El expresidente catalán Carles Puigdemont pasa junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, antes de tomar la palabra en el Parlamento Europeo en Estrasburgo
Crisis institucional
Sánchez pasa de señalar a los jueces a sentenciar la amnistía para «todos» los implicados
El presidente del Gobierno ha reaccionado al último revés parlamentario recibido por su polémica norma asegurando que ninguno de los condenados o procesados «son terroristas»
El presidente del Gobierno ha dado un paso más para convertirse en juez y parte. Tras el reciente varapalo sufrido el pasado martes en el Congreso de los Diputados donde fracasó en su intento de aprobar el primer trámite parlamentario de la Ley de amnistía, Pedro Sánchez ha decidido sentenciar el resultado de lo que está por llegar: «Todos serán amnistiados porque no son terroristas».
«El independentismo catalán no es terrorismo, no lo es y por tanto con este proyecto de ley yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados porque no son terroristas», aseguraba Sánchez desde Bruselas. Y al hacerlo, se mostraba abiertamente convencido de ello en la rueda de prensa posterior a la cumbre de líderes de Estado y de Gobierno de la UE que se ha celebrado este jueves. Una vez más elegía un escenario europeo para hacer declaraciones de calado sobre el borrado penal del procés en marcha.
Para el líder de los socialistas, que ha pasado de señalar a los jueces que investigan las causas de presunto terrorismo y traición, complicando el futuro judicial de su socio de Junts Carles Puigdemont, a sentenciar el borrado penal del procés, como si fuese uno de ellos.
En un inédito giro de los acontecimientos, Sánchez se ha anticipado a la decisión de los tribunales, hasta el punto de comprometer la separación de Poderes en España, declarando que los independentistas catalanes con causas abiertas por delito de terrorismo quedarán protegidos por la ley de amnistía tal como está redactada en este momento. Y, ha subrayado la «firmeza» de sus declaraciones porque está convencido de que la norma en cocina «es sólida y rigurosa». Lo suficiente como para poder alcanzar un acuerdo con Junts que, este martes, dejaba caer el texto.
El presidente del Gobierno considera que hay que mantener «la firmeza» de saber que todo lo que se ha avanzado hasta el momento con esta ley «es lo suficientemente riguroso y sólido» para lograr el objetivo se habían marcado inicialmente con ella. Es decir, «superar el horizonte judicial» que generó el referéndum inconstitucional del 1-0 en Cataluña.
Vamos a poder superar todas las consecuencias judiciales de errores que ellos también cometieron
No es la primera vez que desde el Gobierno se defiende que la ley no tiene fisuras, «es valiente, reparadora» y constitucional pero un posicionamiento tan frontal y directo interpelando a los jueces y adelantando cuál será el resultado de un examen de la norma por parte de la Justicia española, y por extensión europea, ha suscitado numerosas críticas. Desde quienes denuncian que Sánchez se «ha autoproclamado como juez Supremo» hasta los que le han recordado que el papel de juzgador está perfectamente recogido en nuestro ordenamiento.
En este sentido se ha manifestado la decana de los jueces madrileños y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, quien ante las declaraciones de Sánchez ha puesto en evidencia que «somos los jueces los que calificamos los hechos como constitutivos de delito de terrorismo o no. Ya sabe, el artículo 117 de la CE».
O el juez Luis Sanz, miembro de la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial, quien ha recordado dos de los principios esenciales del Derecho: «La competencia exclusiva para decidir qué hechos constituyen infracción penal y, en concreto, delitos de terrorismo, es de los jueces y tribunales». «Las leyes se caracterizan por el principio de generalidad, por su aplicación a todos los ciudadanos y no se puede legislar para beneficiar en la aplicación de la norma a personas concretas», ha destacado.
Cabe recordar que, más allá del señalamiento dirigido desde el Ejecutivo socialistas y sus socios de legislatura de Sumar, Junts, ERC, Podemos y Bildu a los dos magistrados instructores del 'caso Voloh', Joaquín Aguirre, y la causa de Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, la Fiscalía que cambió de criterio sobre el terrorismo tras las elecciones generales del 27-J, mantiene su petición de hasta 27 años de prisión para los CDR detenidos en el marco de la Operación Judas.
El PP contra la «amnistía integral»
Por su parte, desde el Partido Popular han reaccionado a las declaraciones del líder del PSOE asegurando que Sánchez «ha vuelto a demostrar que no tiene palabra ni límites». «Ahora ya es juez y decide qué es terrorismo y qué no. En lugar de asumir que ha dio muy lejos», lamentan los populares, «confirma que va a amnistiar todo tipo de delitos a los independentistas, incluido el terrorismo».
Las palabras del presidente del Gobierno «erigiéndose en juez y amnistiando verbalmente» y por adelantado «a todos los implicados, son muy graves», alertan desde las filas del PP. Los de Núñez Feijóo aseguran, además, que tras «ser humillado» en sede parlamentaria, no sólo «no desmiente que sigue negociando cesiones a Junts, sino que se ha ratificado en una amnistía integral que es lo que pide Puigdemont».
Comentarios
