podría desencadenar un aislamiento político de España dentro de las estructuras de decisión de la UE, además de ser un claro mensaje político sobre la gravedad de la situación.

Procedimientos de infracción (artículos 258-260 TFEU)

Estos procedimientos permiten a la Comisión Europea iniciar acciones legales contra un Estado miembro que no cumpla con la legislación de la UE.
En el caso de España, esto podría traducirse en llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y podría derivar en sanciones económicas importantes. Es un mecanismo fundamental para asegurar la aplicación uniforme del derecho de la UE en todos los Estados miembros.
La implementación de este proceso en España significaría un escrutinio directo de sus políticas y prácticas nacionales, pudiendo culminar en la necesidad de realizar reformas legislativas o administrativas importantes para alinearse con los estándares europeos.

El Semestre Europeo

Este mecanismo de coordinación de políticas económicas incluye la evaluación de la adherencia al Estado de derecho y puede proporcionar recomendaciones específicas.
Para España, esto implicaría un análisis pormenorizado de sus políticas económicas y judiciales, evaluando cómo estas se alinean con los estándares de la UE en materia de Estado de derecho. La inclusión de España en este proceso podría llevar a recomendaciones que afectarían directamente a su política económica y fiscal, así como a sus sistemas judiciales, lo que podría tener un impacto considerable en la administración pública y en la confianza de los inversores.

Mecanismo de Cooperación y Verificación

Aunque originalmente diseñado para Bulgaria y Rumanía, este mecanismo ofrece un modelo sobre cómo la UE puede intervenir en los sistemas judiciales de los Estados miembros.
Si se aplicara un mecanismo similar en España, podría significar un seguimiento y evaluación constantes de las reformas judiciales y las políticas de lucha contra la corrupción. Esto implicaría una supervisión externa sobre aspectos críticos del sistema judicial español, lo que podría llevar a recomendaciones específicas y a una presión constante para realizar mejoras.

El Cuadro de Indicadores de Justicia de la UE

Es una medida que proporciona datos comparativos sobre la calidad, independencia y eficiencia de los sistemas judiciales de todos los Estados miembros.
La aplicación de este cuadro a España ofrecería una visión objetiva y detallada de su sistema judicial, lo que podría revelar deficiencias y áreas de mejora. Esto no solo tendría un impacto en términos de percepción pública y confianza en el sistema judicial, sino que también podría impulsar reformas profundas en el ámbito judicial español.

Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

Proporciona asesoramiento experto y podría jugar un papel crucial en el análisis de la situación del Estado de derecho en España.
Su involucración significaría un examen detallado de las prácticas y políticas españolas relacionadas con los derechos fundamentales y el Estado de derecho. Las recomendaciones de la FRA podrían llevar a España a realizar ajustes en sus políticas para garantizar una mayor alineación con los estándares europeos en materia de derechos humanos y gobernanza legal.

Sanciones financieras

Este mecanismo, que condiciona la distribución de fondos europeos al cumplimiento de los estándares del Estado de derecho, tendría un impacto económico directo en España.
La implementación de sanciones financieras afectaría especialmente a los proyectos y programas financiados por la UE en el país, lo que podría tener consecuencias en áreas clave como la infraestructura, la investigación y el desarrollo social.

Instrumentos diplomáticos

La UE puede lógicamente utilizar canales diplomáticos para abordar preocupaciones sobre el Estado de derecho. En el caso de España, esto podría manifestarse en un diálogo continuo y negociaciones enfocadas en áreas específicas de preocupación.
Este enfoque diplomático permitiría un intercambio de ideas y soluciones entre España y otras instituciones de la UE, buscando una resolución colaborativa y constructiva de los problemas.

Fiscal Europeo

Esta figura independiente tiene la capacidad de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE, lo que incluye aspectos relacionados con el Estado de derecho.
Una mayor intervención del Fiscal Europeo en España podría significar una supervisión más estricta de los fondos de la UE y una mayor transparencia en su utilización, lo que a su vez podría llevar a una mayor rendición de cuentas y a la adopción de prácticas más robustas en la gestión de estos fondos.

Mecanismo de Revisión

Este proceso permite que los Estados miembros evalúen mutuamente su adhesión a los estándares del Estado de derecho y proporcionen recomendaciones. La participación de España en este mecanismo implicaría un examen detallado por parte de otros Estados miembros, lo que podría resultar en un intercambio constructivo de mejores prácticas y en una presión colectiva para realizar mejoras en áreas donde se identifiquen deficiencias.
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